Decisión infernal: Biden prorroga decreto contra Venezuela

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El presidente del régimen de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por tercera vez, en lo que lleva de mandato, el decreto ejecutivo de «emergencia nacional» que considera a Venezuela como una supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» para la nación yanqui.

«La emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará vigente más allá del 8 de marzo de 2015. 2023», reza el Comunicado dirigido al Congreso estadounidense con fecha martes 1 de marzo del año den curso.

En el texto difundido en la web de la Casa Blanca, Biden asegura que «la situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por tal motivo he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 respecto de la situación en Venezuela».

Con la extensión de esta orden, Biden da continuidad por tercer año consecutivo en su mandato a la política de medidas coercitivas unilaterales que viene aplicando el régimen gringo desde hace ocho años contra el pueblo de Venezuela. Acciones criminales que la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan le exigió levantar al régimen gringo el 12 de febrero de 2021, tras exponer los graves daños que el bloqueo ha causado contra el Estado y la población venezolana.

El 3 de marzo de 2021 Biden extendió por primera vez durante su mandato, por un año más, la declaratoria de «emergencia nacional» que considera a Venezuela como una supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» para el imperio gringo.

Un año después, exactamente el 4 de marzo de 2022, Biden ratificó por un año más la extensión del decreto. La orden quedó plasmada en un comunicado difundido por la Casa Blanca donde dice: «las circunstancias, tal como se describen en la Orden Ejecutiva 13692 y en las Órdenes Ejecutivas posteriores emitidas con respecto a Venezuela no han mejorado y continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, de acuerdo con la sección 202(d) de la Ley de Emergencias Nacionales [50 U.S.C. 1622(d)], continuaré por 1 año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692».

El texto difundido en 2022 por la Casa Blanca recuerda que contra Venezuela el régimen imperial aplicó las Órdenes Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017; 13827 de 19 de marzo de 2018; 13835 de 21 de mayo de 2018; 13850 de 1 de noviembre de 2018; 13857 de 25 de enero de 2019; y 13884 de 5 de agosto de 2019.

La 13808 “persigue las operaciones financieras desde o hacia Venezuela, y prohíbe al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra, venta, negociación o renegociación de deuda soberana de Venezuela así como cualquier operación relacionada con la deuda de la compañía petrolera nacional, Pdvsa”.

Entretanto, la 13827 está dirigida en contra la criptomoneda Petro; mientras que la 13835 contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela. La 13850 contra las operaciones de comercialización del oro de Venezuela y la 13857 establece el bloqueo-congelamiento de los activos de Pdvsa (Citgo) en EEUU.

Con la Orden 13884 se amplió el programa de medidas unilaterales a «embargo» y se autorizó la aplicación de sanciones secundarias.

927 sanciones y miles de millones en pérdidas económicas

Desde la aplicación del decreto de Obama contra Venezuela han sido aplicadas más de 927 medidas coercitivas unilaterales contra el país.

El impacto de las sanciones y bloqueo que mantiene el régimen de Estados Unidos contra Venezuela ha sido de grandes proporciones, haciéndole perder al país más de 642.000 millones de dólares los últimos años, lo que ha afectado principalmente el ingreso de la familia venezolana. La cifra la presentó el jueves 12 de enero de 2023, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional, AN, donde presentó la Memoria y Cuenta de su gestión para el año 2022.

En esa oportunidad expuso que la nación dejó de percibir por renta petrolera 3.925 millones de barriles, lo que equivale a 232 mil millones de dólares, que hubieran ido a salud, educación, vivienda, desarrollo del país.

Indicó que el daño que ha causado el bloqueo yanqui contra el país no solo es petrolero. «Al ser la actividad petrolera el epicentro de la economía el mal se ha extendido a otros sectores, porque la escasez de divisas generada de las sanciones criminales impidió, como es normal, la inversión para la compra de materia prima, insumos, bienes de capital, para mantener la actividad económica no petrolera, llámese industrial, comercial, agrícola, entre otras».

Agregó, «el impacto sobre toda la economía cuando se invierte ese dinero y se multiplica en actividad económica es de 642 mil millones de dólares, y todo lo que eso implica en captación de impuestos, en movimiento económico, en generación de empleo, en ingresos para el Estado para poder pagar buenos sueldos y salarios, para poder hacer contrato colectivo, para invertir en alimentación, salud, en vivienda, en educación, derechos sociales en general».