¡Los han visto! Paramilitares «toman todos juntos» en las narices de la Policía de Cúcuta

Así lo señala el portal neogranadino El Espectador, en un reportaje titulado: “El resurgimiento del paramilitarismo en la zona rural de Cúcuta”, difundido el reciente 4 de abril.

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, funcionarios, líderes y habitantes de Banco de Arena y Palmarito, zona rural de Cúcuta, Colombia, denunciaron que el Ejército colombiano y la policía de ese país protegen a los paramilitares que hacen vida en esa zona.

Así lo señala el portal neogranadino El Espectador, en un reportaje titulado: “El resurgimiento del paramilitarismo en la zona rural de Cúcuta”, difundido el reciente 4 de abril.

En el trabajo periodístico el medio reseña que en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, se tomaron el territorio, después de un llamado de auxilio de Los Rastrojos en la lucha que mantienen contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

De acuerdo con el reportaje, estos grupos quieren sacar al ELN de la zona rural de Cúcuta y del municipio de Tibú porque esta es la puerta de entrada hacia la región del Catatumbo, que históricamente ha sido disputada por grupos paramilitares y guerrillas, por ser un corredor estratégico hacia Venezuela y el Caribe, (…) también tiene el mayor número de cultivos de coca del país. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), hay 41.000 hectáreas de coca, 20.000 de las cuales están en Tibú.

“Wilfredo Cañizares, el único que se atreve a hablar con nombre propio, cree que si este grupo paramilitar no ha logrado llegar al Catatumbo en cuatro meses es porque el ELN no se los ha permitido. Sin embargo, el defensor de derechos humanos agrega otra denuncia más grave: las presuntas alianzas con el Ejército y la Policía”, cita el medio.

Más adelante dice el mencionado portal que la denuncia no solo la hace Cañizares, sino que funcionarios, líderes y habitantes de Banco de Arena y Palmarito insisten en que incluso los han visto acampar a 400 metros de un retén militar o estar juntos en estos espacios.

“Situaciones como esta nos preocupa: hay una estación de Policía a solo 500 metros de La Invasión, en Pacolandia, donde hoy está asentado el paramilitarismo. Usted va de noche y los ve tomando a todos juntos”, señala otra fuente, agrega el reconocido diario neogranadino.

Indica el medio que a pesar de que varios crímenes se han cometido a poca distancia de las estaciones policiales o retenes militares, los uniformados no responden a tiempo y, en ocasiones, “ni se enteran” de lo que sucede.

Inmediatamente reseñan el testimonio de un líder de la zona quien dice que “en la vereda La Punta, a 400 metros de la estación de Banco Arena, mataron en enero a un líder social. Era William Antonio Rodríguez Martínez, exedil y hasta el día que lo mataron era gerente del acueducto. Le dispararon doce veces, la zona estaba completamente militarizada y nadie hizo nada”.

Agregan que la historia se repitió el 1º de marzo, cuando desaparecieron dos hombres, Alberto Martínez y Eduardo Loaiza, quienes se dedicaban a trasteos y acarreos. Su camioneta quedó incinerada a unos metros de la estación de Policía de Palmarito y, según familiares de las víctimas, la respuesta de los uniformados fue “que no podían hacer nada porque esa zona era muy insegura”. El carro duró allí hasta el 20 de marzo, cuando la Fiscalía empezó a investigar el caso, agregá El Espectador.

El presidente de la Fundación Progresar deja claro que si existe dicha alianza, las comunidades no lo van a tolerar: “Nosotros no vamos a aceptar que nos hagan lo mismo que en 1999 con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que nos apliquen la estrategia de que la fuerza pública tenga una alianza con el sector criminal para atacar a otro. Eso ha sido un costo alto. Estoy totalmente seguro de que esta nueva incursión paramilitar hubiera sido un fracaso si hubiera habido una respuesta transparente e inmediata de las autoridades”.

El 5 de abril en su cuenta Twitter, Cañizares denunció que “comunidades, organizaciones, líderes y defensores de ddhh, estamos ante la ley del silencio impuesta por paramilitares gaitanistas y el silencio y los señalamientos gubernamentales”.

Un día después dijo, haciendo uso de la misma red social: “Frente a la incursión paramilitar gaitanista en Cúcuta: Hicimos todo lo que teníamos que hacer a riesgo de nuestra propia vida y perdimos. El daño en vidas humanas será incalculable. Ojalá aquellos que la propiciaron o permitieron, respondan algún día ante la justicia”.

De acuerdo con un trabajo publicado en septiembre de 2017 por la Fundación Paz Reconcialiación, Pares, en su página web, las AGC forman parte de la estructura del Clan del Golfo.  Una organización criminal que controla por lo menos el 45 % de la salida de droga de Colombia al resto del mundo, agregaba el mencionado organismo en esa oportunidad.

En abril de 2016, Gloria Gaitán hija del líder Jorge Eliecér Gaitán, hombre que  luchó por la reivindicación del pueblo colombiano y contra las clases dominantes,  condenó que las bandas criminales usen el nombre del dirigente popular, reflejó en esa oportunidad el portal https://pacifista.tv/

En su reportaje del 4 de abril el Estectador refleja que La Defensoría del Pueblo de Colombia ya había alertado de la grave crisis y los asesinatos que se vienen dando en esta zona rural de Cúcuta. Lo hizo desde el 13 de marzo, a través de la alerta temprana de inminencia n.° 011-2020.

La entidad deja claro que en los corregimientos de Palmarito, Banco de Arena, Puerto Villamizar, Aguaclara, Guaramito, San Faustino y Ricaurte “se prevé la ocurrencia de homicidios selectivos y múltiples (masacres), confinamiento de la población civil, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, imposición de restricciones a la movilidad y amenazas y ataques contra los procesos sociales, líderes y lideresas de la zona”. Desde entonces, hay retenes ilegales sobre la vía que imponen restricciones a la movilidad de la población. A pesar de la detallada descripción de lo que hasta hoy sucede, la advertencia ha sido letra muerta, agrega el medio.

Este martes 6 de abril, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, explicó que si algún Estado es un narcoestado, es Colombia. Apuntó que en el vecino país hacen vida en la estructura del crimen organizado, narcotráficantes, carteles del narcotráfico, además de las Bacrim.

En rueda de prensa que ofreció ante medios nacionales e internacionales, resaltó que el régimen de Colombia acusa a Venezuela de ser supuestamente un narcoestado, «cuando el único narcoestado comprobado con pruebas irrefutables en este mundo es el Estado colombiano. En Colombia hay carteles, hay clanes, Bacrim, estructuras de crimen organizado. Están los carteles de la droga mexicana: Sinaloa, el clan del Golfo».

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