Informe Douhan: Así afecta el bloqueo el salario en Venezuela

VEA/ Yonaski Moreno

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han perjudicado gravemente el poder adquisitivo del pueblo venezolano, situación que afecta el nivel de migración y la participación de personas en la economía informal, destacó la  Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Alena Douhan en su informe preliminar.

El documento presentado el pasado 12 de febrero, detalla que cuatro años de hiperinflación producto del recrudecimiento de estas medidas han provocado la devaluación total de la moneda nacional, lo que deriva además en la disminución de los salarios del sector público.  Añade que debido al bloqueo económico se han reducido en un 99 % los ingresos de país, por lo que el Estado venezolano vive actualmente con el 1 % de sus ingresos anteriores.

 “A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través del «Carnet de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera”, refiere el texto.

Esta situación contribuye al aumento del nivel de migración y facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público como médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos, entre otros, lo que supone la violación de “sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado”, precisa.

De acuerdo al texto, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta Venezuela desde el año 2015 socava el posible impacto positivo de las reformas implementadas por el Estado venezolano a fin de contrarrestar sus consecuencias, así como la capacidad para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales.