Represión policial sigue latente en Perú contra los manifestantes

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La Fiscalía peruana ha iniciado 18 investigaciones por lesiones de personas en el contexto de las manifestaciones. Foto Internet

VEA / RT

Perú vivió este jueves otra intensa jornada de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, mientras la presión popular crece y el Congreso debate el adelanto de elecciones generales para alguna fecha de 2023. 

Como ha sido desde hace varias semanas, miles de personas se movilizaron este jueves y se registraron bloqueos en algunas de las principales vías del país. En la capital, Lima, se vivieron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. 

En la céntrica plaza Bolognesi, de Lima, la Policía Nacional disparó gases lacrimógenos contra cientos de personas para reprimir la protesta. Además, medios locales reportaron que el gas se metió a los establecimientos aledaños. 

En la avenida Nicolás de Piérola con Ayacucho, también se registraron enfrentamientos entre manifestantes y los uniformados. 

Durante la jornada de movilizaciones, manifestantes provenientes de Huancavelica bloquearon la Carretera Central con piedras y llantas. Esto provocó que pasajeros quedaran varados en la terminal terrestre de autobuses de la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín.  

Como parte de la paralización de la Carretera Central, manifestantes del pueblo Anqara bloquearon esta vía a la altura del kilómetro 43 en el sector de Pucará, en la provincia de Yauli.

Hasta el mediodía del jueves, las autoridades contabilizaron 88 puntos con tránsito vehicular interrumpido en ocho regiones del país, afectando a 16 vías nacionales. 

Una de las vías bloqueadas era la Carretera Interoceánica, la cual es utilizada para transportar insumos y alimentos a los centros médicos del departamento de Madre de Dios. Derivado de esos cierres, los hospitales de la zona tenían condiciones precariasseñaló a medios locales el director ejecutivo de Epidemiología y Control de Emergencias y Desastres, Carlos Manrique De Lara.

La Panamericana Norte también fue tomada por cientos de manifestantes que se encaminaron hacia el centro de Lima para continuar con las protestas.

La Policía y las Fuerzas Armadas liberarán las carreteras bloqueadas

Por su parte, el Ministerio del Interior de Perú instó a los manifestantes a desbloquear las carreteras del país de forma pacífica. Según el organismo, el cierre del tránsito ha ocasionado al menos 10 muertes de personas que no pudieron recibir atención médica, y también genera una crisis humanitaria y alza de precios de productos de primera necesidad en algunas regiones.

En ese contexto, los ministerios del Interior y de Defensa anunciaron en un comunicado conjunto, que la Policía y las Fuerzas Armadas liberarán las carreteras bloqueadas de todo Perú en las próximas horas.

«Ante esta situación, la Policía Nacional de Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la red vial nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia», reza el documento. «Hacemos un llamamiento a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que actuarán en defensa de la legalidad», dice la misiva.

Saldo de las protestas

En el marco de las manifestaciones antigubernamentales, el Ministerio Público reportó 54 fallecidos —53 civiles y un efectivo policial—, así como 793 heridos, de los cuales 435 son civiles y 358 son agentes de la Policía Nacional. En contraste, la Defensoría del Pueblo informó este jueves que documentaron 57 víctimas fatales y 1.658 lesionados

Por otra parte, la Fiscalía peruana ha iniciado 18 investigaciones por lesiones de personas en el contexto de las manifestaciones, y ha abierto 105 carpetas fiscales para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos de resistencia a la autoridad o disturbios contra la tranquilidad pública, entre otros.

Asimismo, el Ministerio Público abrió, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, 11 investigaciones fiscales por las muertes de ciudadanos ocurridas en las movilizaciones sociales, con el fin de determinar a los responsables. 

Los inconformes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, el adelanto de elecciones y la liberación del depuesto presidente Pedro Castillo. A las demandas se han sumado la convocatoria de una asamblea constituyente y la exigencia de justicia por los caídos debido a la represión de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

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