VEA / Yuleidys Hernández Toledo

35 venezolanos han sido asesinados en Cúcuta desde enero de este año hasta octubre. Así lo denunció Wilfredo Cañizares, director de la organización no gubernamental (ONG) Progresar, con sede en territorio neogranadino.

A través de su cuenta en la red social Twitter, especificó que de las víctimas fatales, tres «eran adolescentes, 29 fueron asesinadas en la vía pública, 19 a plena luz del día y 27 a través de la modalidad de sicariato».

El mensaje de Cañizares recibió respuesta de la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien anunció que el Gobierno nacional denunciará «cada asesinato contra nuestros migrantes en Colombia».

A través de su cuenta en la red social Twitter, recordó que el Gobierno nacional llamó «la atención de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, que no quede impune un solo crimen de nuestros hermanos venezolanos en un país cuyos gobernantes alientan la persecución y la xenofobia».

El pasado miércoles 20 de octubre, Rodríguez, en declaraciones a la prensa anunció que Venezuela remitió a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, un informe para denunciar la persecución y xenofobia contra los migrantes venezolanos en Colombia.

La semana pasada, a raíz del asesinato de un adolescente y un joven venezolano en Tibú, municipio del Norte de Santander, Cañizares, concedió una entrevista a Diario VEA, donde describió los niveles de violencia que se vive en esa región del vecino país.

En ese sentido, el director de Progresar, una fundación que trabaja por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos a través del acompañamiento a víctimas, comunidades vulnerables y organizaciones sociales en el nororiente colombiano, especificó que en el Norte de Santander hacen vida alrededor de 40 o 50 grupos delincuenciales.

«En el Norte de Santander hay presencia de todas las actividades delincuenciales que existen en Colombia. Hay alrededor de 40, 50 grupos que operan en el departamento, y este escenario, donde por todo se genera violencia, es donde se expone a la población migrante, que no conoce lo que ocurre en estos territorios, que llegan a buscar trabajo, buscar un ingreso para su sustento y se enfrentan a estas realidades de violencia sistemática y de asesinato en estos territorios», puntualizó.

En una parte de la entrevista que estamos difundiendo este jueves 21 de octubre, Cañizares, al referirse a la violencia que se registra en el Norte de Santander detallaba que en esta región «el año pasado fueron asesinados alrededor de 600 personas en todo el departamento, sin incluir Cúcuta y el área metropolitana. Si sumamos a los asesinatos los de Cúcuta y el área metropolitana, son alrededor de mil personas, mil ciudadanos colombianos que fueron asesinados de manera violenta el año pasado».

También describía que en Cúcuta hay 94.447 migrantes venezolanos.

Al ser consultado sobre qué trabajo están realizando organismos internacionales como la ONU y la Oficina de Bachelet sobre la situación de los migrantes venezolanos en el Norte de Santander, respondió: «Cada uno se dedica a lo que cada uno hace. Aquí hay unas organizaciones internacionales que se dedican a prestar ayuda a los migrantes, a darle comida, a darles apoyo. Un kit de salud, apoyarlos en este tipo de cosa, para que estudien. Pero en el tema de derechos humanos, de proteger la vida y la integridad de los migrantes, realmente ninguna de estas instituciones lo hacen».

Inmediatamente agregó que es el Estado colombiano «el que está obligado a proteger la vida y la integridad de la población migrante de cualquier nacionalidad, en este caso de nacionalidad venezolana».

«El estado colombiano está obligado en el marco de los tratados internacionales que ha firmado y que ha ratificado, a que cualquier persona, cualquier ser humano, independientemente de su nacionalidad, que cruce la frontera con Colombia y que decida habitar nuestro país por cualquier razón, el Estado colombiano está obligado a garantizar la vida y la integridad, y los derechos de estos ciudadanos. Eso aquí no ocurre», agregó.

En la entrevista indicó que la Fundación Progresar está «acompañando a organizaciones de migrantes, y le estamos diciendo a los migrantes que se junten, y los estamos ayudando a crear organizaciones, para que ellos se encuentren, para que tengan más información, para que juntos se puedan proteger más, para que juntos puedan incluso exigir al Estado colombiano que cumpla con los deberes internacionales que tiene con la población migrante», expresó.

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