¡Guaidó al olvido en Reino Unido! Rey fue claro: reconocimiento cero (+Oro venezolano)

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Gobierno inglés envió a Corte de Apelaciones carta admitiendo que «presidencia interina» fue eliminada en enero de este año. Foto Internet

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Tras informar que la Corte Civil de Apelaciones de Londres, realizó el martes 23 de mayo otra audiencia sobre el caso del oro de Venezuela secuestrado en Inglaterra; el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, informó que en el proceso se conoció una carta enviada por el gobierno inglés al referido tribunal, «donde dice que la posición de ‘Su Majestad’ respecto al reconocimiento del golpista Juan Guaidó, ya no es la misma que en marzo de 2020.

«En la carta hecha pública hoy, el gobierno inglés reconoce que en enero de 2023 la Asamblea Nacional 2015 (algo que tampoco existe pero que el RU reconoce) disolvió (disband, nunca mejor dicho) la presidencia de Guaidó y que el gobierno inglés respeta esa decisión», expresa Castillo en su cuenta en la red digital Twitter, donde compartió la carta enviada por el gobierno británico a la Corte Civil de Apelaciones.

«FINALMENTE -dice la carta al Tribunal-, dados estos hechos… ‘La consecuencia (…) es que la carta al Tribunal de 19 de marzo de 2020 (…) ya no refleja la posición del gobierno de Su Majestad’…», agrega en otro mensaje Castillo, en donde además explica que con esta carta, el gobierno inglés enfatiza que «Guaidó ya no es reconocido como ‘presidente’. La farsa se derrumba..».

«¿Qué pasará ahora? La jueza Cockerill debe decidir si sigue aceptando a un grupo de delincuentes denominado «BCV ad hoc», nombrado por Guaidó como parte del juicio. ¿Vendrá una etapa más de delirio en este absurdo jurídico y criminal contra Venezuela ? Esta historia continuará…», agrega Castillo.

En sus mensajes, el viceministro indicó que en la carta enviada por el Departamento Legal del gobierno inglés a la jueza Justice Cockerill, se hace un recuento de la posición mantenida por el Reino Unido desde febrero de 2019, cuando manifestó su reconocimiento a Juan Guaidó como supuesto «presidente interino» de Venezuela.

«La posición de la Reina Isabel II fue ratificada el 19 de marzo 2020. Desde entonces, tanto los Gob. de Boris Johnson como los siguientes han sostenido que la Corte no debe revisar el tema de quién gobierna en Venezuela, sino que debe asumir la postura del Nro 10 de Downing Street. La posición del gobierno inglés, usada como argumento por el bufete de Guaidó (Arnold & Porter), cita la Doctrina de Una Sola Voz (One Voice) que expresa que en materia de política exterior el imperio británico solo puede tener una postura y es la que fije el Gobierno», destaca en otras dos publicaciones.

Antecedentes del robo

En noviembre de 2018, el régimen de Estados Unidos, liderado entonces por el ahora expresidente Donald Trump, comenzó a lanzar ataques contra el oro venezolano; en esa oportunidad ordenó la imposición de sanciones diseñadas para bloquear las operaciones de Venezuela con sus reservas en material aurífero. En enero de 2019, de manera ilegal, el Banco de Inglaterra dijo que no devolvería a Venezuela sus reservas de oro, que superan los mil millones de dólares.

El Estado venezolano lucha desde 2019 por recuperar el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil 600 millones de dólares, que les fueron secuestradas por un Banco de Inglaterra con artimañas del golpista Juan Guaidó y su banda.

El 21 de diciembre de 2021, el gobierno nacional, a través de un comunicado, denunció que «el gobierno británico recurre a un montaje político fraudulento, en complicidad con factores extremistas de la política venezolana», encabezados por el golpista Juan Guaidó, «con el perverso objetivo de robar descaradamente el oro de los venezolanos y apoderarse de las reservas internacionales del Estado venezolano, en el marco del entramado antijurídico dirigido desde Washington, para despojar de los recursos que son propiedad de nuestro pueblo».

Aquel mensaje se produjo luego que el Tribunal Supremo británico remitió el caso del oro venezolano secuestrado en un Banco de Londres, a la División Comercial del Tribunal Superior. La medida del Reino Unido se produjo luego que el mencionado Tribunal aceptara, en parte, el recurso elevado por el golpista Juan Guaidó, sobre si él o el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, debían controlar los lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra, valorados en unos 1.600 millones de euros.

El 2 de julio de 2020, el Banco Central de Venezuela anunció que apelaría “inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés”; esto, luego de que ese mismo día se conociera que el juez Nigel Teare, del Tribunal Comercial de la Alta Corte de Londres, reconocía a Guaidó como supuesto presidente de Venezuela y le negó el acceso al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, a las toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra.

