Inquilinos víctimas de acoso inmobiliario y terrorismo judicial: Dos males que aún existen (+Edificio Cori)

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La AN recibió en 2022 más de 200 casos de una de estas prácticas ilegales, informó el diputado Rigel Sergent. Fotos Cortesía

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Imagina que vives alquilado, y que de repente el arrendador suspende o manda a eliminar uno de los servicios básicos, o que te acosa persiguiéndote a tu trabajo; hay quienes incluso pueden llegar más lejos y recurren al uso de la jurisdicción penal para acosar, intimidar o amedrentar a una persona o familia. Estas prácticas se conocen, la primera como acoso inmobiliario, y la segunda como terrorismo judicial. Dos males que lamentablemente aún se registran en el país.

Sobre acoso inmobiliario llegaron el año pasado a la Asamblea Nacional (AN), alrededor de 300 casos; sobre terrorismo judicial al menos hay entre 10 y 20 edificios. Las cifras las ofreció en entrevista a Diario VEA, el coordinador de la Subcomisión de Hábitat, Vivienda y Desarrollo Urbano de la instancia legislativa, diputado Rigel Sergent. Indicó que estas situaciones se están dando en al menos nueve (9) estados y el Distrito Capital. Ocurre por ejemplo en ciudades como Barquisimeto, Lara; Maracay, Aragua; Valencia, Carabobo; Barcelona, Anzoátegui, y en el estado Portuguesa.

Desde la sede del portal, ubicado en San Agustín del Norte, Caracas, destacó que parte de la problemática es producto de la dolarización del mercado de alquiler de viviendas. «Esta mercantilización de las viviendas, y tratar de que se dolarice el sistema, abre las agallas del sector inmobiliario. En ese marco buscan la forma de sacar a las familias, porque no van a poder dolarizar esas viviendas y llevarlas al mercado. Es así cómo a una familia que tiene 10, 20, 30, 40 años o más, a veces han pasado dos generaciones o más, le comienzan a aplicar el desalojo», explica.

Los desalojos arbitrarios están prohibidos a través de un decreto ley, firmado por el Comandante Hugo Chávez, en la Ley Habilitante de 2011 y la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda ese mismo año.

El 12 de noviembre de 2011 Venezuela vivió otro día de historia. En esa fecha, el Comandante Eterno promulgó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, primer instrumento legal surgido por iniciativa popular como resultado de los primeros pasos del pueblo legislador. La norma había sido aprobada dos (2) días antes por el Parlamento nacional, luego de meses de trabajo y debates originados en la Comisión Permanente de Administración y Servicios del Parlamento, liderada en ese entonces por el diputado Diosdado Cabello, y en la que siempre participaron voceros de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos, Red Metropolitana de Inquilinos, Movimiento de Pobladores, inquilinos, inquilinas, arrendadores, y poder popular.

Esta, la penúltima ley promulgada por el Comandante Chávez, protege tanto al arrendador como al arrendatario. De acuerdo con su articulado, el Estado promoverá y protegerá el arrendamiento responsable de viviendas, pensiones, residencias o habitaciones.

Al ser consultado de cómo ejecutan desalojos arbitrarios si están prohibidos, Sergent destacó que lo hacen primero por acoso inmobiliario, y segundo por terrorismo judicial.

«Son dos acciones que a nosotros nos preocupa y estamos trabajando por eso; nos preocupa y nos ocupa. Se conocen internacionalmente como acoso inmobiliario y terrorismo judicial. La segunda pudiera sonar fuerte y es importante explicar qué es lo que significa. Primero, el tema del acoso inmobiliario es toda actuación u omisión con abuso de derechos que tiene el objeto de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de la vivienda y crearle un entorno hostil de manera material, personal, psicológica o social con la última finalidad de forzarla a abandonar la vivienda que tiene derecho a ocupar. ¿Qué significa esto? Bueno, le hacen la vida imposible para que se vaya. ¿Y cómo lo hacen? Cortan los servicios básicos, no reciben el canon de arrendamiento para decir que tú estás incumpliendo con tu obligación. A veces contratan a personas para que no te dejen entrar a la vivienda y generar así un clima hostil. Te persiguen a tu trabajo, acosan incluso a la familia, a tu grupo familiar, a tus hijos. O sea, te hacen una vida muy horrible diariamente. Ese es el acoso inmobiliario, eso está sucediendo».

