Surge otra voz a favor de secuestrados en El Salvador: Prevé presentar denuncia ante CPI (Ver videos)
La Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, presidida por Ignacio Ramírez Romero, espera contar con el respaldo de familiares de las víctimas de Trump y Bukele. Fotos Ildegar Gil / Internet
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
La Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela, prevé llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI), la denuncia sobre el secuestro de 252 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador. Así lo dio a conocer el presidente de esta organización no gtubernamental (ONG), Ignacio Ramírez Romero.
«Mi propósito con esta acción de introducirla en La Haya, en los Países Bajos, es en primer lugar determinar la responsabilidad penal, pero también civil y administrativa, no solamente de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, sino de los organismos competentes. Primero del cuerpo de funcionarios que forma parte del equipo de gobierno tanto de Trump como de Bukele. Por ejemplo, la fiscal de los Estados Unidos (Pamela Jo Bondi), es cómplice de ese hecho; ella incluso justificó y legitimó esa conducta, incluso cuando ella sabe que la constitución en la quinta enmienda prohíbe esa forma de proceder», manifestó en en el espacio Entrevista Diario VEA, que transmite este medio en su cuenta en la red digital Tiktok.
Indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad, Kristi Noem; el llamado «Zar de la Frontera», Tom Homan; el secretario del Tesoro, Scott Kennet Bessent, entre otros funcionarios gringos y salvadoreños, también tienen responsabilidad civil, penal y administrativa, en el secuestro de los connacionales en la prisión ubicada en Tecoluca.
«Todos esos funcionarios tienen responsabilidad no solamente penal, sino civil, por incurrir en un delito controlado en el artículo 7 del estatuto de Roma. Un delito internacional», especificó.
Dicho artículo, establece que «A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad‘ cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque». Cuenta con 11 numerales.
Para Ramírez Romero, tanto El Salvador como EEUU incurrieron en seis (6) de esos numerales:
d) Deportación o traslado forzoso de población.
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física, en violación de normas
fundamentales de derecho internacional.
f) Tortura.
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.
i) Desaparición forzada de personas.
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Facultada por el Estatuto de Roma
Ramírez Romero, quien durante la Cuarta República participó en la investigación de sonados casos vinculados con atropellos policiales y oficiales en general, explicó que introducirá la denuncia ante la CPI, basado en el Artículo 15 del Estatuto de Roma, que permite que una organización no gubernamental (ONG), puede acudir ante esa instancia para enviar información sobre crímenes que puedan ser competencia de ese organismo a la Oficina del Fiscal.
Reiteró que el secuestro de los 252 connacionales es un crimen de lesa humanidad. Además destacó que es un acto ilegal, que fue cometido de manera pública y ampliamente reflejado en medios de comunicación.
El artículo 15 de la norma indica que: «1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. 2. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas, y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte. 3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa».
El artículo contempla otros dos numerales, uno de ellos relativo a la negativa de la sala y otro a la conclusión negativa que pueda presentar el organismo.
Familiares pueden sumarse a iniciativa
Quien fue secretario general de la Asociación Americana de Juristas, capítulo Venezuela, invita a los familiares de los secuestrados a respaldar la iniciativa de la federación que encabeza.
Destacó además que la instancia que preside está siendo respaldada para ejecutar esta propuesta por la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), una organización civil, cristiana-ecuménica, que preside María Eugenia Russian, a quien describió como una mujer muy sensible, dedicada a defender los derechos humanos, y que ha llevado adelante batallas importantes para la nación, como la defensa de niños, niñas y familias víctimas del bloqueo que mantiene el régimen de Estados Unidos contra Venezuela.
¿Qué dice el documento?
Un documento, por ahora de 30 páginas, conforma la denuncia que la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela prevé presentar ante la CPI.
En ella plantea que se «investigue y sancione con todo el peso de la Ley la conducta ilícita, punible y contumaz ejecutada con premeditación y alevosía en prejuicio de 252 venezolanos por parte de los ciudadanos presidentes de los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y la República de El Salvador, Donald Trump y Nayib Bukele respectivamente (…)».
