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La Organización de Estados Americanos (OEA) no logró aprobar este miércoles una resolución contra el proceso electoral venezolano por falta de votos y consenso en su seno.

El organismo regional, del que Venezuela no forma parte desde 2019, votó para emitir una declaración injerencista contra las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio, en las que resultó reelecto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros; sin embargo, la abstención de muchos países y la ausencia de otros no logró el objetivo de la OEA.

Tras más de cinco horas de negociaciones a puerta cerrada, se sometió a votación una resolución sobre Venezuela que contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, de manera que no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano necesario para ser aprobado.

El Consejo Permanente de la OEA celebró la reunión extraordinaria en el salón Simón Bolívar de la sede en Washington, Estados Unidos, para “abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela”.

La sesión se realizó a pedido de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Entre las abstenciones notables se encuentran las de Brasil, Colombia y México; así como muchas naciones del Caribe.

La sesión extraordinaria de la OEA discutió los siguientes puntos:

1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.

2. Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: a) publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial; y b) como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales.

3. Declarar que es una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias.

4. Resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.

5. Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela, solicitando al Gobierno que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“Derecha extremista quedó colgada”

Por su parte, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, afirmó en una publicación en X que “la derecha extremista quedó colgada nuevamente de la brocha de la conspiración”.

“No es la guerra de actas en las redes sociales la que definirá lo ocurrido el 28J. No es Elon Musk. No es una web la que dirá lo qué pasó”, enfatizó.

Castillo aseveró que ahora todos los involucrados: CNE, candidatos e instituciones deben acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y llevar sus pruebas, evidencias y sus versiones del proceso electoral del domingo.

“Se investigará, se cotejará, se analizará TODO, TODO”, recalcó, asimismo subrayó que la Sala Electoral del TSJ “dirá la palabra final”.

“¿Decían que querían reinstitucionalizar el país, rescatar la democracia? Pues ahora tiene una oportunidad extraordinaria para demostrarlo”, cerró su publicación.

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