¿Cuántos casos de acoso inmobiliario tienen registrados?

-Estamos tratando de registrar eso ahorita mensualmente. El año pasado tuvimos entre 200 y 500 casos que nos llegaron a la Asamblea Nacional (…) Principalmente en 10 estados. No pasan de 500.

Sobre el segundo, el terrorismo judicial, dice que «es aún peor. A veces se cree que el terrorismo judicial es ejercido por el Estado. Entonces, aquí, decir en Venezuela: ‘¿Oye, cómo un diputado de la Revolución va a hablar de terrorismo judicial si el gobierno, al contrario, es el que ha promovido estas leyes que hemos mencionado?’ Bueno, porque los particulares también pueden ejercer terrorismo judicial. ¿Qué es el terrorismo judicial? es la utilización de la jurisdicción penal para acosar, intimidar, amedrentar a una persona o a varias personas o familias, para ‘resolver’ situaciones cuya competencia es evidentemente de la jurisdicción mercantil o civil».

Argumentó que esta situación se da cuando los afectados o las afectadas resisten el acoso inmobiliario, por lo que los arrendadores, que en este tipo de casos suelen ser multiarrendadores, deciden pasar a la criminalización del inquilino.

«Vienen particulares y acusan a los inquilinos de invasores. Para sacar al inquilino por la vía civil, tienen que ir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), y deben demostrar que el inquilino ha incumplido, que ha dejado de cancelar o que el arrendador es un pequeño propietario y necesita recuperar su vivienda; pero no lo son, sino que son multiarrendadores, dueños de un edificio, dos, tres, cincuenta edificios; o una administradora, que tiene intereses mercantiles y no quiere ir a un tribunal porque puede ser que pierda, y si gana la demanda entonces se tiene que hacer el procedimiento donde el inquilino tiene que ser reubicado; entonces, para no hacer eso, criminalizan y dicen que el inquilino es un delincuente», describe.

Al ser consultado sobre cómo hacen los arrendadores para criminalizarlo y decir que el inquilino es un delincuente, un supuesto invasor, señaló que por ejemplo no le aceptan los cánones de arrendamiento, para hacer creer que el inquilino es un moroso. «A veces presionan para cualquier cosa, o para que haya violencia en la situación. Y entonces, bueno, van a la Fiscalía, manipulan el sistema, porque dicen: ‘Mira, esta persona es invasora’. ¿Qué hace la Fiscalía? Manda a un órgano auxiliar, que es una policía que por ejemplo, no maneja cuál es la situación de los inquilinos.  Entonces, cuando va un policía a la vivienda de un inquilino, este se ve aterrado; entonces el inquilino tiene que defenderse. Puede ser que no tenga para pagar un abogado y le asignen un defensor público. Desde ahí pasa por todo lo que puede pasar una persona en un proceso penal y a veces se ve tan presionado que la parte acusadora le insiste como para que no se vaya a juicio, entonces tienen que abandonar la vivienda. Y así logran que abandonen la vivienda. Eso es lo que viene sucediendo».

¿Cuántos casos de terrorismo judicial tienen registrados?

-Entre de 10 y 20 situaciones, que pueden ser edificaciones, por ejemplo; o sea, que son un poco más de familias. Por ejemplo, está el edificio Residencias Cori; también hay otros edificios, uno en La Guaira en el que también están siendo criminalizados.

