Cinco relatos de víctimas del conflicto armado en Colombia: Si me quedo me matan

VEA / Carlos A. Batatin

Una cosa es leer las noticias sobre las víctimas del conflicto armado colombiano y otra es escuchar a esas personas narrar lo cerca que estuvieron de la muerte. Oír su experiencia de forma detallada, del cómo se quedaron sin nada cuando les quemaron sus casas  y que les dieron escasas horas para salir del territorio neogranadino, no es fácil de asimilar.

Las declaraciones que les presentamos a continuación fueron recogidas en el marco de una jornada entre las víctimas del conflicto armado colombiano, residenciadas en Venezuela, y  representantes  de la Justicia Especial para la Paz (JEP). En opinión de sus participantes, se dio un primer paso para que fuesen reconocidas como víctimas e incluidas dentro del proceso de reparación.

De acuerdo con la versión y los relatos expresados en el transcurso de esa reunión, las autoridades neogranadinas están en deuda con las víctimas, “porque antes de que llegara Gustavo Petro a la Presidencia,  no había nadie ni ninguna institucionalidad que representara o atendiera a nuestros  connacionales. Siempre nos hemos sentido que estamos solos y que no se nos ha tendido una mano como víctimas del conflicto”.

Dos millones de pesos por cabeza

San Antonio de Prado es uno de los cinco (5) corregimientos del municipio de Medellín y está localizado en el extremo suroccidental de la ciudad de Medellín. Allí vivía Patricia Álvarez, dedicada al trabajo social e impulsaba el cooperativismo entre los vecinos.

Ella, junto con otras personas, estableció hace dos décadas algunos convenios con la Alcaldía de la localidad, con el Instituto Nacional de Tierras, con el Servicio Nacional de Aprendizaje, entre otros, “con la finalidad de formar y capacitar a jóvenes y mujeres del corregimiento”.

Gracias a ese proceso, la Alcaldía de Medellín comienza a concederles algunos contratos para la limpieza y mantenimiento de las cuencas hidrográficas y quebradas. “De la noche a la  mañana comenzaron a decir, por ejemplo, que estaban pagando dos millones de pesos por cabeza de líder”.

Iniciaron las persecuciones, “veíamos en las madrugadas que  los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a quemar las bibliotecas y a ​amenazar a toda persona que tuviera alguna relación o inclinación con la gente de la izquierda”.

“Recuerdo que en esa época ya era habitual  que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia allanaran o se metieran en las casas donde supuestamente vivían personas con ideología socialista”, indicó Álvarez.

Ella cumplió 19 años viviendo en Venezuela  y describe a la población de San Antonio de Prado como una zona rural, cuyos residentes se dedican casi exclusivamente a la agricultura. “Es justamente ahí donde el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, monta su centro de operaciones”.

Narra que desde ese entonces comienza la desmovilización de cualquier factor que representara a la izquierda. “Comienzan a combatir a la guerrilla para apropiarse de los territorios donde estaban activas y quedarse con esas zonas para posteriormente delinquir y traficar drogas”.

También relata para Diario VEA que para cometer sus atrocidades, los paramilitares utilizaron la religión y a sus representantes. “Muchos curas se prestaron para amedrentar a la gente. Cuando sospechaban o tenían una vaga idea de que alguien era comunista o progresista, en plena misa le decían con toda soltura que los sacarían con los pies para adelante”.

Comentan que en esos años quienes ejercían la violencia contra la población “se dedicaban también a buscar terrenos grandes para usarlos como cementerios clandestinos o fosas comunes. Hubo mucha impunidad, o demasiada impunidad”.

Aunque aclara que para ella no es ninguna anécdota, indica que “los paramilitares cuando observaban a alguna mujer con el vestido más arriba de la rodilla, la golpeaban. Lo mismo ocurría cuando sospechaban que era infiel con su marido. Utilizaban las paredes para dejar sus amenazas de muerte con nombres y apellidos”.

Otro mal recuerdo que tiene, está relacionado con jóvenes desempleados de San Antonio de Prado. “Ante la falta de trabajo por  la situación económica, ellos engañaban a los muchachos ofreciéndoles un empleo bien remunerado. Todo aquel que caía en la trampa, se iba con ellos y transcurrido tres meses  los mataban para no pagarles”.

Argumenta que el abuso  y crueldad de los paramilitares no tenía límites. “Ellos llegaron a mi casa a eso de las 10:00 pm. Yo no me encontraba en ese momento y me dejaron un recado con mi esposo. Nunca olvidaré ese mensaje: Dile a tu mujer que estas no son horas para que ande en  la calle. Ella no puede seguir haciendo contratos y tiene hasta mañana para irse de aquí”.

Álvarez señala que como en su caso, cientos de familias residenciadas en zonas rurales vivían la misma angustia y terror. “No hay familia colombiana que pueda decir que no haya sido víctima del conflicto armado y del paramilitarismo”.

Si me quedo me matan

Aminta Veleño Gómez lleva más de 30 años viviendo en territorio venezolano y se identifica como víctima del conflicto armado colombiano. Es integrante de los movimientos sociales del Pacto Histórico Venezuela.

Ella era líder estudiantil. “Yo cursaba la carrera de Derecho en la ciudad de Cúcuta y formaba parte de la juventud comunista de la organización política Unión Patriótica. Por mi condición, fui amenazada de muerte en varias ocasiones”.

