Telesur

El vocero presidencial del gobierno de Bolivia, Jorge Richter, consideró que existe una «intencionalidad política desestabilizadora» en el paro del sector médico, el cual tiene lugar en plena pandemia desde el 19 de febrero en demanda de la derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

Richter dijo, en una entrevista televisiva: «Hay una intencionalidad política desestabilizadora de determinados sectores para tratar de asociar negativamente a un gobierno que consiguió en octubre (de 2020) una legitimidad muy importante y que quieren contrarrestarle con una serie de argumentaciones».

Dijo, en ese sentido, que en 2019 se usó «una metodología» para poder lograr una ruptura institucional en el país, en referencia a los hechos que derivaron en el golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales, y consideró que ahora también se está buscando deslegitimar al Gobierno construyendo una serie de relatos.

Pero «en esto los bolivianos ya van a estar seguramente muy atentos (…) y a ver si logran lo que lograron con el relato del fraude electoral: indignar a un determinado colectivo de gente que les pueda avalar una salida de fuerza», refirió.

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) instruyó el paro hasta el próximo 28 de febrero en demanda de la derogación de la norma, a la cual cataloga de «inconstitucional», aunque antes la había celebrado como un gran logro.

Los dirigentes del sector, entre otros puntos, aseguran que mediante esa norma se atentan contra su derecho a la protesta, pero el gobierno negó ese extremo y les recordó que, cuando todavía la ley estaba en tratamiento legislativo, se llegó a un acuerdo sobre los artículos que observaban y que luego desconocieron.

El gremio anunció que los sectores del magisterio, cocaleros de Adepcoca y cívicos cruceños apoyan su medida y se sumarán a las protestas.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz,  aseguró que el paro médico decretado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) es una medida de presión lesiva para los derechos  fundamentales de la población al acceso a la atención médica.