Ciudadanas y ciudadanos neoespartanos y residentes de la isla de Margarita, acudieron este martes 31 de marzo ante la sede de la Defensoría del Pueblo del Estado Nueva Esparta, para interponer una denuncia formal por la presunta vulneración de derechos humanos y daños ambientales irreversibles en la zona de Laguna Blanca (Laguna del Morro), en Porlamar.
La acción legal, dirigida a la abogada Geisha Camacaro Díaz, delegada de la Defensoría en la entidad, señala directamente a los responsables de la autorización y ejecución del proyecto de construcción denominado La Caracola Pádel Center & Resort.
La denuncia solicita a la Defensoría que inste al Ministerio Público a investigar la posible comisión de delitos tipificados en la Ley Penal del Ambiente, por parte de los funcionarios y particulares responsables de lo que consideran un atentado contra el patrimonio natural del municipio Santiago Mariño y del estado Nueva Esparta, e instan a la Defensoría a activar los mecanismos necesarios ante las instituciones públicas responsables, para que paralicen la obra de manera definitiva.
Según el documento presentado, se ha evidenciado el inicio de movimientos de tierra, remoción de capa vegetal y la tala indiscriminada de manglares, en un área que goza de protección legal estricta.
Los denunciantes recordaron que este ecosistema es una Zona Protectora, según Decreto 2321 de 1992, y un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). El texto califica la intervención como un «ecocidio irreparable», destacando que la Laguna Blanca, es el tercer humedal con mayor presencia de flamencos (Phoenicopterus ruber) y constituye una barrera natural fundamental, cuya alteración afecta el equilibrio hídrico y la topografía costera.
Fundamentos legales y presuntos delitos
Los firmantes —entre ellos Berenice Benítez, Jorge Armas, María del Rosario Pacheco, María Luisa Rodríguez y Juan Salvador García— fundamentan su reclamo en los artículos 127 y 128 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a un ambiente sano y el deber de proteger la biodiversidad para las generaciones futuras.
Por último, denunciaron que el día lunes acudieron a la sede del Ministerio Público, en Porlamar, para interponer una denuncia por este mismo caso, y les fue denegado el acceso a la justicia, al alegar que estaban de asueto y no tenían fiscal superior de guardia, “lo cual es una vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia que tenemos todos los ciudadanos”, al tiempo que advirtieron que insistirán pasada la Semana Santa.