Secuestro de venezolanos en El Salvador es delito de lesa humanidad, dice ONG de ese país
Las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos. Foto Internet.
VEA / VTV
Para la Organización no gubernamental Cristosal, instancia sin fines de lucro con sede en El Salvador, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas de violencia en Centroamérica, consideró que el traslado de los migrantes venezolanos a territorio salvadoreño constituye condiciones para la desaparición forzada y por tanto de delitos de lesa humanidad.
Sus argumentos fueron presentados a través de un informe sobre el caso de los 238 (cifra no oficial) migrantes venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, y afirma que este acto “crearía condiciones de delitos de lesa humanidad”.
En el documento presentado por Cristosal, y reseñado en el portal www.vtv.gob.ve, detalla la reserva de información por parte del Estado salvadoreño reiterando que esa acción constituye delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con el referido informe “pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados”, expresa el texto.
Igualmente establece que el análisis jurídico de la organización ciudadana expone que las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos (EE.UU.), respecto de la deportación de personas al sistema penitenciario salvadoreño, así como el ocultamiento de datos ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales, es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos.
Se niegan a dar información
Ante las irregularidades cometidas por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, la ONG Cristosal solicitó acceso a la información sobre el traslado de los migrantes venezolanos a la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
La información solicitada por Cristosal a la DGCP era sobre la cantidad exacta de personas venezolanas deportadas a El Salvador desde Estados Unidos. Pidieron la lista de nombres y apellidos de todos los enviados al Cecot, así como el listado de las personas que tenían una condena previa en EE. UU. Además de los supuestos vinculados a la banda El Tren De Aragua.
La DGCP resolvió denegar el acceso al contenido al argumentar que se trata de datos personales y porque: “Se ha establecido una reserva en virtud a lo relativo a información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.
Ante esta negativa Cristosal argumenta que no puede alegarse reserva de información vinculada con la investigación de graves violaciones a derechos humanos o delitos de trascendencia internacional.
“El Estado que presuntamente viola derechos humanos no puede tener la última palabra sobre la publicidad de la información relativa a sus propios actos, así como tampoco puede alegar de forma genérica razones de seguridad nacional para bloquear el acceso a información útil para las investigaciones y la protección de las personas afectadas”, explica la organización defensora de derechos humanos.
Finalmente, la organización enfatizó que la DGCP aplica una reserva a casos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos, acción que está prohibida por la Ley de Acceso a la Información Pública y es contrario al derecho internacional de los derechos humanos.
