Esto dice el contundente informe de la CIDH sobre la violación de DDHH por parte del régimen de Duque

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

«El uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnico-racial en el marco de la protesta; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los
traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar».

Lo anterior forma parte de las violaciones de derechos humanos que registró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su visita de trabajo realizada del 8 al 10 de junio de 2021. Los hechos de represión en territorio neogranadino se registran desde el 28 de abril, cuando el pueblo salió a las calles contra las políticas económicas y sociales del régimen de Iván Duque. La respuesta del Estado colombiano fue la represión.

En el texto, indican que «la CIDH condena el alto número de violaciones a los derechos humanos denunciados en el contexto de la protesta social; e insta a las autoridades de Colombia a investigar con debida diligencia, a identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía, y reparar a las víctimas y sus familiares».

El informe fue rechazado este jueves 8 de julio por el presidente del régimen de Colombia, Iván Duque, quien cuestionó el mandato de la comisión y el método de contraste y adquisición de fuentes del informe. El mandatario, quien sigue viendo las protestas contra un crimen, aseguró que «Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad», citó la BBC Mundo.

En el documento que consta de 48 páginas, y que puede ser leída en https://www.oas.org/, destaca que en la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 28 de abril y el 5 de junio, se registraron 51 personas fallecidas. De estas, 21 habrían sucedido en el marco de las protestas, 11 hechos se encontraban en proceso de verificación y 19 habrían sucedido en el lapso de las jornadas del paro nacional, pero no en el contexto de
protestas.

El informe también agrega que la organización de la sociedad civil Temblores informó sobre la existencia de 4.687 casos de violencia policial. A su vez suministró un registro de 73 personas fallecidas en el marco de las protestas, de las cuales 44 estarían presuntamente relacionadas con el accionar de la fuerza pública y 29 están en proceso de
verificación; mientras que la «Campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas», denunciaron el fallecimiento de 84 personas en el marco de las manifestaciones; en 28 de estos casos estarían involucrados integrantes de la Policía como
posibles responsables, 7 serían atribuibles a personas de civil sin identificar y en 43 casos no se ha identificado a los autores; 14 casos se encontrarían en proceso de verificación.

Ante las diferencias de cifras, la CIDH manifestó su preocupación, por lo que aconseja al Estado colombiano a «mantener un registro de información consistente, actualizado y público, con participación de la sociedad civil; así como transparencia sobre los criterios utilizados en las investigaciones y sus avances respectivos».

En el texto, la CIDH manifiesta su firme condena y rechazo por los altos niveles de violencia registrados en el marco de la protesta social que inició el pasado 28 de abril, «tanto aquella ocasionada por el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, como la provocada por grupos ajenos a la protesta misma».

Constataron uso de la fuerza

En la página 12 de su informe, en lo referente al uso desproporcionado de la fuerza, la CIDH precisa que «en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal. Ello pudo ser cotejado con la información recibida a través de audios, videos, fotografías, así como en reuniones con organizaciones sociales y testimonios individuales y colectivos tomados en el marco de la visita».

Agregan que: «Se recibieron denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza con armas no letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom, cuya utilización fue prohibida por parte de un juez administrativo de Popayán el 2 de junio».

«La CIDH también recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali y distintos municipios del Valle del Cauca, así como en Pereira, Risaralda», refleja el texto.

El órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también destacó en su informe que la Comisión también recibió información extremadamente «preocupante sobre la posible actuación de personas armadas vestidas de civil, algunas de las cuales habrían obrado aparentemente con aquiescencia de miembros de la policía».

La CIDH, también denuncia en su informe el uso desproporcionado de las fuerzas por parte del escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

«Según lo indicado en dichos relatos, agentes de ese escuadrón habrían irrumpido en diferentes movilizaciones,
puntos de resistencia y otros eventos de concentración pacífica mediante agresiones físicas, sexuales, verbales. De igual forma, los testimonios recibidos refieren el empleo de canicas de vidrio, balas o municiones de goma, así como el disparo de gases lacrimógenos o asfixiantes de manera indiscriminada, ininterrumpida y en ocasiones, directamente hacia la cabeza y tórax de las personas manifestantes. Esto habría resultado en un alto número de personas heridas, con lesiones oculares y fallecidas. Particularmente, la Comisión recibió al menos una decena de testimonios de personas que sufrieron lesiones oculares de diversa gravedad», reza el documento.

En su punto 52, en la página 13, la CIDH, también indica que «recibió denuncias consistentes respecto a que, en algunos casos, los gases lacrimógenos fueron disparados directamente contra los espacios de refugio y cobijo de manifestantes, puestos médicos improvisados e inclusive en zonas habitacionales, lo que habría afectado de manera desproporcionada a personas adultas mayores, así como a niños, niñas y adolescentes que no participaban en las protestas».