Movilización en Perú contra represión de Boluarte: 52 asesinados (Ver videos)
Desde tempranos horas comenzó a regir un paro nacional para exigir la renuncia del Gobierno de facto. Fotos @WaykaPerú y @AldiaPerucom
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
La represión del régimen de Dina Boluarte no se detiene; en 43 días, van 52 personas fallecidas. Las dos (2) más recientes ocurrieron el miércoles 18 de enero, durante las protestas que tuvieron lugar en Perú.
Una de las personas falleció en la ciudad peruana de Macusani, provincia de Carabaya, en la región de Puno. La información la oficializó este jueves 19 de enero la Defensoría del Pueblo en su cuenta en la red social Twitter, en donde reiteraron a la policía «que no debe hacer uso desproporcionado de la fuerza en sus intervenciones». De igual forma solicitaron a la Fiscalía «realizar una investigación célere a fin de esclarecer los hechos ocurridos».
El organismo también confirmó lo que circulaba en redes la tarde del miércoles, referente a que una adolescente perdió «su bebé, y una mujer de 51 años falleciera debido a los bloqueos (…) Reiteramos a la ciudadanía nuestro pedido de no impedir el traslado de las personas que necesitan atención de su salud y permitir el tránsito de ambulancias y personal de salud, a través de corredores humanitarios».
Gran marcha en Lima
A Lima, capital de Perú, ya han llegado miles de peruanos que salieron de diferentes departamentos para protestar contra el régimen de Dina Boluarte. La movilización de los peruanos se ha organizado tanto a pie, como en camionetas, autobuses y camiones. La gran convocatoria es para este jueves 19 de enero, frente al Palacio de Gobierno; este día también se llevará a cabo un paro nacional, que comenzará a regir desde primera hora, de acuerdo a las informaciones que circulan en redes digitales.
La convocatoria de paro, acompañada de una gran movilización, la lidera la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), quienes se suman al llamado del pueblo y exigen la renuncia inmediata de la presidenta designada, Dina Boluarte, la convocatoria anticipada a elecciones y una Asamblea Constituyente. El lunes 18, esta organización gremial denunciaba que la Policía presionó para que no se llevase a cabo la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) rodeando el edificio y lanzando amenazas a los convocantes.
Este lunes 19 de enero, en la Plaza 2 de Mayo, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, inauguraba el paro nacional, reportaba @ComunicambioT.
Los marchistas salieron desde el fin de semana pasado rumbo a Lima; el desplazamiento lo denominaron La Marcha de los Cuatro Suyos, en referencia a la que tuvo lugar en julio del año 2000, cuando miles de personas protestaron en Lima contra la fraudulenta reelección del dictador Alberto Fujimori.
Ante las movilizaciones para este jueves en Lima, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde indican que fuerzas del orden y ciudadanía deben contribuir a una protesta pacífica y ordenada.
«Corresponde a las fuerzas policiales garantizar el desarrollo de movilizaciones pacíficas, respetando estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad en el uso de la fuerza, si ello fuera necesario. La participación de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia se encuentra limitada a dar apoyo a la PNP. No les corresponde suplir su labor, participando en patrullajes ni efectuando detenciones, entre otros», indicaron en un comunicado difundido en su página web.
A los manifestantes, la Defensoría les recordó: «El derecho a la protesta pacífica no incluye acciones de violencia contra otras personas, agentes policiales o miembros de las Fuerzas Armadas. Tampoco el ataque o incendio de instalaciones públicas o privadas, ni de aquellas que sirven para la prestación de servicios públicos esenciales para preservar la vida y la salud de toda la ciudadanía, más aún cuando dichos actos pongan en serio riesgo la vida de terceros (sedes del Poder Judicial, Ministerio Público, empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, hidroeléctricas, etc.). No comprende –en ningún supuesto– el uso de armas u objetos que puedan causar daño propio o a terceros, en su vida o integridad física. Las personas que desarrollen los actos antes mencionados incurren en graves delitos perseguidos por la justicia».
El sábado 14 de enero, el régimen de Boluarte decretó un estado de emergencia en Lima, el Callao, Puno y Cusco, que suspenderá varios derechos constitucionales. El decreto, publicado en la gaceta oficial cerca de la medianoche del sábado, autoriza a las fuerzas militares a intervenir junto a la Policía para “resguardar” el orden público.
Contexto
Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue depuesto el presidente Pedro Castillo, se registran manifestaciones en Perú para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación del ahora exmandatario. El día más letal fue el lunes 9 del primer mes de este año, cuando 18 personas fallecieron en Juliaca, Puno, lugar donde se registró una fuerte represión del régimen de facto.
El martes 10 de enero, en horas de la noche, la Fiscalía de Perú informó que decidió iniciar una investigación preliminar contra la presidenta de facto, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones entre los meses de diciembre 2022 y enero 2023, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Tres (3) días antes, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra Boluarte y varios ministros de su Gabinete, por la muerte de 28 personas durante las protestas ocurridas en diciembre.