Edificio Cori: Caso emblemático

Rigel Sergent, quien forma parte del Movimiento de Inquilinas e Inquilinos, narró que un caso emblemático de terrorismo judicial, es lo que sucede en el edificio Residencias Cori, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, Caracas, en donde varias familias han sido desalojadas arbitrariamente y otras son acosadas para que abandonen las instalaciones. Los arrendadores tratan a los inquilinos como supuestos invasores con el objetivo de manipular el sistema judicial y lograr su desalojo forzoso.

Remarcó que este edificio tiene décadas, incluso antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, en 1999, en situación de alquiler. Contó que quienes lo alquilaron tenían buena relación con las familias, «mueren estas personas, porque estos edificios a veces son tan antiguos como sus dueños; entonces los herederos agarraron y ahora no quieren reconocer a los inquilinos, entonces los denuncian».

Señaló que los afectados poseen los contratos de arrendamiento, así como facturas y otros documentos que demuestran el carácter legal de su permanencia en el edificio. También describió que hay algunos que no tienen contrato de arrendamiento a su nombre, sino de otra persona; es el caso de una muchacha que el documento está a nombre de su expareja, «porque generalmente a veces lo hacen así, lamentablemente por el tema del machismo. Se divorcian, se va la pareja, y queda ella allí. Bueno, a ella no la quieren reconocer, por ejemplo, y es inquilina. Entonces ellos empiezan a criminalizarlos».

Sergent, quien lleva más de un año denunciando los atropellos que sufren inquilinos e inquilinas en esa residencia, describió que una forma como vienen criminalizando a las víctimas, «es decir que en el edificio hay una invasión. Se lo colocan en un letrero, colocan cámaras, les cortan los servicios. A ese edificio, por ejemplo, le despojaron de la bomba de agua, no tienen agua con la excusa supuestamente de que los inquilinos dañaron la bomba, cosa que es falsa. Le colocaron un grupo que casi podríamos decir es paramilitar, supuestamente una guardia de seguridad, pero ejerce violencia sobre las familias. Por ejemplo, la otra vez la alcaldía llevó una cisterna por el tema del agua y no permitieron la entrada de la cisterna, le cambiaron la cerradura. Le abren a quien les da la gana».

Entre las aristas que preocupa al diputado e ingeniero sobre este caso, está por ejemplo lo que hicieron quienes mantienen el acoso contra los inquilinos, a finales de marzo 2023, cuando expusieron a un joven con condición especial.

«Un hombre joven, de treinta y pocos años, tiene algunas condiciones con respecto al tema intelectual, de su salud, etcétera, y lo empiezan a provocar para que se pusiera violento. Lo colocan, lo suben en las redes para decir que él es violento, sin explicar que el compañero tiene una condición especial».

Señaló además que los propietarios habrían dicho en Fiscalía que los apartamentos estaban invadidos por personas desconocidas, las cuales no tienen contrato de arrendamiento. «Esto fue una afirmación, por ejemplo, que hicieron en la Fiscalía trigesimoséptima del Ministerio Público. Y con eso empieza el proceso que les decía de terrorismo judicial, o sea, no reconocen a las personas que tienen años viviendo allí porque, bueno, los propietarios anteriores, sus padres, murieron, y entonces ahora ellos no los quieren reconocer».

Un edificio para ir contra Maduro

Denunció que hay personas vinculadas a la derecha, entre ellas periodistas, que se encargan de crear y aupar la matriz de que supuestamente estos inquilinos son invasores. «Colocan en las redes sociales que este edificio es una invasión (…) que las familias que viven allí son invasoras sin ni siquiera hacer una investigación. Eso es parte también del terrorismo de la criminalización y del acoso inmobiliario».

Remarcó que el caso de este edificio también está siendo usado como punta de lanza de una campaña internacional para agredir al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y a la Revolución Bolivariana.

