Usaid y su otra cara «humanitaria»: Corrupción y despilfarro desde adentro

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

«Se necesitan procesos mejorados y requisitos de implementación para abordar los desafíos y los riesgos de fraude en la respuesta de Usaid a Venezuela». Así comienza el informe 9-000-21-005-P, elaborado por la Oficina del Inspector General de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid, por su siglas en inglés), con fecha 16 de abril de 2021. En el texto, que puede ser leído en la web de la instancia imperial, quedó plasmada una serie de irregularidades sobre el manejo de los recursos que la agencia destinó a organismos vinculados a la derecha venezolana en los últimos años.

Dicha oficina, encargada de «salvaguardar y fortalecer la asistencia exterior de Estados Unidos a través de una supervisión oportuna, relevante e impactante», alertaba desde hace cuatro años sobre malos manejos de la «ayuda humanitaria» destinada supuestamente a Venezuela y a los migrantes venezolanos.

«Usaid desempeña un papel fundamental en la respuesta a la crisis regional de Venezuela al brindar alivio inmediato y vital al pueblo venezolano, y apoyo a largo plazo a los países de América Latina y el Caribe que ayudan a los migrantes venezolanos. Sin embargo, la falta de procesos de Usaid para excepciones en la adhesión a los principios humanitarios y la tolerancia al riesgo organizacional y la coordinación de planes estratégicos conjuntos de respuesta humanitaria entre agencias, puede obstaculizar las operaciones de asistencia humanitaria de la agencia. Además la política operativa de asistencia humanitaria de Usaid y las pautas de aplicación para los implementadores no tienen requisitos para usar principios humanitarios y prácticas líderes para prevenir y detectar vulnerabilidades al fraude. Además la cartera de asistencia para el desarrollo de Usaid en respuesta a la crisis carece de planificación estratégica para establecer objetivos a largo plazo y necesidades de recursos», admite el informe en la página 17 del documento, que puede ser visto en la web https://oig.usaid.gov/.

El documento que consta de 34 páginas, asegura que entre 2017-2019, la Usaid destinó 507 millones de dólares en fondos de asistencia humanitaria para que desde Venezuela y otros cinco países: Brasil, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y Perú se diera respuesta a la presunta «crisis regional» creada, según ellos por la migración venezolana.

Para ello, la Oficina de Asuntos de América del Sur diseñó e implementó programas de desarrollo en Venezuela a través de su Oficina de Asuntos de América del Sur (LAC/SA) con sede en Washington, DC, mientras que los programas de desarrollo fuera de Venezuela fueron administrados por
Usaid/Colombia, Usaid/Caribe Oriental y Sur (Usaid/ESC) y Usaid/Región de América del Sur (Usaid/SAR).

«Washington, DC, alberga las oficinas centrales de Usaid. Costa Rica alberga la oficina regional de OFDA en América Latina y el Caribe. Colombia es el mayor país receptor de asistencia humanitaria y para el desarrollo de Usaid (Colombia recibió $234,2 millones de un universo de $507,5 millones en obligaciones al 30 de septiembre de 2019, lo que representa 46 por ciento del universo monetario). Perú alberga la misión regional de Usaid para la asistencia para el desarrollo en Brasil, Ecuador y Perú», explica más adelante el mencionado documento.

Distribución irregular y aumento de gastos

Entre las irregularidades que destaca el Inspector de la Oficina Usaid, se encuentra que parte del «trabajo» para «apoyar» a Venezuela no quedaba por escrito sino que lo comunicaban de manera verbal. También detectaron compra de productos no necesarios y aumento de costos para supuestamente distribuir la tan mediática ayuda humanitaria, sobre la cual, no hay explicación algunas de cómo fue su distribución total, ni nombres precisos de quiénes la recibieron.

La Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de los Estados Unidos (OFDA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Alimentos para la Paz (FFP, por sus siglas en inglés) eran en parte las encargadas de administrar la asistencia humanitaria, puntualiza el documento. Estas instancias «tuvieron dificultades para implementar las directivas de la Oficina del Administrador, porque se comunicaban principalmente verbalmente a través de reuniones. La instrucción verbal no establecía una rendición de cuentas clara ni proporcionaba justificación para la toma de decisiones», admiten.

