Aprueban acuerdos que anulan actos de la AN en desacato entre 2016-2020
Advierten a la comunidad internacional, que los acuerdos del 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019 son inexistentes, ineficaces e ilegítimos. Foto AN
VEA/ Asamblea Nacional
El Legislativo aprobó acuerdos que constatan y advierten el fraude a la Constitución, las leyes y al derecho internacional público, como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de ilegítimos acuerdos de la anterior Asamblea Nacional.
La diputada Vanesa Montero presentó el primer documento, señalando que el país fue blanco de sanciones y órdenes ejecutivas a causa de la gestión parlamentaria de 2015-2020. Sin embargo, precisó que la nueva AN rescató el estado de derecho para el bienestar del pueblo.
Por tal motivo la AN condena las situaciones de hecho perpetradas a través de los espurios acuerdos que pretendieron desconocer la juramentación del presidente Nicolás Maduro Moros. Igualmente advierte a la comunidad internacional, por razones de seguridad y certeza jurídica, que los acuerdos del 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, son inexistentes, ineficaces e ilegítimos.
Posteriormente el diputado Timoteo Zambrano expresó que la AN tiene la responsabilidad de rescatar e invalidar esos actos del anterior período. Agregó que la base fundamental para el rescate de los activos en el extranjero es la nulidad de esos actos legislativos. “Hemos desmontado el gobierno dual que pretendió hacerle daño al país”, puntualizó.
Entre tanto, la diputada Ilenia Medina habló de la necesidad de desmontar el entramado criminal de quienes asumieron la presidencia de la AN desde 2015, porque son los responsables de generar la situación de inestabilidad de la República. Exhortó al pueblo a votar y a defender la democracia, el futuro. Subrayó que a los fascistas les espera el debido proceso.
Finalmente fue aprobada la invalidez de los acuerdos de fechas 12/9/2018, 19/3/2019, 10/12/2019 y 28/4/2020, en los que se desconoció al Procurador General de la República y al sistema normativo sobre la asesoría jurídica y defensa legal de Venezuela, tanto nacional como internacionalmente. En el acuerdo se solicitó restituir los activos patrimoniales de la República e indemnizar al país por los daños ocasionados.