“El Estado colombiano, a través de los grupos paramilitares, ejerció en mi contra un seguimiento constante. Sufría de acoso constante y de diferentes procedimientos de judicialización. Recuerdo que eran grupos de civiles quienes me seguían y amenazaban”, precisa para Diario VEA.

Rememora con gran tristeza  que en  aquel tiempo estaban asesinando a muchas compañeras y compañeros, “de hecho, casi toda la militancia de  Unión Patriótica fue asesinada. Quienes quedamos vivos nos vimos obligados a salir de Colombia”.

Relató que la situación cada vez era más adversa para permanecer  en su país. “Todo ese proceso de amenazas de muerte prácticamente me obligó a salir corriendo de Cúcuta. Crucé la frontera venezolana y aquí llevo más de 30 años viviendo”.

«Como mi historia, hay muchas. En cada familia colombiana, como mínimo, uno de sus integrantes ha sufrido en carne propia alguna de las diferentes consecuencias del conflicto armado. El Estado está en deuda con más de 9 millones de personas que de una manera u otra se han convertido en  víctimas del paramilitarismo y de la violencia», declaró.

Mi madre, objetivo militar

Elaide Luz Alaya, tiene 42 años de edad.  Es hija de padres dedicados a la labor social y ante las reiteradas amenazas de muerte contra ella y su familia “recorrimos casi toda Colombia para evitar que nos mataran”.

Indica para Diario VEA, que durante su permanencia en  el territorio neogranadino, “desde que tengo uso de memoria recuerdo que hemos estado en riesgo de perder  la vida. “Llegué a Venezuela hace 30 años huyendo del conflicto armado en Colombia, a causa  del  desplazamiento forzado”.

Aunque han transcurrido tres (3) décadas, mantiene vivo en sus recuerdos todo el temor y sufrimiento causado tanto de las autoridades del propio Estado colombiano, como del paramilitarismo. “No puedo olvidar el momento cuando nos quemaron nuestra casa. Siempre estuvimos huyendo”.

Narra como ejemplo, que “cuando estábamos en Santa Marta, en Sierra Nevada, mi madre era la presidenta de la asociación campesina. Allí  hubo una masacre y ella  fue señalada como objetivo militar. Nos retuvieron a un hermano por más de diez años y a otras personas progresistas que pensaban en una Colombia distinta y justa”.

Argumenta que ella sigue amando a Colombia por ser la tierra donde nació. Sin embargo, admite que hay muchas circunstancias que siguen presentes y en lo más profundo del alma, una de ellas “es que todos los desplazados hemos sido olvidados por el Estado colombiano. Venezuela nos recibió con los brazos abiertos,  pero quienes estamos fuera de nuestro territorio nos embarga la nostalgia y la ausencia de nuestra familia”.

Siempre fui perseguido

Víctor Hugo Romero Miranda es un adulto mayor, tiene varias profesiones y una de ellas es la de trabajador social. “Yo estaba siendo perseguido por las autoridades colombianas por todo lo que decía en la universidad, tanto como cuando era estudiante y luego como profesor”.

Actualmente tiene 76 años de edad y resalta que para aquella época las fuerzas de Seguridad del Estado lo mantenían vigilado, “me tenían fichado y persiguiéndome para matarme”.

De acuerdo con su relato, él corrió con mucha suerte, porque muy cerca de la casa vivía un vecino que era policía y lo alertó de que lo querían matar. “Para ese momento yo vivía en Bogotá y por ser vecino y conocerme desde niño y conocer a toda mi familia, me advirtió que me andaban buscando desde hacía tres (3) meses para asesinarme… Váyase de Colombia, me aconsejó”.

 Quedé sin familia

Cuando Iglenys Castiban llegó a Venezuela con sus dos hijos, “la niña tenía dos años y medio, mientras que el varón  contaba con cuatro meses de nacido. El día que decidí huir de Colombia tuve que esperar que cayera la noche. Solo pude sacar de la casa mi pasaporte y las partidas de nacimiento de los niños”.

Dijo que su desplazamiento fue forzado y que es víctima del conflicto armado “por no participar en un secuestro ni apoyar a un determinado grupo. Nos dieron 24 horas para abandonar la casa y dejar todo atrás”.

Luego de secar sus lágrimas y con la voz quebrada, detalla que después de su huida lo perdió todo. “Perdí a mi madre, padre, abuelos, poco a poco fui perdiendo a mis familiares. Más nunca supe de ellos”.

Cuenta que aunque su vida y la de sus hijos ya no se encuentran en riesgo, “no se me ha hecho fácil la situación en Venezuela. Ellos están indocumentados,  mi hija ya es mayor de edad, tiene 18 años y carece de una documentación que la identifique, al igual que el menor. Por todas las cosas que pasé en Colombia decidí no volver, aunque debería hacerlo para arreglar la situación de mis hijos”.

Fue tanto el grado de violencia sufrido por Iglenys Castiban, que presenció cuando uno de los grupos que la amenazó de muerte le lanzó una granada a uno de sus familiares. “¿Cómo volver a Colombia después de vivir esa experiencia en carne propia?».

Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado ha dejado 9.720.863 víctimas desde 1996, refiere el organismo en su página web. De ese total, 4 millones 98 mil 808 tienen entre 29 y 60 años; mientras que 2 millones 176 mil 942 tienen entre 18 y 28 años.