Más de 700 extrabajadores de Prourca solicitan a TSJ celeridad ante caso de pasivos laborales

VEA / Carlos Batatin

Más de 700 extrabajadores de la empresa Promociones Urbanas de Caracas, C.A (Prourca), la cual fue asumida desde el año 1996 por la Alcaldía de Caracas le solicitan a los integrantes de la Sala de Casación Social, con competencia en el área laboral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), celeridad al caso presentado por ellos ante la violación de la firma del acta convenio suscrita entre los afectados y esa instancia municipal.

De acuerdo con las declaraciones de Bladimir Colmenares, vocero de los extrabajadores, el pasado 7 de mayo introdujeron un documento ante la mencionada sala del TSJ para exigir que se cumpla el convenio suscrito durante el año 1996. «Al no recibir respuesta definitiva consignamos otro pedimento el 26 de septiembre del presente año para que se realice una reunión con disposición de resolver la obligación con los trabajadores despedidos en el período 1996-1997», indicó.

Para ese entonces la alcaldía estaba bajo la responsabilidad del actual prófugo de la justicia venezolana, Antonio Ledezma, mientras que la empresa Prourca se dedicada a la administración de transporte popular y los servicios y mantenimiento del Cementerio General del Sur.

Los detalles los ofreció durante una visita a la redacción de Diario VEA agregando que posteriormente presentaron un tercer escrito el pasado 31 de octubre. Colmenares especificó que no se han cumplido ninguna de las cláusulas del acta convenio celebrada el 8 de agosto de 1996. «En esa oportunidad, la alcaldía se comprometió a cancelar los salarios caídos, continuidad laboral y cualquier otro derecho contenido en la Providencia Administrativa número 108-94, como consecuencia de las contrataciones colectivas y normas laborares dejadas de pagar por la empresa Promociones Urbanas de Caracas, CA».

Al referirse al incumplimiento de las cláusulas resalta que la segunda establece la obligación de pagar a todos los trabajadores las prestaciones sociales dobles, los intereses sobre las prestaciones sociales, vacaciones cumplidas y fraccionadas, bono vacacional y post vacacional como consecuencia del cierre de operaciones y liquidación de Prourca.

La tercera disposición obliga a pagar una bonificación, conjuntamente con la liquidación, a fin de cubrir cualquier pasivo laboral que haya dejado de pagarse ajeno a la liquidación.

La cuarta cláusula: La Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Federal, se obliga y así lo declara a otorgar y publicar en la respectiva Gaceta Municipal las jubilaciones de los trabajadores . de acuerdo a lo establecido por las Ordenanzas Municipales en esta materia, para que los obreros y empleados para tal efecto por la empresa Prourca».

La quinta obligaba a cancelarle y cumplir con los trabajadores, los conceptos y obligaciones contraídos en esa acta convenio , en la segunda quincena del mes de enero de 1997, comprendida esta desde el día 16 de enero al 31 de ese mismo mes.

Con documentos en mano el representante de los afectados relata que en la sexta establece la obligación de la alcaldía de Caracas «a otorgar a través del Instituto Municipal de Crédito Popular, los créditos correspondientes a vehículos para taxis y rústicos constituidos por jeep, a aquellos trabajadores que forman parte de una lista que es parte integrante de esta acta convenio».

La séptima cláusula incumplida de acuerdo con lo expresado por Bladimir Colmenares, está relacionada a que está obligada a promover, fundar y otorgar los créditos para el programa de apoyo a las micro empresas, según lo dispuesto en la Ordenanza sobre Procedimiento Especial de Calificación e Inspección de micro empresas, con los trabajadores que en virtud del proceso de cierre de operaciones y liquidación de Prourca, quieran reintegrarse a las Fuerza Productiva de trabajo.

Tras lo expuesto Colmenares también deja claro que el Ejecutivo nacional «ejecutó dos (2) pagos parciales, uno en el mes de diciembre del 2023, el otro en el mes de enero del presente año. Sin embargo, en ese listado de cancelación no aparecen todos los trabajadores. Se deben agregar el resto de los trabajadores y concluir con el finiquito de esta deuda indubitada, insoluta, es la deuda principal». Sobre este punto argumenta que en el proceso de cancelación no se consideró el tiempo de prestación de servicio de cada trabajador sino que todos recibieron la misma cantidad.

También asegura que las respectivas autoridades deben tomar en cuenta que «el año pasado por este lapso de tiempo comenzaron a gestionar el pago parcial que se hizo en el mes de diciembre del año 2023, y si esto no va ser solucionado en el resto del año exigimos se hagan los tramites para que se ejecute otro adelanto de nuestros derechos por los beneficios que nos corresponden».

Mientras ofrecía otros pormenores mostró documento firmado por el sindico municipal Rafael Yovera Pinto, el 21 de julio del año 2004, mediante el cual se asegura que la junta liquidadora de Prourca, » pese a haber recibido los recursos económicos necesarios para cumplir dicho compromiso, específicamente la cantidad de un mil ochocientos millones de bolívares (Bs. 1.800.000.000), según decreto número 32 publicado en la Gaceta Municipal Extra número 1.643 de fecha 21-01-97, incumplió con el pago de los pasivos laborales acordados en el acta de fecha 30-13-96, todo lo cual deberá dar lugar a la apertura de una averiguación administrativa, a los fines de establecer las responsabilidades a que hubiera lugar».

En ese sentido, agrega el mismo escrito que la alcaldía del municipio Libertador le corresponderá asumir el compromiso acodado con los extrabajadores de Prourca, mediante el acta convenio de fecha 30-12-96.

Otro de los aspectos resaltado por Colmenares es la situación de salud en que se encuentran algunos de los extrabajadores que aún están a la espera de su jubilación . «Por ejemplo, Yuraima Blanco, se encuentra en fase preoperatoria de cadera y fémur, además tiene un hijo que sufre de esquizofrenia. Guido León, presenta discapacidad tras haber sufrido un ACV. En iguales condiciones también están Nicasio Sojo, José Alberto Navas Indira Castellano. La esposa del compañero Miguel Zambrano, quien se encuentra postrada en cama. Subdelis Palacio, fue operada del cerebro y tiene lesiones en la columna vertebral. Douglas Erausquin, con discapacidad en ambas rodillas, por mencionar algunos de los casos, dijo.