¡Urgente! Sin efecto elecciones primarias 22-O

VEA / Ildegar Gil

Dejar sin efecto las distintas fases de las polémicas y cuestionadas elecciones primarias del 22 de octubre, decidió la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en respuesta a una solicitud de medida cautelar introducida por el diputado y precandidato presidencial, José Brito.

Así puede observarse en la sentencia emitida por el máximo tribunal de nuestro país, marcada con el número 122, contenida en el expediente 2023-0000065. «SE SUSPENDEN TODOS LOS EFECTOS DE LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO ELECTORAL CONDUCIDO POR LA “COMISIÓN NACIONAL DE PRIMARIAS”, precisa el punto número 3 del documento.

Además de certificar -como se observa en el item número 4-, la condición de inhabilitada política de María C. Machado (15 años) así como de Henrique Capriles Radonsky (15 años) y de Freddy Superlano (7 años), se ordena a la Comisión Nacional de Primaria, CNP, la remisión de los «…Antecedentes Administrativos, contentivos de las veinticinco (25) fases que deben regir al Proceso Electoral, desde la Convocatoria y su constitución como Comisión Electoral, pasando por el Cronograma Electoral, Registro Electoral con sus lapsos de impugnación y depuración, Postulaciones con sus lapsos de impugnación y depuración, incluyendo el Acta de Aceptación de la Postulación…» formulada por Machado, así como las renuncias de los ciudadanos previamente mencionados «…y las de cualquier otro ciudadano o ciudadana que haya decidido renunciar a su candidatura». Todo ello, de conformidad con el artículo 184 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

De igual forma se ordena consignar «…las Actas del evento celebrado el 22 de octubre de 2023, incluidas las Actas de Constitución de las Mesas Electorales, los Cuadernos de Votación, las Papeletas de Votación, las Actas de Escrutinios, así como las Actas de Totalización Regionales, el Acta de Totalización Definitiva, el Acta de Adjudicación y la de Proclamación».

La CNP debe, asimismo, «…remitir un Informe sobre los aspectos de hecho y de derecho, indicando el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y el lugar destinado a tal efecto; todo ello relacionado con la demanda, según lo establecido en el artículo 184 eiusdem, en un lapso de tres (3) días de despacho contados a partir de su notificación».

Puntualiza la sentencia que al existir la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión delitos comunes, «se ORDENA la notificación al Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Saab, con vista a las múltiples y graves denuncias relacionadas con ese evento electoral, formuladas tanto por el Diputado José Dionisio Brito Rodríguez, ya antes identificado, así como también por otros representantes de los Poderes Públicos del Estado Venezolano y por otros actores políticos, las cuales han sido ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación social…».

Importantes pronunciamientos

El proceso electoral señalado presentó grietas desde el mismo inicio de su concepción. De hecho, 20 días antes de la fecha pautada para su desarrollo, la CNP manifestó su decisión de no aceptar la asesoría técnica del Consejo Nacional Electoral.

Un día después de celebrado el «proceso», el presidente, Nicolás Maduro denunció que el mismo fue un show de la extrema derecha venezolana que intenta «…montar una nueva jugada”, similar a la ejecutada en 2002 con Pedro Carmona Estanga y 2019 con Juan Guaidó, para aprovechar el proceso electoral venidero “y perturbar la vida nacional”.

Minutos después, la diputada y Primera Combatiente, Cilia Flores, expuso que a raíz de las denuncias de fraude sus responsables están obligados a responder ante la ley.

Al día siguiente, el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el resultado final de esas elecciones fue la crónica de un fraude anunciado.

El 25 de octubre el opositor y aspirante presidencial Luis Ratti, solicitó al Ministerio Público (MP) emitir una orden de aprehensión y prohibición de salida del país contra Jesús María Casal, presidente de la CNP, y demás integrantes de esa instancia encargada de organizar las ahora anuladas elecciones