VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Entre el 2017 y 2020 han sido imputados 677 funcionarios de seguridad del Estado y 39 civiles por presuntas violaciones a los derechos humanos. Así lo anunció este jueves 25 de febrero el fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, AN, destacó que fueron aprehendidos por estos delitos un total de 519 funcionarios de distintos organismos y 29 particulares asociados a estos delitos.

“En este periodo fueron acusados mil 119 funcionarios que desviaron su camino y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos contemplados en nuestra legislación, manifestó desde la tribuna de oradores.

En una presentación que duró casi una hora y 20 minutos, dio a conocer que el despacho que dirige ha logrado condenatorias contra 171 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles.

Destacó que parte de lo dicho reposa en los informes entregados a la Corte Penal Internacional y a la Oficina Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet.

En ese contexto mencionó que en noviembre de 2020 se reunió con la Fiscal de la Corte Penal Internacional y posteriormente, le hizo llegar un amplio y documentado informe de respuesta a sus solicitudes de información.

Agregó que en febrero de 2021 le hicimos llegar un segundo informe de ampliación a lo ya presentado; en el que reiteramos nuestra disposición a colaborar con la Corte Penal e Internacional y aclarar cualquier duda que haya con respecto a las actuaciones que realiza nuestra institución en aras de la justicia y los derechos humanos.

Dijo que ambos informe suman 2 mil páginas.

Propuestas para seguir la lucha

Para seguir la lucha por la defensa de los derechos humanos, Saab realizó varias propuestas. Una de ellas está vinculada a realizar una mesa interinstitucional para abordar el retardo procesal.

También indicó que se requiere construir nuevos centros de detención preventiva y centro de reclusión, con atención permanente del Ministerio de Salud y el Ministerio para los Servicios Penitenciarios.

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