Tres meses después, exactamente el 5 de octubre de 2020, el BCV obtuvo triunfo en su apelación sobre el oro depositado en Inglaterra. Ese día el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra anuló “el fallo» que concedía al inexistente gobierno de Guaidó el acceso a los recursos que están en el Banco de Inglaterra.

“Con este nuevo fallo, la Corte de Apelaciones afirma que el veredicto fue equivocado”, especificaba en ese entonces RT, añadiendo que la orden implica abrir “una investigación detallada donde se expliquen minuciosamente las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido, para determinar si Londres reconoce que Maduro” continúa como Presidente legítimo.

En julio de 2020, el Ministerio Público de Venezuela ordenó la captura y congelamiento de bienes de 11 personas designadas por el golpista Guaidó, quienes, como refirió el fiscal general de la República, Tarek William Saab, están relacionadas con la entrega de ese patrimonio al país europeo. Se trata, entre otros, de Julio Borges, Carlos Vecchio y Vanessa Neumann, quien funge como supuesta representante del usurpador en el país europeo.

Dos meses antes, Venezuela anunció que presentaría ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra quienes resultasen vinculados con el despojo de las reservas de oro, resguardadas en el Banco de Inglaterra. La información la dio a conocer el 26 de mayo de 2020 la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien precisó que la medida es una instrucción del jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Uno de los argumentos que esgrimen para no devolver el oro robado a Venezuela, es que supuestamente Reino Unido no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuiela; sin embargo es público y notorio que Londres mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno constitucional de Venezuela.

El 29 de julio de 2022, el Banco Central de Venezuela (BCV) rechazó el «insólito pronunciamiento de un tribunal británico», que ese mismo día consideró  como «legítima» la junta ilegal e inconstitucional del Banco Central de Venezuela (BCV) «ad hoc», nombrada por el golpista Juan Guaidó, tras autoproclamarse «presidente interino» de Venezuela en 2019.

A través de un comunicado, el BCV acusó al Banco de Inglaterra de violentar «todo el sistema internacional de inversiones y debida custodia delegada», al tiempo que señaló que la instancia británica busca «beneficiarse de la apropiación indebida del oro de los venezolanos, causando un daño enorme
que sigue al pie de la letra la sumisa e inexistente justicia de esos tribunales ingleses».

El juicio por las 32 toneladas de oro venezolano que se encuentran en un Banco de Inglaterra había sido retomado el 13 de julio de 2022. Cinco días después, la jueza Sara Cockerill, del Tribunal Superior de Londres, anunció que decidirá «cuanto antes», pero ya después del verano, el destino de las reservas pertenecientes al Banco Central de Venezuela (BCV), y por ende del país y del pueblo venezolano.

Cockerill dijo el viernes 29 de julio de 2022, que había «evidencia clara» de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, estaba formado por jueces que apoyaban a Maduro y que sus decisiones no eran reconocidas bajo la ley británica, refiere BBC Mundo.

La reina Isabel II, del Reino Unido, reconoce a Nicolás Maduro como el jefe de Estado de Venezuela. Así ha quedado evidenciado a través de tres (3) cartas firmadas por la monarca y dirigidas a “su excelencia Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, dadas a conocer por el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, en agosto de 2022.

En entrevista concedida a Bloomberg, Ortega señaló que la correspondencia diplomática es evidencia de que el Reino Unido reconoce a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, lo que socava el dictamen de un tribunal británico el pasado 29 de julio, en el que se negaron -una vez más- a devolver a Venezuela las 31 toneladas de oro que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra.

Las cartas fueron entregadas a Ortega por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a cargo de Carlos Faría. Dos (2) de ellas fueron firmadas por Isabel II el pasado junio, en su calidad de reina de San Vicente y Las Granadinas. “En la primera carta le notifica el cambio de representante de la nación caribeña con sede en Caracas, mientras que en la segunda solicita que Maduro acredite a uno nuevo”, reseña Bloomberg. Añade que, en una tercera carta, la reina escribió al presidente Maduro en nombre del gobierno de Santa Lucía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña destinó 80 mil 697 libras esterlinas –cerca de 100 mil dólares- de fondos públicos, para apoyar la figura del «gobierno interino» que se autoconstruyó el golpista Juan Guaidó, hoy prófugo de la justicia, y de esta forma respaldarlo en el secuestro que ejecutó en complicidad con un banco inglés de 31 toneladas de oro venezolano, que equivalen a casi 2 mil millones de dólares. La revelación la hizo en abril de 2023 para el diario británico Declassified UK, el periodista John McEvoy, quien durante varios años ha seguido el rastro de los manejos irregulares del así llamado interinato, en sociedad con el gobierno de su país.

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