Llamado internacional por la libertad de Mauricio Hernández Norambuena, preso político de la dictadura chilena

VEA

 El Comité Internacional por la Vida y Libertad de Ramiro, se dirige a todos aquellos que se comprometen con la construcción de un nuevo Chile con justicia social, dignidad y sin impunidad; a las organizaciones de la sociedad civil; a los sindicatos; a los trabajadores de la cultura; a los activistas por los derechos humanos y a figuras públicas, para sumarse a esta campaña de recogida de firmas por la libertad de Mauricio Hernández Norambuena.

También conocido como «Comandante Ramiro», Mauricio comenzó su militancia en las Juventudes Comunistas chilenas a los 14 años. En 1984 se integró al «Frente Patriótico Manuel Rodríguez» (FPMR), una organización de lucha armada formada por el PC para provocar la caída de la dictadura. El 7 de septiembre de 1986, dirigió una de las cuatro unidades del FPMR que intervinieron en el atentado contra Augusto Pinochet, pero este es solo un ejemplo de la incesante lucha que libraría, arriesgando su vida, para resistir a la dictadura cívico-militar.

En 1991, el llamado gobierno de «transición democrática», puesto bajo la tutela del general Pinochet como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, informó de que se haría justicia «en la medida de lo posible»: Muchos presos políticos de la dictadura permanecieron en prisión mientras los autores de crímenes contra la humanidad quedaron impunes. La Dirección Nacional del FPMR, de la que formaba parte Mauricio Hernández, lanzó la «Campaña por la Dignidad Nacional – NO A LA IMPUNIDAD». En este contexto, el senador de la UDI (Unión Demócrata Independiente) Jaime Guzmán, ideólogo del régimen de Pinochet y autor de la actual Constitución chilena, fue ejecutado. Poco después, Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, órgano de prensa de la dictadura, fue secuestrado antes de ser liberado, sano y salvo, previo pago de un rescate.

 En 1993, el Comandante Ramiro fue detenido y juzgado por estos hechos. El juicio se realizó con un único juez, conocido por su cercanía al régimen militar, y quien lo condenó a doble cadena perpetua en aplicación de la muy controvertida ley antiterrorista, instaurada bajo la dictadura. El 30 de diciembre de 1996, Mauricio se fugó de la Prisión de Alta Seguridad (CAS) en helicóptero, junto a otros tres militantes del FPMR.

 Obligado a vivir en la clandestinidad, Mauricio Hernández se implicó en una lucha internacionalista en apoyo a la guerrilla colombiana del ELN, por lo que fue detenido en Brasil en 2002 y condenado a 30 años de prisión. Fue puesto en prisión preventiva en abril de 2003 debido a la solicitud de extradición presentada contra él por el gobierno chileno. A raíz de esta solicitud de extradición, fue sometido, durante los 17 años siguientes, a un régimen penitenciario extremo, consistente en la incomunicación total (23 horas al día), condiciones de detención que el Derecho Internacional de Protección a los Derechos Humanos considera constitutivas de tortura.

Una serie de negociaciones secretas entre los gobiernos de Jair Bolsonaro, en Brasil, y Sebastián Piñera, en Chile, lideradas por una coalición que incluye a la UDI, fundada por Jaime Guzmán, dan como resultado la extradición de Mauricio Hernández el 19 de agosto de 2019. Para tener en cuenta las exigencias de la justicia brasileña, sus dos cadenas perpetuas se reducen a un total de 30 años de prisión. Pero la justicia chilena se niega a descontar de esta condena los 16 años de prisión preventiva que pasó en Brasil durante el tiempo que se conoció la solicitud de extradición.

 La situación carcelaria del «Comandante Ramiro» está ahora en manos de la Gendarmería de Chile, que depende directamente del Poder Ejecutivo y más precisamente del Ministerio de Justicia, encabezado por Hernán Larraín, un exsenador de la UDI cuyo mentor fue Jaime Guzmán.

 Al igual que en Brasil, permanece en régimen de aislamiento, primero en la Sección de Máxima Seguridad de la «Unidad Especial de Alta Seguridad» (UEAS) de Santiago y, desde el 6 de junio, en el módulo de máxima seguridad del complejo penitenciario de Rancagua, una cárcel de gestión privada donde las condiciones de detención son aún más rigurosas. Es decir que lleva casi 20 años recluido en aislamiento extremo y bajo la vigilancia constante de dos gendarmes de los servicios especiales, que le acosan y hostigan constantemente, y le castigan regularmente si reacciona a sus provocaciones.

El INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y la orden del Colegio de Médicos, consideraron que sus condiciones de detención en Brasil y posteriormente en Chile correspondían a la definición de “tortura y trato cruel, inhumano y degradante, y excedían los límites permitidos por el ordenamiento constitucional del país y por el derecho internacional de los derechos humanos”. Ya en octubre de 2019, estos dos organismos insistieron en la necesidad urgente de modificar sus condiciones de detención, tal y como solicitó en noviembre de 2020 la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en una carta a las autoridades chilenas que quedó sin respuesta.

Luego de haber interpuesto infructuosamente múltiples recursos judiciales, la defensa de Mauricio logró finalmente, el 22 de marzo de 2021, que un juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, ordenara su traslado fuera de la sección de máxima seguridad, sobre la base de los daños a su integridad física y psicológica causados por las condiciones de detención en las que se encuentra. Pero el 29 de marzo, Gendarmería recusó esta decisión. Al mismo tiempo, intensificó sus amenazas, hostilidades y provocaciones contra Mauricio, llegando a imponer una nueva sanción, sin informar a su defensa, por hechos y comentarios fabricados completamente.

El 1° de junio, en una decisión jurídicamente cuestionable y de clara orientación política, la Corte de Apelaciones de Santiago dio la razón a los argumentos de Gendarmería, poniendo fin a toda esperanza de que Mauricio Hernández cumpliera su condena en un régimen penitenciario normal y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas. Seis días después, fue trasladado, sin que su familia ni sus abogados lo supieran, al Complejo Penitenciario de Rancagua, donde deberá soportar, además del aislamiento carcelario, los rigores de una gestión privada totalmente deshumanizada.

Mauricio Hernández Norambuena es un prisionero político, encarcelado por sus convicciones y por luchar contra la dictadura y su Constitución. Una Constitución que ha perpetuado la injusticia e impunidad y que está próxima a ser eliminada.

¡Exigimos la liberación de Mauricio Hernández Norambuena,

al igual que la de todos los presos políticos de Chile!

Para suscribir este comunicado, pueden ingresar al siguiente link: https://forms.gle/9Qr6k3BL3XVz9inw6