Hace mención además a los crímenes que están cometiendo ambos mandatarios y sus respectivos gobiernos y que se encuentran tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. También denuncia la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una de las normas a la que apeló Trump para perseguir a los migrantes venezolanos.
En el texto se lee también que hasta 2023 habían ingresado 814 mil venezolanos a suelo yanqui, de los cuales 600 mil tenían estatus de Protección Temporal (TPS), un derecho que el gobierno gringo le arrebató en 2025, a 300 mil de ellos. Dice además que los connacionales en esa nación solo representa el 2 % del total de inmigrantes indocumentados.
Denuncia ante organismos internacionales
Durante la entrevista que se extendió por una hora y 3 minutos, el abogado de profesión, señaló que la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela, denunció el secuestro de los connacionales ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y ante el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Explicó que ante la Oficina del Alto Comisionado denunciaron primero vía telemática; luego acudieron el 28 de mayo ante la instancia del organismo en Altamira, municipio Chacao, estado Miranda, sede que coordina Hélène Devaux. Posteriormente acudió ante el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias.
Ante estos dos organismos, Ignacio Ramírez Romero presentó un documento de 23 páginas donde describió el modus operandi ilegal usado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para expulsar forzosamente a 252 venezolanos de suelo gringo. En el texto también acusan al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, de actuar como cooperador necesario en la comisión del secuestro. Refirió que este delito, el artículo 7 del Estatuto de Roma lo califica como un crimen de Lesa Humanidad. Denunció que ambos jefes de Estados incurrieron en deportación, traslado forzoso e ingreso inconsulto a un tercer país. Además que dieron un trato degradante a los connacionales.
Sobre la reunión con Hélène Devaux, indicó que fue muy cortés y se extendió por un lapso de hora y media. En el encuentro participó «un alto representante de ese comisionado que hace vida en Panamá, vía videoconferencia. Sostuvimos una conversación a mi juicio muy fluida y muy interesante. En ese momento había transcurrido un mes desde que yo había solicitado vía telemática una investigación» por los atropellos contra los connacionales», dijo.
«Una investigación que no se limita a una sola declaración, no es una denuncia genérica, no es una información de prensa, ese es un trabajado de investigación que hice con fundamento en las informaciones que pude recopilar y con base en eso, y en mi experiencia no solamente como abogado sino como activista de los derechos humanos, preparé ese documento», agregó.
En condiciones infrahumanas
En condiciones infrahumanas se encuentran los 252 venezolanos secuestrados por los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele en el Cecot, una prisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador. Fue otras de las denuncias que realizó el presidente de la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela.
«Las personas que están presas, tantos los salvadoreños como los nacionales de otros países, como el caso nuestro venezolano, son 252 personas están hacinadas en celdas de 70 personas, celdas en las que apenas se pueden mover, celdas que no tienen baños privados. Hay solo letrinas y no muchas letrinas. Son 70 personas en espacios reducidos. Es una cosa increíble. No tienen posibilidad de acceder a la luz solar ni nada. No pueden recrearse. No pueden hacer ejercicios; para bañarse lo hacen en una especie de tina central, como una especie de regadera, desnudos, porque por supuesto no hay privacidad», expresó en el segmento Entrevistas Diario VEA, que este medio transmite por su canal TikTok @DiarioVEA.
-«¿Cómo obtuvo acceso a esos datos? ¿Puede decirnos?», preguntamos durante la entrevista, a lo que respondió que son informaciones que obtuvieron de las tomas que realizó un «influencer» norteamericano dentro del penal. También por denuncias que han realizado familiares de presos salvadoreños sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el recinto, y «nos enteramos porque además de eso, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (…) se recibieron esas denuncias y ya existen decisiones en la Corte Interamericana que han condenado la conducta absolutamente inaceptable, arbitraria, violatoria de todas las normas internacionales en materia carcelaria por parte de este señor. Ya este señor tiene sobre sus hombros señalamientos muy concretos, no solo por parte de la comisión, sino de la Corte Interamericana».
