¡Se afincan! Aquí está la nueva tramoya de los gringos para ampliar bloqueo contra Venezuela

VEA / Yonaski Moreno

Congresistas estadounidenses promueven un proyecto de ley que busca prohibir a las agencias del gobierno norteamericano que otorguen contratos a personas o empresas que tengan negocios con el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer el senador republicano por Florida y constante conspirador contra Venezuela, Marco Rubio, el pasado lunes 15 de marzo a través de un comunicado.

La medida, que atenta una vez más contras las relaciones comerciales del país suramericano, fue presentada por los senadores republicanos Rick Scott y Thom Tillis, así como por la demócrata Jacky Rosen bajo el nombre de «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano», reseña listindiario.com.

«Debemos asegurarnos de que las agencias federales de Estados Unidos  no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro”, dijo Rubio,  quien detalló que la norma no afectaría ningún negocio con la anterior Asamblea Nacional que era dirigida por el golpista Juan Guaidó, desde la que se promovieron ataques contra el Gobierno Bolivariano y se ejecutaron robos contra la nación.

Las agresiones contra Venezuela han arreciado desde el 8 de marzo del 2015, cuando el expresidente Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13692 a través de la cual señaló a Venezuela como una supuesta amenaza inusual y extraordinaria.

Otras órdenes ejecutivas han sido emitidas contra el pueblo venezolano, entre las que destaca la 13808 que “persigue las operaciones financieras desde o hacia Venezuela, y prohíbe al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra, venta, negociación o renegociación de deuda soberana de Venezuela así como cualquier operación relacionada con la deuda de la compañía petrolera nacional, Pdvsa”.

Agresiones  contra la criptomoneda el Petro, así como el congelamiento de los activos de la filial de PDVSA en EEUU también se han sumado a la lista de medidas coercitivas unilaterales que se han aplicado desde el gobierno norteamericano.