¡Justicia por masacre de Yumare! Primera condena a través de juicio

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Pena de 17 años para Berman José Vega es un hecho histórico, considera abogado Víctor López. Foto internet

VEA / Carlos A. Batatin

El 8 de mayo se cumplieron 38 años de la masacre de Yumare, en cuya acción  funcionarios de la desaparecida Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) asesinaron a mansalva a nueve (9) personas simulando un supuesto enfrentamiento. Desde ese entonces solo tres (3) del total de los homicidas han sido llevados a prisión, el último de ellos, Berman José Vega,  quien hace una semana fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión.

Sobre esta medida judicial relató  el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta Instagram del Ministerio Público (MP), que luego de la acusación presentada por su despacho el pasado lunes 21 de octubre, Vega fue condenado por la comisión del delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, por motivos fútiles e innobles, en grado de complicidad correspectiva.

De acuerdo con lo argumentado por el  titular del Ministerio Público, el 8 de mayo de 1986 fueron ejecutados extrajudicialmente Dilia Rojas, Nelson Castellanos, Ronald Morao, José Silva, Simón Romero, Luis Guzmán, Rafael Quevedo, Alfredo Castillo y Pedro Jiménez, quienes pertenecían a una corriente política de izquierda nacionalista que defendía el pensamiento de Simón Bolívar, denominada Corriente Histórico Social.

Los funcionarios de la DISIP  lograron infiltrarse dentro de ese movimiento. Irrumpieron en una reunión que se estaba realizando  en el caserío La Vaca, en el estado Yaracuy. Todos los participantes fueron detenidos, torturados, luego ejecutados con tiros de gracia y de metralla. Posteriormente  sus cuerpos fueron vestidos con ropa militar para simular un enfrentamiento.

Juicio histórico

Para conocer más detalles sobre el juicio contra Berman José Vega  Diario VEA entrevistó al abogado defensor de los familiares de las víctimas, Víctor López, quien precisó que en esta ocasión,  la tercera más reciente, “es la primera condena en juicio; es histórico porque a través de la evacuación  probatoria se pudo determinar que no se trató de guerrilleros sino de civiles que fueron llevados al lugar de los hechos y vilmente asesinados, en el marco de una política de exterminio contra cualquier militante de la izquierda bolivariana, entre los años 1958 y 1998”.

Señaló que Natalí Castellano, una de las hijas de Nelson Castellano, «pidió que se aplicara todo el peso de la ley  y lamentaba que muchos de los familiares no estuvieran vivos para observar cómo se hacía justicia luego de 38 años».

En cuanto a los otros dos exfuncionarios, narró el experto en leyes y quien ha estado al frente de este caso desde el inicio de la audiencia preliminar, que “el primero de ellos fue Alexis Sánchez Paz, quien para ese entonces era coronel de la denominada Fuerza Armada Nacional, quien estaba a cargo del Teatro de Operaciones Número 5  (TEO5), en Yumare, estado Yaracuy; este exefectivo militar admitió los hechos y fue condenado”. Mientras que el segundo responde al nombre de Ramón Celestino Rojas, exagente de la policía política; fue llevado a prisión luego de haber admitido su participación en la masacre.

El abogado defensor indicó que en el marco de la averiguación, él realizó un recorrido histórico, político y jurídico. “Se logró determinar científicamente que los cuerpos tenían evidentes signos de tortura, las autopsias comparadas con las exhumaciones así lo demostraron; en el caso de Nelson Castellano quedó demostrado que estando con vida recibió un disparo con arma de gran potencia en la boca; Luis Guzmán Green recibió un disparo en la nuca; Alfredo Caicedo recibió seis impactos, en el cráneo todos”.

Durante la realización de la entrevista vía Whatsapp afirmó que también quedó demostrado que todos los cadáveres tenían disparos en la cabeza o tiros de gracia. «Con unos se ensañaron más que con otros; a Dilia Rojas le vaciaron los senos; a Simón Romero Madrid, quien tocaba guitarra, le cortaron las manos».

«La intención siempre fue la de matarlos porque tenían dos (2) años infiltrados, y el lugar de la concentración fue indicado por los mismos infiltrados, incluso cuatro (4) de los masacrados no llegaron al lugar porque fueron privados ilegítimamente de libertad antes de llegar a la concentración política, luego de torturarlos y asesinarlos los vistieron con ropa militar sobre la civil, y a pesar de que los cuerpos presentaban múltiples impactos y orificios los uniformes no tenían perforaciones».

Los otros asesinos

Durante el juicio, el abogado representante de las víctimas  solicitó un  seguimiento al estatus de las órdenes de aprehensión para los demás involucrados. “El excomisario Henry López Sisco, según lo refiere el informe presentado por la Comisión por la Justicia y la Verdad, rendido en 2017, está relacionado con múltiples hechos, entre ellos la masacre de Cantaura, y El Amparo, así como lo que ha aparecido en medios impresos, radio y televisión, referido a los ataques a la Corte Suprema de Justicia, entre otros”. Agrega  que inicialmente fue imputado pero luego huyó a Costa Rica, donde reside actualmente.

Orden de aprehensión

Aún siguen vigentes las órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público por la masacre de Yumare. Por este caso tienen orden de detención los exfuncionarios Raúl Yohan Fernández, Oswaldo Alexander Ramos, Eugenio Rafael Creazzola, Freddy Alí Granger, Aníbal José Adán Quero, Alexis Ramón Sánchez, Williams Mauricio Prado y Henry Rafael López Sisco.

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