«OFDA y FFP solicitaron a la Oficina del Administrador que emitiera directivas escritas para documentar la rendición de cuentas y justificar la toma de decisiones. En consecuencia, el Administrador envió una carta al Administrador Adjunto Superior de DCHA el 8 de febrero de 2019, enfatizando el apoyo al gobierno interino como una alta prioridad para el gobierno de EEUU y ordenando a OFDA y FFP que preposicionaran productos humanitarios fuera de Venezuela. La directiva de la Oficina del Administrador de preposicionar productos humanitarios no estaba impulsada por experiencia técnica ni totalmente alineada con la principios humanitarios de neutralidad, independencia y evaluación de necesidades», agrega el documento.

De inmediato explican que «la OFDA y la FFP gastaron aproximadamente $2 millones para comprar y transportar 368 toneladas métricas de productos humanitarios a la frontera entre Colombia y Venezuela y Curazao, desde febrero de 2019 hasta abril de 2019. Para agosto de 2019 solo se entregaron 8 toneladas métricas de productos a Venezuela, y las 360 toneladas métricas restantes se distribuyeron dentro de Colombia o se enviaron a Somalia. No todos estos productos humanitarios se posicionaron previamente en función de las evaluaciones de necesidades. Por ejemplo, los productos transportados incluían alimentos complementarios listos para usar que la OFDA y la FFP ya habían determinado que eran innecesarios porque el estado nutricional de los niños venezolanos no justificaba su uso en ese momento».

«La OFDA y la FFP transportaron aproximadamente 115 toneladas métricas de productos básicos desde Estados Unidos hasta la frontera entre Colombia y Venezuela a través del Departamento de Defensa en febrero y marzo de 2019. Los funcionarios de la OFDA y la Oficina de Adquisiciones y Asistencia, afirmaron que el uso de aeronaves militares no estaba justificado por las necesidades operativas, ya que había transporte comercial disponible y era menos costoso», es otra de las irregularidades que describen.

En febrero de 2019, Guaidó, con ayuda de narcoparamilitares colombianos pertenecientes a la banda criminal colombiana Los Rastrojos, cruzó la frontera para llegar a Colombia, país desde el que pretendía dirigir una invasión contra Venezuela. La acción -ilegal-, contó con el apoyo de los entonces presidentes Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Mario Abdo Benítez (Paraguay). Y por supuesto, del gobierno yanqui, liderado en ese entonces por Donald Trump.

El entonces director de la Usaid, Mark Green, con amplios vínculos con la derecha venezolana, estuvo en 2019 en suelo neogranadino llevando parte de la supuesta «ayuda humanitaria». El hecho fue ampliamente reseñado en medios internacionales, entre ellos en la BBC Mundo.

El 23 de febrero de 2019, quedó en evidencia que parte de la «ayuda humanitaria» que pretendían ingresar y que fue quemada ese día por violentos de la oposición, estaba constituida por materiales para fomentar guarimbas. Entre los kits que contenía, había pitos, cables, guayas, máscaras antigases y clavos, develó Telesur en esa oportunidad. Una verdad que luego fue admitida por el medio gringo The New York Times.

Más irregularidades

A lo largo del informe, la Oficina del Inspector General de la Usaid admite los errores que cometió el organismo y que hicieron posible el cuestionado manejo de los recursos destinados a Venezuela.

«(….) La Usaid carecía de un proceso para documentar las directivas de la Oficina del Administrador sobre programas humanitarios que se desviaban de los principios humanitarios y excedían los niveles de tolerancia al riesgo para implementar las directrices de política exterior del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado (…), reza el documento.

Admiten que la Usaid «(…) no exigió a los implementadores que usaran prácticas líderes en gestión de riesgo de fraude (…)». También evidenciaron que no contaban con «procesos para directivas políticas para circunstancias excepcionales y coordinación interinstitucional para la asistencia humanitaria y la falta de marcos estratégicos para guiar la asistencia para el desarrollo en Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela (…)».

«(…) Usaid carecía de un mecanismo de control que podría haber mejorado la rendición de cuentas y la justificación de la toma de decisiones (…)», admitía más adelante.

Guaidó (nuevamente) involucrado

La Oficina del Inspector General admite que la Usaid y el régimen yanqui trabajaron para promover la renuncia del presidente constitucional, Nicolás Maduro. Para ello crearon al inexistente «gobierno interino» de Juan Guaidó. Confiesan que coordinaron con el derechista el manejo de los recursos que destinaba el organismo para planes contra Venezuela.

