Ministerio Público investiga a Bukele y funcionarios de El Salvador por torturas contra venezolanos
Aparecen como responsables de los delitos cometidos contra los 252 venezolanos secuestrados en el Cecot. Fotocaptura.
VEA / Yonaski Moreno
El Ministerio Público inició una investigación formal al presidente de El Salvador Nayib Bukele, y otros funcionarios del país centroamericano, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los 252 venezolanos que permanecieron secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) hasta el pasado viernes 18 de julio.
Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, destacando que Bukele, así como Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, y Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, están incursos en los delitos de privación ilegítima de libertad, tortura sistemática y trato inhumano o degradante, desaparición forzada y asociación para delinquir.
«Están incursos en estos delitos que estamos investigando y aparecen como los responsables, según la investigación preliminar que tenemos de todos estos hechos», indicó en rueda de prensa.
De acuerdo a Saab, participan en las indagaciones tres (3) fiscales con competencia nacional, vinculados a las divisiones de Derechos Humanos, Delincuencia Organizada y Contra Delitos Comunes. También se realizó un abordaje con investigadores, médicos, profesionales forenses, quienes practicaron 25 reconocimientos médicos legales físicos, evidenciándose lesiones como equimosis, zonas eritematosas, contusiones edematizadas como moretones y quemaduras, escoriaciones, lesiones sicatrizantes de resiente y antigua formación, entre otras.
También se pudo recabar indicadores de afectaciones emocionales y mentales, algunas de carácter grave, relacionadas con la situación vivida. Se evidenciaron síntomas relacionados a traumas y estrés, con diagnóstico con trastorno de estrés agudo, reacción aguda al estrés e ideaciones suicidas.
En total se recabaron 123 denuncias documentadas de los repatriados, precisó Saab.
Por otra parte, hizo un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI), al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los organismos correspondientes para que también investiguen el actuar de los tres altos funcionarios y cualquier otro que aparezca involucrado en las investigaciones.
Resaltó que, para abrir esta investigación «tenemos el estatus legal que nos da la Convención contra torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas e incluso el propio Estatuto de Roma, a parte de lo que establece la Constitución venezolana».
Durante su intervención, Saab señaló que no hubo un solo día en que los 252 venezolanos no fueron brutalmente torturados.
