Fiscal General: En 4 años 663 policías detenidos por vinculación a violación de DDHH

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«En Venezuela se persiguen y sancionan las violaciones a derechos humanos. No hace falta que investigue la Corte Penal, y lo vamos a demostrar en la práctica», aseveró. Foto @Asamblea_Ven

VEA / Carlos Batatin

Al presentar informe anual del Ministerio Público correspondiente al año 2021, ante la Asamblea Nacional,  el fiscal general de la República, Tarek William Saab, precisó, la tarde de este jueves 7  de abril, «en estos cuatro años y medio de gestión hemos privado de libertad a 663 funcionarios policiales y militares; y a 33 civiles por estar vinculados a violaciones a los derechos humanos. Y hemos logrado que 243 fueran condenados».

Durante su intervención, desde la tribuna de oradores de la AN, afirmó que las estadísticas correspondientes  al año 2021 demuestran  que se logró la imputación de 232 funcionarios de Seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos, y un civil por colaborar en la comisión del delito.

Detalló que se privó de libertad a un total de 98 funcionarios de distintos organismos y a 2 civiles. «Por otro lado, han sido acusados un total de 242 funcionarios y 24 civiles; y se logró una cifra récord de aproximadamente 100 funcionarios condenados».

Trato diferenciado

El fiscal hizo una pequeña pausa para referirse brevemente a las actuaciones de su despacho ante la Corte Penal Internacional (CPI). «En Venezuela se persiguen y sancionan las violaciones a derechos humanos. No hace falta que investigue la Corte Penal, y lo vamos a demostrar en la práctica».

«Entregamos 8 informes a la Fiscalía de la Corte, que compilan más de 3 mil  páginas de información sobre causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar a responsables de violaciones a derechos humanos, Sin embargo, aun así, nuestro país recibió un trato diferenciado y se le ha abierto una etapa de investigación. Esperamos que en esta nueva etapa reine la transparencia, la complementariedad, la reciprocidad y el respeto mutuo».

Reiteró que Venezuela ha colaborado desde el principio con la Fiscalía de la Corte aportando información e invitándola a visitar el país. «Así lo hicimos cuando visitamos a la fiscal Bensouda en La Haya».

Al respecto expuso  como ejemplo que, en el caso venezolano I «nuestro país no recibió ninguna visita en los 3 años que estuvo bajo examen preliminar, hasta que se decidió pasar a fase de investigación, mientras que Colombia, que también estuvo sometida a un examen preliminar por la CPI por 17 años, recibió unas 12 misiones de este organismo internacional tras lo cual, en octubre del año pasado, el examen preliminar fue cerrado».

Igualmente, se refirió a «las actuaciones de soldados del Reino Unido en Irak, por ejemplo, las cuales  fueron examinadas durante más de 10 años antes de que la Fiscalía decidiera cerrar el caso. Cerró el examen preliminar de Reino Unido aunque todas las ONG y la propia Fiscalía consideraron que el Reino Unido no cumplía sus deberes».

Señaló que por esos hechos no se llevó a juicio un solo caso de los que la Fiscalía de la CPI consideró como crímenes de guerra cometidos por sus soldados en Irak, que Reino Unido practicó obstruccionismo a la investigación de la CPI, y aun así fue premiado con el cierre del caso».

Argumentó, «debemos reiterar que en el caso denominado Venezuela I, este Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación».

Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) acordaron en consenso, el jueves 31 de marzo, establecer una oficina del organismo internacional en Caracas para avanzar en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre las partes el 3 de noviembre del pasado año, en torno a las investigaciones sobre el Caso Venezuela I.

La información la dieron a conocer el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y el fiscal jefe Karim A.A. Khan QC, tras dos días de intensas, amigables y francas reuniones. También anunciaron que acordaron por consenso establecer una asistencia técnica entre la CPI y el Estado venezolano.

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