La defensa de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó una adenda de medidas cautelares ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de lograr la suspensión inmediata de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos derivados de la sentencia en la causa Vialidad, que la condena a seis años de prisión.

La estrategia internacional la encabezan los abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y el especialista brasileño Rafael Valim –quien integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva ante la misma instancia-.

Los letrados fundamentan la solicitud en la presunta vulneración de los derechos políticos y de las garantías del debido proceso estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Nuevas pruebas

La ampliación del reclamo, ante el organismo con sede en Ginebra, incluye un informe técnico elaborado por la consultora Specs.

En ese contexto, la defensa sostiene que, este peritaje contable analiza la asignación de fondos del fideicomiso creado por el Decreto 54/2009 durante la gestión de Fernández de Kirchner.

De este modo, el equipo legal argumenta que dicho análisis desestima las conclusiones del fallo condenatorio al indicar que la empresa Austral Construcciones, vinculada al empresario Lázaro Báez, recibió un porcentaje menor de 1% de la caja de la Dirección Nacional de Vialidad, destinándose la mayor proporción a otras firmas de obras públicas.

Miembros del equipo jurídico señalan: “Estamos trabajando para que el caso sea examinado en la  próxima sesión del comité de Ginebra. Consideramos que la instancia internacional reconocerá las violaciones a las garantías fundamentales en este proceso”.

Intimidación y hostigamiento

Además, los letrados señalan, entre los puntos centrales, situaciones que consideran actos de intimidación y hostigamiento contra la expresidenta: declaraciones públicas de magistrados que intervinieron en la causa Vialidad, medidas restrictivas sobre sus bienes patrimoniales y publicaciones del presidente Javier Milei en redes sociales dirigidas a su persona.

De igual modo, cuestiona el avance sobre el departamento de la calle San José 111, donde cumple su prisión domiciliaria, y la difusión mediática de material audiovisual del allanamiento realizado en 2018 a su domicilio de Recoleta, que califica como una violación a la privacidad.

La defensa considera que ese conjunto de circunstancias afecta las garantías procesales y el derecho a presentar reclamos ante organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Fuente: Agencias