«Pero además de eso, como saben en las naciones Unidas, existe la instancia del EPU, que es el Examen Periódico Universal al que nos vemos sometidas todas las naciones que integramos el concierto de las Naciones Unidas. Bueno, ellos están en este momento siendo sometidos al examen de su política en materia de derechos humanos».
Dio a conocer que las acciones ilegales ejecutadas por Trump y Bukele al secuestrar a los venezolanos, ha sido denunciada por 10 relatores independientes de la ONU.
«No lo digo yo solamente, lo dicen 10 relatores independientes y grupos de trabajo de las Naciones Unidas que gozan de mandato de las Naciones Unidas (…) que lograron determinar previa solicitud que nosotros formulamos y seguramente el propio gobierno a través de sus misiones diplomáticas, determinar efectivamente que el procedimiento y todos los elementos que habían precedido a esa decisión del gobierno de los Estados Unidos de deportar, expulsar forzosamente, montarlos en un avión llevarlos a un tercer país, encarcelarlos y después secuestrarlos en las instalaciones de una cárcel de máxima seguridad que está, por cierto, concebida para 40 mil personas», es ilegal.
Opacidad total
Ni el presidente Trump ni el presidente Bukele «se tomaron la molestia de dar respuesta a las solicitudes que hicieron 10 organismos Internacionales, instancias independientes multilaterales (…) a los interrogatorios y a las solicitudes» que les fueron señaladas, denunció Ignacio Ramírez Romero.
«Una opacidad total, pero de lo que si pudimos enterarnos es que extraoficialmente Nayib Bukele dice que por lo menos un año van a estar» secuestrados los venezolanos en el Cecot. «¿Por qué?, porque ya hicieron un contrato confidencial, que no está condicionado como lo establece la Constitución de El Salvador y las leyes de esa república a ningún pacto, ningún trato formalizado con las exigencias de ley o constitucionales, sino que fue una cosa confidencial que acordó el señor Marco Rubio con el señor Nayib Bukele para negociar una especie de trata de personas (…)», dijo.
Remarcó que apenas Marco Rubio asumió como secretario de Estado este año, es decir en enero, «lo primero que hizo fue negociar con Bukele la posibilidad de llevar a las instalaciones de las cárceles salvadoreñas a estas personas que iban a empezar a sacar» de EEUU, país que espera deportar a 11 millones de migrantes de diversas nacionalidades, indicó.
Un secuestro para extorsionar a Venezuela
Denunció que EEUU trasladó a los venezolanos al Cecot con el fin de tratar de extorsionar al gobierno nacional y conseguir beneficios petroleros.
«Cuando el señor Trump decide sacar a los venezolanos (…) de perseguir a los venezolanos», lo hace porque esa Administración gringa está montada en «la idea de construir sobre la base de una narrativa ficticia», que Venezuela protege a una organización terrorista, y para ello toma como referencia al Tren de Aragua, una organización criminal completamente desmantelada en suelo venezolano.
Agregó que el gobierno de Donald Trump «necesitaba crear un justificativo para ejercer presiones absolutamente indebidas, absolutamente ilegales, desproporcionadas y que no tenían ningún tipo de justificación, para después negociar con el gobierno de Venezuela y buscar provechos. ¿Qué tipo de provechos? Provechos geopolíticos, geoestratégicos, petróleo, posición política del gobierno venezolano».
Remarcó que en el fondo, EEUU montó el secuestro de los venezolanos con el fin de «extorsionar al gobierno, extorsionar a la política que nuestro gobierno ha venido desarrollando de manera independiente y soberana, de manejarse de igual a igual con los Estados, por muy potentes o muy potencias que sean, como es el caso de los Estados Unidos».
Dijo que el propio pueblo estadounidense rechaza esa matriz de opinión, que intenta hacer creer al mundo que en Venezuela hay organizaciones terroristas.
Indicó que los 252 venezolanos secuestrados en el Cecot nunca debieron haber sido trasladados a ese lugar. Remarcó una vez más que el traslado de los hombres a El Salvador fue arbitrario e ilegal.