«Los principales objetivos de política exterior del gobierno de Estados Unidos fueron (1) apoyar la legitimidad de Guaidó como presidente interino de Venezuela y (2) aumentar la presión sobre Maduro para que renunciase a la presidencia. En consecuencia, Usaid priorizó la ayuda al pueblo venezolano en coordinación con el presidente interino, incluida la emisión de subvenciones en especie para distribuir productos humanitarios dentro de Venezuela y la firma de un Acuerdo de subvención para objetivos de desarrollo por $200 millones en programas de desarrollo en Venezuela hasta el año fiscal 2024. El financiamiento de Usaid para la crisis regional de Venezuela totalizó $507 millones para los años fiscales 2017-2019, con $260 millones para asistencia humanitaria y $247 millones para asistencia para el desarrollo», reconoce el organismo, sin explicar cómo fue la distribución de los recursos.

Sigue su «mea culpa» con las siguientes palabras: «El Administrador firmó un acuerdo de subvención en especie con el presidente interino Guaidó el 21 de febrero de 2019, para proporcionar $334,000 en productos humanitarios para su transporte desde Cúcuta, Colombia, a Venezuela».

Admiten además que la «Oficina del Administrador ordenó a la OFDA y al FFP que alinearan sus decisiones de adjudicación para reforzar la credibilidad del gobierno interino», es decir, a través de la supuesta «ayuda humanitaria» buscaban levantar la imagen del golpista, acción que nunca lograron a lo interno en Venezuela, en donde Guaidó nunca fue reconocido ni aceptado por el pueblo.

Pugna entre la Usaid y el Departamento de Estado

La pugna entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y el Departamento de Estado, es otro de los aspectos que queda reflejado en el informe del inspector del referido organismo. Un conflicto que fue reconocido el 3 de febrero de 2025 por el secretario de Estado y ahora director interno de la Usaid, Marco Rubio, quien en una visita de trabajo desde El Salvador confesó: «Mi frustración con Usaid se remonta a mi época en el Congreso. Es una agencia que no responde en absoluto. Se supone que debe responder a las directrices políticas del Departamento de Estado y se niega a hacerlo (…)», citaba el Departamento de Estado en su web, en esa oportunidad.

«La Usaid y el Departamento de Estado tuvieron dificultades para coordinar la respuesta humanitaria del gobierno estadounidense a la crisis, y el progreso se vio obstaculizado por una planificación estratégica débil, la superposición de programas y los intereses en pugna. Si bien Usaid y el Departamento de Estado firmaron un memorando de entendimiento global para mejorar la coordinación interinstitucional en materia de asistencia humanitaria, Usaid no contaba con un proceso para coordinar planes estratégicos conjuntos para la respuesta humanitaria con el Departamento de Estado a nivel nacional o regional. Esto dio como resultado que se dedicaran tiempo y recursos a resolver los problemas de coordinación en lugar de dirigir la asistencia humanitaria a la región de América Latina y el Caribe de manera más eficaz y eficiente», expresa el texto publicado en 2021.

En su pugna interna, el organismo aseguraba que la «Usaid carecía de un proceso para documentar las directivas sobre la implementación de las directrices de política exterior del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado; para los programas humanitarios altos funcionarios de Usaid afirmaron que los programas humanitarios de la agencia estaban sujetos a las directrices de política exterior del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. Estas orientaciones pueden incluir decisiones estratégicas y tácticas que afectan la capacidad de Usaid para adherirse a los principios humanitarios y mitigar los riesgos operativos».

Manipulación sobre la migración venezolana

La manipulación y el negocio que tenían sectores de la derecha venezolana y de otras naciones con la migración venezolana, quedó plasmada en el documento. Indican que «el Departamento (a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración [PRM]) se desviaron de su fin», al comenzar a financiar a organizaciones y sectores humanitarios. Lo hacen en los siguientes términos:

«Funcionarios de Usaid y del Departamento de Estado afirmaron que tanto OFDA como PRM se desviaron de sus respectivos mandatos humanitarios y financiaron organizaciones y sectores humanitarios, a pesar de las objeciones de cada uno. (…) Por ejemplo, OFDA financió programas para ayudar a migrantes venezolanos y solicitantes de asilo fuera de Venezuela, como la emisión de un premio al socio institucional de PRM, la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia. De manera similar, PRM financió programas para ayudar a venezolanos y colombianos desplazados internamente, como la emisión de un premio al socio institucional de OFDA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Un alto funcionario de Usaid afirmó que la OFDA actuó en respuesta a las lagunas percibidas y la inflexibilidad en la programación de PRM, mientras que un funcionario del Departamento de Estado nos dijo que PRM intentó hacer valer su autoridad operativa en respuesta a las extralimitaciones percibidas de OFDA», reza la nota.