«El caso de este edificio ha salido en diarios internacionales o medios internacionales de la derecha, en Colombia, en una televisora alemana; han tratado también de articularlo con la Unión Europea. ¿Para qué? Bueno, para decir que el presidente Nicolás Maduro está en contra, está atentando contra la propiedad privada, eso que también le decían al Comandante  Chávez. Incluso dicen que este edificio está expropiado y ni siquiera está expropiado, nada qué ver. Forma parte de esa campaña, especialmente ahorita, como viene el proceso electoral, ese edificio está siendo utilizado para hacer una campaña contra las leyes de la Revolución y contra el presidente Nicolás Maduro y contra toda la protección que hay en la República con respecto al tema del derecho a la vivienda», señaló.

¿Y qué quieren hacer los propietarios con ese edificio?

-Seguramente convertirlo en un edificio comercial, que sea una oficina de comercio, para tener mayor lucro. La vivienda tiene un interés social, la residencia tiene mayores protecciones; entonces, con un comercio sí pueden cobrar en dólares, sí pueden, por ejemplo, hacer un intercambio por un año (…). Tener mayores rentas, que no pueden tener con la situación actual. Seguramente eso.

¿Cuántas familias viven ahí?

-El inmueble tiene 15 apartamentos y actualmente quedan 9 familias, porque han desalojado a 6. Desalojaron a un médico mientras estaba en el Hospital Vargas haciendo guardia. Le cambiaron la cerradura. En su apartamento metieron a un funcionario policial; eso forma parte del terrorismo judicial. Este funcionario policial seguramente también tiene una necesidad, pero que te metan un policía cuando está sucediendo todo esto es muy fuerte. Incluso han caído en temas de xenofobia. Están incluso propiciándola. De las 9 familias hay venezolanos en su mayoría, pero también hay descendientes de la Patria Grande, de Latinoamérica, del Medio Oriente. En las redes sociales están haciendo una campaña por su nacionalidad, cosa que es muy peligrosa, porque al final están cometiendo delito de odio por condiciones raciales y políticas también, porque, bueno, también hay señalamientos hacia uno por ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Al ser consultado de si habría la posibilidad de reubicar a estas familias en casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, apunta que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, plantea cómo resolver en estos casos. Sin embargo, señala: «Nosotros hemos logrado, gracias también a la articulación que se ha tenido con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, directamente con el ministro Ildemaro Villarroel, con el movimiento de inquilinos, se han logrado en algunos casos reubicar a inquilinos en la Gran Misión Vivienda Venezuela (…). Hay casos en los que se puede llegar a un acuerdo en términos de plazo, y bueno, las personas pueden encontrar, como te decía, otro alquiler».

Agrega que la referida norma establece los mecanismos de cuándo los propietarios tienen que hacerle el ofrecimiento en venta.

«La ley hace dos tipos de tratamiento, el tema de lo que es un pequeño propietario y lo que es un multiarrendador. En el caso del pequeño propietario, que necesita recuperar su vivienda, la ley establece un mecanismo. Uno de esos es establecer instancias de conciliación, un proceso administrativo. Ese proceso administrativo se lleva en la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, instancia que se ha reactivado con mucha potencia en el último año (…). Entonces, el inquilino de un pequeño propietario, se ha logrado en la Sunavi, sin un juicio, sin ni siquiera un proceso judicial, y en donde el inquilino siempre reconoce la propiedad del propietario, reubicar a estas personas (…) pero contrario a estos edificios que son los que nosotros llamamos de vieja data, que son edificios de multiarrendadores, que fueron construidos en la década de los años ’60, que los propietarios no los necesitan para vivir sino que lo tienen como una mercancía que les produce rentabilidad, bueno, la ley (…) plantea que estos propietarios deben ofrecer en venta estos inmuebles. Entonces, en este caso, un inmueble que tiene 15 apartamentos, debe ser ofertado a sus inquilinos. Y esto es lo que ellos no quieren».

