España aprueba ley trans y reforma ley de aborto

VEA / Carlos Batatin

Este jueves 16 de febrero, en la Cámara Baja del Congreso español, quedó aprobada en forma definitiva la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGBTI, y también la reforma de la ley del aborto.

Ambas legislaciones fueron impulsadas por el Ministerio de Igualdad de ese país, las cuales generaron una crisis en el seno del gobierno de coalición en España, entre el Partido Socialista y Unidos Podemos, por la polémica sobre la reforma de la ley del «solo sí es sí», reseñó el portal www.actualidad-rt.com.

De acuerdo con la primera disposición aprobada, conocida como Ley trans, desde ahora y sin ningún requisito, a partir de los 16 años de edad  se reconoce la autodeterminación de género registral, lo cual para muchos de los parlamentarios es la principal novedad.

Lo anterior implica que no será necesaria la presentación de informes médicos o psicológicos. “En el caso de los menores con edades comprendidas entre 14 y 16 años, deberán contar con el consentimiento de sus tutores, y en el caso de aquellos entre 12 y 14 años, deberán tener aval judicial”.

También la Ley Trans establece  la prohibición de las terapias de conversión y asegura el acceso a terapias de reproducción asistida a mujeres lesbianas y bisexuales y a personas trans con capacidad de gestar. “Se reconoce la filiación de los hijos de parejas del mismo sexo sin necesidad de matrimonio y se crea un régimen de sanciones para los actos de discriminación de personas del colectivo LGBTI”.

Aborto y garantías

En cuanto a la reforma de la ley del aborto, la cual fue aprobada en el año 2010, durante la gestión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, garantiza que las menores de entre 16 y 18 años, puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin el consentimiento de sus tutores y la eliminación del período de reflexión de tres días.

Igualmente pretende garantizarles a las mujeres “el acceso a su derecho al aborto en los hospitales y centros de la red pública, algo que en la actualidad no ocurre en varias regiones españolas. Asimismo se establece un incapacidad temporal laboral para menstruaciones dolorosas, remunerada desde el primer día.

En el último de sus párrafos, se establece que “las administraciones públicas garantizarán el libre ejercicio a este derecho y velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo».