¡Exclusiva! Mayoría de denuncias ante Defensoría del Pueblo son contra las medidas coercitivas

VEA / Carlos Batatin

«La mayor cantidad de denuncias que recibimos en la Defensoría del Pueblo, tienen que ver con las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus países aliados, es decir, problemas vinculados con el área de la salud, el acceso a los medicamentos, insumos médicos, y a las distintas intervenciones quirúrgicas que anteriormente, ante de esas imposiciones, se realizaban con más frecuencia y en cortos períodos».

Así lo precisó el titular de esa instancia, Alfredo Ruiz Angulo, en entrevista con Diario VEA, donde detalló que cada una de esas denuncias y sus consecuencias sobre la calidad de vida del pueblo venezolano, se le presentan a la Alta Comisionada de la Naciones Unidas, en este caso, a Michelle Bachelet.

En marzo del año 2020, el gobierno nacional lanzó la campaña «las sanciones son un crimen». En aquella oportunidad, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que fueron habilitadas las 33 sedes de la Defensoría del Pueblo para que los ciudadanos que hayan sido víctimas de las medidas coercitivas puedan denunciarlas.

Ruiz Angulo argumentó durante la entrevista, que esas mismas medidas coercitivas unilaterales han causado un deterioro en el funcionamiento de los servicios públicos. “Estamos hablando de las fluctuaciones dentro del sector eléctrico, y el tema del agua, que igualmente está vinculado a la electricidad. Además están relacionadas con el acceso a la vivienda, porque ahora no se cuenta con los suficientes recursos para seguir construyendo casas en forma masiva».

Detalló que otras de las denuncias formuladas están referidas al acoso escolar en instituciones privadas.  «Se discrimina o excluye a cualquier estudiante de educación primaria, media y hasta universitaria, porque sus padres no han podido cancelar una mensualidad».

Referencia global

Para el Defensor del Pueblo, no hay duda de que su despacho es una referencia en Venezuela, en Latinoamérica y en el contexto global. «El año pasado participaron y se formaron en la Escuela Nacional de Derechos Humanos (ENADDHH), unas  861 personas en representación de 32 países latinos, e incluso de Estados Unidos, España, Canadá y Portugal».

Especificó que la mencionada escuela fue fundada en marzo de 2010, «y solo en los últimos cinco años ha formado un total de 146 mil 507 participantes, de las cuales 100 mil 369 son mujeres», mientras que el año pasado se formaron 51 mil 369 personas en la Defensoría, a través de distintos diplomados y estudios de posgrado.

En tal sentido explicó que el Consejo Nacional de Universidades (CNU), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), le dio reconocimiento para certificar las especializaciones y las maestrías que realice la Escuela Nacional de Derechos Humanos, entre ellos, Derechos Humanos desde una Perspectiva Crítica; Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes; Derechos Humanos de las Mujeres y Equidad de Género; Derechos Humanos al Parto y Nacimiento Humanizado; Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Convenios con África

Recordó que en los primeros días del mes de enero, Venezuela y la República de Benín firmaron un memorándum de entendimiento para el intercambio de saberes, formación, conocimientos y acciones concretas, en favor de los derechos humanos de la población de ambas naciones.

Sobre lo anterior acotó que en el transcurso del presente mes, el personal de la Defensoría estará formando y ofreciendo asesoría en diversas áreas a sus homólogos de la nación del continente vecino, para promover programas educativos de intercambio y de investigación para la difusión y la efectiva protección de los derechos. Agregó que «también hemos hecho un convenio con naciones africanas, concretamente con Guinea Ecuatorial.

Defensorías municipales

Dejó claro que a la población que reside en zonas muy apartadas o municipios distantes, se le imposibilita tener acceso a ese organismo. Sin embargo, «hemos y estamos tratando de acercarnos más a las comunidades, lo cual es un mandato de la propia Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela».

Aseguró que en tal sentido  «hemos logrado a través de acuerdo con las alcaldías, gobernaciones y otras instituciones, crear 20 Defensorías Municipales, las cuales comenzamos a crearlas  en momentos difíciles y sin recursos, dándoles prioridad a las más alejadas y a las que están ubicadas en las zonas fronterizas».

«Tenemos una en La Guajira, Zulia.  En San Antonio del Táchira, en La Fría,  del estado Táchira. En Mantecal y Guadualito, estado Apure. En Amazonas tenemos una en Puerto Ayacucho, que es la delegada  estadal y creamos otra en el municipio Autana. También en el estado  Sucre, en Cumaná, Carúpano y en la población de Yaguaraparo, municipio Cajigal.

Venezuela y los derechos humanos

–A su juicio, ¿cómo observa el resto del mundo a Venezuela en cuanto al respeto de los derechos humano?

-Estamos en un proceso donde lamentablemente se utilizan los derechos humanos como una herramienta política, es decir, acusaciones mutuas que tú eres más violador de los derechos humanos que yo. Vemos por ejemplo, lo que denunciaba el gobierno de Rusia ante la situación de violencia que se vivía en Ucrania, concretamente en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, cuya población es rusa y donde no solo había discriminación, sino que recientemente se prohibió hablar ruso pese a a ser lengua materna de sus habitantes. Allí había una situación de genocidio que se  trató de frenar desde el año 2014, a través de los Acuerdos de Minsk y nunca se logró detener la violencia. Luego cuando Rusia decide intervenir y reconocer la independencia de ambas naciones, entonces los países  europeos comienzan a acusar a Rusia de violación de derechos humanos. Este tema  se ha utilizado en la Corte Penal Internacional bajo un escudo de ataque mediático.

–¿Por qué usted considera que en el período de la Cuarta República no hubo interés de crear la Defensoría del Pueblo?

-Para ese entonces había mucho temor en denunciar la violación de los derechos humanos. Inmediatamente el denunciante  era señalado como subversivo o terrorista. Los derechos humanos eran vistos como quien defiende a un terrorista. Por ejemplo, el padre Francisco Wuytak, en la parroquia La Vega, fue expulsado del país por defender el derecho del agua y de la educación de sus habitantes. Le dijeron que representaba un peligro porque reclamaba los derechos del pueblo. Con el padre Camuñas pasó algo similar en Petare.

Situación de Alex Saab

También se refirió al secuestro del diplomático venezolano, Alex Saab. En ese contexto dijo que se violaron todos los protocolos internacionales de la Convención de Viena: Las confesiones de la Interpol, es decir, se pasó a un acto delictivo tanto del gobierno de Estados Unidos como de Cabo Verde, afirmó Ruiz.

Saab fue secuestrado en junio de 2020 por el gobierno de Cabo Verde. El 16 de octubre de 2021 sufrió un segundo secuestro al ser trasladado desde el país africano hasta Estados Unidos de manera ilegal. Por estas acciones, el gobierno nacional suspendió su participación en la Mesa de Diálogo que mantenía desde el 13 de agosto del pasado año con las oposiciones venezolanas agrupadas en la Plataforma Unitaria. El diplomático había sido incorporado el 14 de septiembre como parte de la delegación del gobierno nacional como miembro pleno del proceso de conversaciones y negociación que se daba en México.

–¿Su detención será para cobrarle una factura a Venezuela por su posición política?

-El tema es causarle terror a cualquier empresario. Si tú le vendes o le compras al gobierno venezolano, puede ser que pierdas tu libertad. Te van a torturar, te alejarán de tu familia, te llevarán secuestrado a otro país. Es causarle todo ese terror para precisamente evitar ese comercio con Venezuela. Entonces buscan a un empresario significativo para Venezuela que precisamente ayudó con el tema de alimentación.