Alfredo Carquez Saavedra

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A los representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que participaron en el último proceso electoral llevado a cabo en nuestro país, es decir, en los comicios de finales del año pasado en los que se eligieron gobernadores, alcaldes y diputados de asambleas legislativas regionales, se les ocurrió la brillante idea de donar “materiales tecnológicos a ONG de la sociedad civil venezolana”.

Así lo reseñó hace unos días El Universal en una breve nota de prensa que duró poco en su portal web. Un ingenuo tal vez podría pensar que el gesto de la UE obedeció a la necesidad de aligerar el peso del equipaje de los integrantes de la cita delegación, quienes, quizás por falta de presupuesto, se vieron imposibilitados de cargar con los equipos de vuelta a casa.

Pero no. La verdad es que de esos eurofuncionarios, que viajan con la mala intención a cuestas, no se puede esperar puntada sin dedal. A esa institución desde hace mucho tiempo dejo de ser imparcial con respecto a lo que sucede en nuestro país, debería dársele el trato correspondiente a su comportamiento beligerante e intervencionista.

En la noticia señalada, el diario caraqueño resalta el discurso de donantes y receptores de mobiliarios, computadoras, teléfonos inteligentes, laptops y demás regalos. Se presentan todos como inofensivas ovejitas, como promotores de elecciones justas y transparentes; defensores de los derechos humanos y la democracia.

Sin embargo, la realidad es otra. Lo cierto es que se trata de lobos del neocolonialismo, aliados con viudas de las guarimbas, ex dirigentes de la Coordinadora Democrática en sus muchas versiones y participantes de intentos fallidos de golpes e invasiones.

Y aquí no importa si lo “regalado” representa grandes sumas en euros o dólares o si son dádivas de bajo monto. El simple acto de equipar organizaciones de oposición que no aceptan la legitimidad del Gobierno Bolivariano es claramente una acción injerencista.

Y algo parecido sucede con las visitas de personal de la Embajada del Reino Unido a gobernadores, como el de Barinas. Es decir, el cuerpo diplomático de un país que reconoce como presidente a un pelele como Juan Guaidó, que además retiene ilegalmente el oro venezolano y que financia medios de comunicación abiertamente tendenciosos, se da el tupé de “llegar a acuerdos” con un poder regional sin que nada pase.

¿Podrá hacerse algo similar en Madrid, Londres o París?

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