¡En Perú siguen violaciones de DDHH! Tres meses de represión de Boluarte (+Aparecieron expertos de la ONU)
El número de personas fallecidas llega a 61 de acuerdo con la Defensoría. Este lunes continúan las protestas. Fotos Internet
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
A un día que se cumplan tres (3) meses del inicio de las protestas en Perú, tras la destitución del presidente Pedro Castillo por parte del congreso, la represión y violación de derechos humanos en Perú siguen. Hechos que no han contado con el suficiente rechazo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA, como ha denunciado en reiteradas oportunidades el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Este lunes 6 de marzo el pueblo sigue en las calles.
En la nación inca el pueblo sigue en las calles pidiendo la renuncia de la presidenta de facto Dina Boluarte, adelanto de elecciones presidenciales, y justicia por los fallecidos durante las jornadas de represión, acciones que se repiten a diario. El fin de semana, por ejemplo, 18 manifestantes resultaron heridos en la jornada represiva vivida en Puno, una de la región más atacada por el régimen de Boluarte, reportó en esa oportunidad la agencia informativa independiente Wayka en su cuenta en la red digital Twitter.
El sábado 4 de marzo, Víctor Raúl Anchapuri Zapata, alcalde de la Municipalidad Provincial de Juli, Puno, emitió un pronunciamiento exigiendo a la Presidencia de Perú y a la Policía Nacional, de ese país, no usar armas de fuego contra la ciudadanía que se moviliza.
«Me dirijo al gobierno central, ministros Ejército de Perú y a la Policía Nacional a no reprimir a mi pueblo, distrito de Juli, provincia de Chucuito, región Puno, a no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha», reza el comunicado, difundido por Wayka.
Militares fallecidos
El domingo 5 de marzo Perú se volvió a vestir de luto con el fallecimiento de dos (2) militares y la desaparición de otros cuatro (4) luego de que cruzaran nadando junto con su tropa el río Ilave, en el departamento de Puno, en el marco de las protestas.
«El Ministerio de Defensa lamenta profundamente la muerte de los cabos EP Franz Canazas Cahuaya y Alex Quispe Serrano, así como la desaparición de otros cuatro integrantes de nuestro Ejército en el río Ilave, y expresa su absoluta solidaridad con los familiares», refiere el texto de la cartera ministerial en su cuenta en la red digital Twitter.
La agencia informativa Wayka reflejó en la referida red digital que «la orden de cruzar las heladas aguas del río Ilave dejan dos militares fallecidos y cuatro desaparecidos. Otros cinco que fueron rescatados por ciudadanos aymaras tienen hipotermia y se encuentran recibiendo tratamiento. El padre de uno de los fallecidos responsabiliza a la presidenta Boluarte por la orden que llevó a los militares cruzar el río. ‘La culpa la tiene Dina. Tiene que dar un paso al costado. Por causa de este Gobierno usurpador, que no quiere retroceder’, dijo a La República«.
La ONU apareció
Este lunes 6 de marzo, Expertos de la ONU expresaron su preocupación por las continuas denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones, y desapariciones forzadas de manifestantes en Perú e instaron a las autoridades a establecer un diálogo genuino con el pueblo para poner fin a la crisis política del país.
“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del Gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, expresaron los expertos, cita el organismo en su página web.
«Los expertos también manifestaron su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubrían las protestas, incluidos los ataques deliberados por parte de las fuerzas policiales, e instaron al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los periodistas que cubrían los acontecimientos puedan trabajar con seguridad», reza el documento.
«Los expertos pidieron al Estado que recordara que el uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Toda pérdida de vida resultante del uso excesivo de la fuerza sin el estricto cumplimiento de estos principios es una privación arbitraria de la vida y, por tanto, ilegal. Las presuntas muertes ilegales deben investigarse en cumplimiento de la Versión Revisada del Manual de la ONU para la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilegales (2016))», agregan.
61 fallecidos
Desde que se iniciaron las protestas el 7 de diciembre de 2022, la Defensoría de Perú cifra en 61 las víctimas fatales y 1.301 los heridos, refiere el organismo en su página web.
De acuerdo con el informe, 48 son civiles, que murieron «en enfrentamientos, 11 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, y 2 miembros de las fuerzas del orden (1 policía y 1 militar), en el contexto del conflicto».
Del total de heridos, 393 habrían tenido lugar desde el 7 al 31 de diciembre y otros 908 del 1 de enero al 28 de febrero, refiere el documento.
Sigue el paro
Para este lunes 6 de marzo está previsto que el pueblo siga en las calles protestando contra el régimen de Boluarte.
«Hoy, 6 de marzo, se reinicia el paro regional absoluto en 10 provincias de #Cusco. El comité de lucha de la provincia de Espinar emitió un pronunciamiento donde exigen «la paralización total de sus operaciones de la empresa transnacional Glencore Antapaccay S. A. Desde el día 6 de marzo, donde nuestra región del Cusco acatará el paro regional indefinido en contra de este gobierno genocida», informa Wayka en dos mensajes en su cuenta digital Twitter.
Dina debe ir a fiscalía
El martes 7 de marzo la presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte está llamada a declarar a la sede del Ministerio Público sobre los muertos a causa de la represión en las ciudades de Ayacucho y Puno, así como en otras regiones del sur de Perú. El exhorto le fue hecho el viernes 3 de marzo.
La solicitud del Ministerio Público se encuentra enmarcada en investigación abierta contra el Gobierno peruano por la supuesta comisión de delitos de genocidio y homicidio calificado, reseñó en esa oportunidad Telesur en su página web.
De acuerdo con el abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, Carlos Rivera, Dina Boluarte tiene que acudir a la sede de la Fiscalía en la capital peruana porque tiene condición de investigada. De esta manera ya no podrá optar por la conexión remota, como hizo el 30 de enero y 23 de febrero, agregó el referido portal.
Contexto
Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue depuesto el presidente Pedro Castillo, se registran manifestaciones en Perú para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación del ahora exmandatario. El día más letal fue el lunes 9 del primer mes de este año, cuando 18 personas fallecieron en Juliaca, Puno, lugar donde se registró una fuerte represión del régimen de facto.
El martes 10 de enero, en horas de la noche, la Fiscalía de Perú informó que decidió iniciar una investigación preliminar contra la presidenta de facto por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones, entre los meses de diciembre 2022 y enero 2023, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Tres (3) días antes, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra Boluarte y varios ministros de su Gabinete, por la muerte de 28 personas durante las protestas en diciembre.
El sábado 14 de enero, el régimen de Boluarte decretó un estado de emergencia en Lima, el Callao, Puno y Cusco, en el que se suspenden varios derechos constitucionales. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial cerca de la medianoche del sábado, autoriza a las fuerzas militares a intervenir junto con la Policía para “resguardar” el orden público.
El jueves 26 de enero, el Ministerio Público informó que abrió 11 investigaciones fiscales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, para determinar a los responsables de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones que se desarrollan en el país contra el gobierno y el congreso, recordó tres días después Ojo Público.