Apoyo de la Comisión para la Revolución del sistema judicial

El diputado a la Asamblea Nacional indicó que están tratando de hacer lo posible para presentar estos casos de criminalización judicial a la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia, instancia creada el 21 de junio de 2021 por el jefe de Estado Nicolás Maduro, y que preside el actual presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Diosdado Cabello.

Argumentó que esta misión no nació solo para acabar con el retardo procesal, sino también para combatir, como se está haciendo desde la instancia legislativa, la cultura capitalista, individualista y de corrupción que aún persiste, flagelos que dejan víctimas en el sector más vulnerable, los pobres.

Resaltó que, a su juicio, hay inquilinos a quienes se les viola su derecho a una vivienda cuando pasan por el acoso inmobiliario o la criminalización judicial.

En ese marco señaló que siguen recabando información sobre los casos, para presentarlos ante la Comisión Especial de la Revolución del Sistema de Justicia. «Por ejemplo, ¿por qué las familias del edificio Cori tienen que presentarse a los tribunales mientras no se ha tomado alguna medida, mientras ocurre el juicio?, es una cosa que tenemos que revisar. Por cierto, en este mismo caso la Fiscalía planteó sobreseimiento, porque no encontraron elementos para decir que había un delito de invasión, y lamentablemente el Tribunal de Control siguió el proceso», denunció.

El 8 de febrero de este año, el Movimiento de Inquilinos e Inquilinas, y otras organizaciones de vivienda, en un comunicado saludan el acercamiento que habían tenido con el Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas «para la revisión de casos judicializados penalmente a familias inquilinas, trabajadoras residenciales y poseedores precarios, como parte de un uso del sistema de justicia por particulares (algunos ligados a sectores inmobiliarios), que realizando un fraude a la ley, han criminalizado a familias para evadir de esta forma los procedimientos civiles y administrativos que establece nuestro marco jurídico».

Arrendamientos seguros

La seguridad y protección de inquilinos e inquilinas están presentes en las políticas de acción del gobierno nacional. En junio de 2022, el jefe de Estado Nicolás Maduro, designó al vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado, al frente de la coordinación de un programa de protección para familias que “estén siendo amenazadas o abusadas con aumentos ilegales del canon de arrendamiento”. En esa oportunidad instruyó la búsqueda de 350 viviendas “para tenerlas de colchón de apoyo para familias que la necesiten de manera urgente”, acción que se desprende de la propuesta del Plan de Vivienda Transitoria elevada por el Movimiento de Pobladores y Pobladoras.

Sergent indicó que la Sunavi está trabajando para generar un plan de arrendamiento seguro, «tanto, por ejemplo, para los pequeños propietarios, pero también para los inquilinos, donde los inquilinos también puedan tener otras opciones».

Agregó: «Si tú eres un pequeño propietario y tienes una vivienda vacía, ¿cómo establecemos un mecanismo que garantice que tú, cuando quieras recuperar tu vivienda, la puedas recuperar rápidamente? Allí la Sunavi está haciendo algunas propuestas para que ese pequeño propietario tenga la garantía de recuperar su vivienda en un tiempo cuando la quiera recuperar».

Dio a conocer que una de las propuestas que tiene como integrante del Movimiento de Inquilinos e Inquilinos, es ver si la Inmobiliaria Nacional podrá alquilar algunas viviendas, que esta adquiera a través del mercado secundario para garantizar el arriendo seguro. Señaló que a través de esta instancia, que depende del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, se podría tener un parque de viviendas para alquiler. «Eso generaría un arriendo seguro, ¿no? En ese caso, por ejemplo, podría ser el arriendo seguro para inquilinos, inquilinas, familias jóvenes, etcétera, que están buscando una vivienda. Y, si el Estado es el que está arrendando, entonces, sabes que esa persona no te va a cobrar un sobrealquiler y no te va a desalojar por fines mercantiles», remarcó.

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