La voz de los inquilinos de Cruz Verde: «Tenemos pruebas de que no somos invasores» (Ver video)

VEA / Carlos A. Batatin

En menos de un año 23 familias que viven alquiladas en una casa de tres (3) plantas, ubicada entre las esquinas de Pájaro a Zamuro, sector Cruz Verde, parroquia Santa Rosalía, volvieron a enfrentarse por cuarta vez a una situación de intento de desalojo. En esta oportunidad por una medida judicial emanada por el juzgado 20. En el momento en que se pretendía llevar a cabo la acción solo estaban presentes 18 mujeres con sus hijos.

El lunes 14 de octubre, en horas de la mañana, la jueza que lleva la causa, acompañada de unos 80 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron al lugar. En ese mismo instante Josefa Salazar, de 68 años de edad, se encontraba cuidando a una de sus hijas en estado delicado de salud. «Me enteré por el grupo de whatsapp que a todos los que vivimos aquí nos querían sacar. No me quedó otra cosa que salir corriendo para defender mis derechos».

En entrevista ofrecida a Diario VEA relata que «fui la única residente a quien le sacaron todos los enseres a la calle. En honor a la verdad viví una situación horrible. Se me subió hasta la tensión. Le pido a las autoridades que nos ayuden en este caso. No somos invasores y tenemos cómo sustentarlo».

De acuerdo con relato de Venancio Álvarez, quien es vocero de la casa número 58 y en representación de las 23 familias que allí residen, argumentó que tras casi siete (7) horas de mediación de los diputados Rigel Sergent, Carmen Zerpa y un funcionario del Gobierno de Distrito Capital (GDC), con representantes del Poder Judicial, se logró suspender la acción emprendida por el juzgado 20.

Especifica que en ese inmueble hay familias que tienen viviendo hasta 30 años «por cuya razón le pedimos al Estado que intervenga contra ese acoso y terrorismo judicial por parte de una jueza y otros fiscales, quienes han pretendido desalojarnos en cuatro (4) ocasiones».

Álvarez agregó: «Han venido cuatro (4) veces y en cada una de ellas ha prevalecido la inconsistencia en la medida como tal. También le han negado a nuestro abogado tener acceso a los expedientes por cuyo motivo pretenden desalojarnos».

Sobre la propiedad dice que originalmente era de una persona identificada como Olys Peña. «Él, en 2006 la vende a Pedro Alonso Borroto, dueño por cierto de casi todos los hoteles y burdeles que existían en esta zona. Finalmente en agosto del año pasado la negocia con el comerciante Mohama Adul Mansul, quien tiene más de 50 locales en el Distrito Capital y solo en esta calle ha comprado cuatro (4) propiedades».

Mencionó que Alonso Borroto antes de irse a Estados Unidos, a Miami específicamente, «solicitó la medida contra las 23 familias conformadas por 23 adolescentes, siete (7) adultos mayores, 18 mujeres y una persona con una condición especial. Él salió de Venezuela antes de las elecciones presidenciales».

Mélida García tiene 25 años habitando la casa número 58. «Tenemos documentos que demuestran que entramos a vivir aquí de manera legal y están firmados por el primer encargado de nombre Bruno Freitas. Luego comenzamos a pagar el alquiler directamente al tribunal por algunos inconvenientes de carácter personal que se presentaron con esa persona».

Relató que el día que intentaron desalojarla se sintió «muy mal». Contó además que los querían «hacer firmar un documento donde aseguraban que ya «teníamos asegurado supuestamente un hotel (…) Luego también nos pidieron que firmáramos otro para dejar constancia de que salíamos pacífica y voluntariamente. Luego tomaron las cosas de la señora Josefa Salazar y las sacaron para la calle para montarlas en uno de los camiones».

Señaló que cuando derribaron la puerta a la fuerza con soplete y entraron las autoridades «a mí y a otras personas de la tercera edad se nos subió la tensión. Una de ellas casi de desmayó al ver a tantos policías para desalojarnos. Uno de ellos me quería sacar a la fuerza e insistía en que yo era una abusadora y que tenía que firmar a juro».

Durante la realización del presente trabajo periodístico, todos los presentes agradecieron la intervención de los diputados Rigel Sergent y Carmen Zerpa, «también a todos aquellos que hicieron posible detener el desalojo».