VEA / Telesur

La misión permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, lanzó un contundente alegato contra las sanciones internacionales impuestas a Venezuela, afirmando que esta “presión externa” constituye una “seria amenaza para los derechos humanos” en el país sudamericano.

La declaración, emitida durante el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, refuerza una posición histórica de la Federación rusa ante la imposición de las medidas coercitivas unilaterales impulsadas por Estados Unidos y a la cual adhieren decenas de países de Occidente.

“Una seria amenaza para los derechos humanos en el país es la presión externa en forma de medidas coercitivas unilaterales ilegítimas. Ya se han impuesto más de 1.000 restricciones diferentes contra Caracas, que tienen una proyección humanitaria directa”, señaló la representación rusa en un comunicado, durante un diálogo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Moscú también enfatizó su oposición a lo que calificó como “la politización del trabajo” del Consejo de Derechos Humanos.

Esta postura de Rusia no surge en el vacío. Se alinea con los persistentes argumentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro y refleja una división más amplia dentro de los organismos multilaterales. A principios de abril de 2025, el canciller venezolano, Yván Gil, había celebrado que “la mayoría de las naciones” que integran el mismo Consejo de Derechos Humanos, “reconocen el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense”. Gil, a través de Telegram, tildó en esa oportunidad a las sanciones de “crimen” y abogó por su abolición “incondicional”, acusando a la oposición venezolana de promover estas medidas “con odio” tras su “fracaso político”.

Sobre las sanciones

De acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo, Venezuela ocupa el quinto lugar a nivel mundial en número de sanciones, con un total de 1.039 medidas coercitivas unilaterales aplicadas principalmente por Estados Unidos en una década. Este arsenal de restricciones, que se recrudeció notablemente a partir de 2017 y 2019 bajo la Administración de Donald Trump, ha buscado, según la estrategia oficial de Washington, forzar un cambio de gobierno en Caracas.

En tanto, una reciente investigación estimó que se producen más de 560.000 muertes adicionales cada año debido a este tipo de medidas, y el impacto es mayor en poblaciones de niños menores de cinco años y adultos mayores, según datos de 152 países, recopilados entre 1971 y 2021.

Dirigido por los economistas Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot, el estudio utilizó métodos como efectos fijos, pruebas de causalidad de Granger y variables instrumentales basadas en votaciones de la ONU, para confirmar que las medidas coercitivas unilaterales, especialmente las de EEUU, disparan la mortalidad infantil hasta en un 8,4 % y elevan la mortalidad en adultos mayores en 2,4 puntos.

A su vez, un relevamiento de la encuestadora venezolana Hinterlaces, divulgado en mayo de 2025, indicó que el 91 % de los venezolanos rechaza las sanciones. La encuesta, aplicada a una muestra de 900 personas, sugiere que nueve de cada diez ciudadanos están en desacuerdo con estas medidas, mientras que solo un 7 % las respalda.