Denuncian a Duque ante la CPI por crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones

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La información la dio a conocer este jueves 13 de mayo el senador Iván Cepeda Castro, uno de los denunciantes, quien precisó que la denuncia también está dirigida contra el ministro de Defensa, Diego Molano y el expresidente Álvaro Uribe.

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Senadores y miembros de Organizaciones No Gubernamentales, ONG colombianas denunciaron ante la Corte Penal Internacional, CPI, y ante el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, al presidente del régimen de Colombia, Iván Duque y al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra los manifestantes, que desde el pasado 28 de abril se encuentran en las calles protestando contra las políticas económicas y sociales de la administración neogranadina.

La información la dio a conocer este jueves 13 de mayo el senador Iván Cepeda Castro, uno de los denunciantes, quien precisó que la denuncia también está dirigida contra el ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro y al director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas.

A través un video publicado en su cuenta Twitter precisó que la denuncia consta de 100 página y documenta mil 595 hechos, en los que hay graves violaciones de derechos humanos como asesinatos, tentativa de asesinato, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias.

Asimismo, solicitan a la fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda que realice una visita a Colombia para constatar los hechos que están en la denuncia.

A través de su página web https://www.ivancepedacastro.com/ el senador precisó que además de él la denuncia presentada ante la CPI fue suscrita por: Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña Defender la libertad un asunto de todas; Alejandro Lanz y Alejandro Rodríguez, codirector y coordinador de la plataforma GRITA de Temblores ONG; Alberto Yepes Palacio, coordinador de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Oscar Ramírez, vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y César Santoyo Santos, director ejecutivo de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB.

La misiva pide que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, dado que el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos.

De acuerdo con la nota de prensa, el informe, contiene evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas. Da cuenta de al menos 1595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran violaciones de DD.HH.

De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas. Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular.

Asimismo, se denuncia que, entre el 28 de abril y el 10 de mayo, 40 personas han perdido la vida durante procedimientos policiales de contención de la protesta social. Varias de ellas fallecieron por el uso indiscriminado de armas de fuego en las ciudades de Cali, Pereira e Ibagué. Adicionalmente, se alerta sobre 435 personas que han sido reportadas como desaparecidas.

La comunicación indica con especial preocupación que la ciudad de Cali ha sido escenario de los más graves hechos. De igual forma señala que las principales autoridades de gobierno y Estado no han condenado en forma enfática los crímenes y las graves violaciones de DD.HH. que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública.

Dichas acciones, según los firmantes, han ocurrido con carácter sistemático y se vienen cometiendo, en su mayoría, por unidades de Policía que constantemente minimizan o directamente ignoran la existencia de los crímenes cometidos. Aseguran que los altos responsables, no han sido investigados, procesados o sancionados por el sistema de justicia colombianoPor el contrario, están siendo postulados para ascender en su cargo, como es el caso del director de la Policía Nacional, el mayor general, Jorge Luis Vargas.

Desde el pasado 28 de abril cuando sindicatos de trabajadores convocaron a un Paro Nacional contra la Reforma Tributaria y las políticas económicas y sociales impulsada por Duque, las manifestaciones no han cesado en Colombia. Con el transcurrir de los días se ha sumado a la lucha de la población la condena a la represión y asesinatos cometidas por fuerzas policiales del Estado durante las protestas.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, registra 47 personas asesinadas en Colombia desde el 28 de abril cuando inició el Paro Nacional hasta el sábado 8 de mayo. La información la dio a conocer la Organización No Gubernamental, ONG en su cuenta Twitter, en donde precisa que de ese total, 39 de las víctimas fatales cayeron a causa de la violencia policial.

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