¡Clarito! Así afecta el bloqueo a los servicios públicos, el salario y la alimentación

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Las consecuencias de las mal llamadas sanciones fueron expuestas por la Relatora Especial de la ONU Alena Douhan

Instó a evitar la coacción y las amenazas. Foto Internet.

VEA/Yonaski Moreno

Tras su visita a Venezuela la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Alena Douhan expresó su preocupación ante las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el pueblo de Venezuela, en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo.

En su informe preliminar, presentado el pasado 12 de febrero, señala que la aplicación de sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela han exacerbado la situación económica y humanitaria en el país, al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en el pueblo venezolano, especialmente en los sectores más vulnerables.

Asimismo, consideró que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones pueden  impedir “al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos”.

De acuerdo al informe, la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con socios venezolanos por temor a ser sancionados, “se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna”.

El documento expone que a pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela por parte del Gobierno Nacional, se estima que el salario medio del sector público cubre menos del 1 % de la cesta básica, lo que  “hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carnet de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera”.

También observa con preocupación que la dificultad para acceder a  maquinarias nuevas, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo venezolano tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que afecta además el funcionamiento de las bombas de agua. Esto “da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes”.

El informe preliminar de la relatora especial de la ONU  “concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo”.

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