El resultado del desvío y contradicciones de estos organismos derivó, entre otras cosas, en que «no llegaron a un consenso sobre el estatus migratorio de los ciudadanos venezolanos en los países vecinos, y no estaban de acuerdo sobre si debían ser tratados como refugiados o migrantes económicos. Esta falta de consenso contribuyó a una serie de desacuerdos sobre los beneficiarios elegibles y la superposición de la programación«.

De igual forma destaca el documento que «la coordinación entre la OFDA y la PRM en la respuesta humanitaria del gobierno de EEUU a la crisis regional de Venezuela, fue descrita como difícil en 23 de 39 entrevistas con funcionarios de la OFDA, la FFP y el Departamento de Estado. Los funcionarios afirmaron que el progreso en la entrega de asistencia humanitaria se vio obstaculizado por una planificación estratégica débil, superposición de programas e intereses en pugna».

Agregan que la «Usaid no ha desarrollado marcos estratégicos para guiar su programa de desarrollo en Venezuela o su programa de desarrollo para la gestión de la migración venezolana en Brasil, Ecuador y Perú».

Dólares iban y venían

Para supuestamente apoyar a los migrantes venezolanos, la Usaid bajaba y bajaba fondos. Sin embargo, en el informe no explican a dónde llegaron esos recursos, aunque sí admiten malos manejos.

La asignación de recursos, de acuerdo con el documento, llegó hasta el «interinato» de Guaidó. Sobre ello dice el informe: «En el año fiscal 2019, las responsabilidades programáticas de LAC/SA se expandieron junto con un aumento de la financiación de menos de $20 millones anuales para una cartera de un solo sector de premios de democracia y gobernanza a $77 millones en nuevos fondos y la responsabilidad designada de implementar el Acuerdo de Subvención para Objetivos de Desarrollo de USAID con el Gobierno Interino de Venezuela«.

Más adelante destacan que «Usaid/SAR también experimentó un aumento en la financiación y la responsabilidad, de menos de $20 millones anuales para una cartera sectorial única de premios para el medio ambiente y los paisajes sostenibles a $24 millones en nuevos fondos en los años fiscales 2018 y 2019 para la programación de migración venezolana en Brasil, Ecuador y Perú. Esta nueva programación se gestionó desde Perú con un apoyo limitado del personal de Usaid/Brasil y Usaid/Ecuador. Los funcionarios de Usaid/Perú afirmaron que la gestión de la migración era una nueva área programática para la misión, y los tres gobiernos anfitriones con los que se asociaba carecían de experiencia en materia de migración masiva».

En 2019 gobernaba en Ecuador, Lenín Moreno; en Perú, Martín Vizcarra, y en Brasil, Jair Bolsonaro. Todos miembros del hoy extinto Grupo de Lima, desde donde se dirigía una serie de ataques contra Venezuela.

Colombia, el país que más recursos recibió

Con el segundo gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018) y el de Iván Duque (2018-2022), Colombia hizo de la migración venezolana un negocio.

El Informe del Inspector de la Usaid, admite que fue la nación neogranadina la que recibió la «mayor cantidad de dólares en asistencia humanitaria, en respuesta a la crisis regional de Venezuela durante el período del año fiscal 2017 al año fiscal 2019». Más adelante agrega: «Colombia recibió $76,9 millones de un universo de $118,8 millones en obligaciones al 30 de septiembre de 2019, lo que representa el 65 por ciento del universo».

Explican que tres (3) implementadores de la Usaid en Colombia fueron las organizaciones Acción Contra el Hambre, Mercy Corps y Save the Children, las cuales «recibieron $50,8 millones en fondos para asistencia humanitaria a hogares colombianos y venezolanos vulnerables».

Destaca el documento que estas instancias «(…) no utilizaron de manera sistemática las actividades de planificación y evaluación de riesgos o de análisis de datos de la GAO para gestionar los riesgos de fraude en sus carteras de premios, a pesar de operar en un entorno de alto riesgo».

Argumentan que «ninguno de los tres implementadores que evaluamos hizo lo siguiente: Desarrolló procedimientos para utilizar técnicas de minería de datos para identificar transacciones sospechosas o anómalas, a pesar de tener bases de datos con la inscripción de beneficiarios e información financiera. Firmó acuerdos de intercambio de datos para comparar la información de los beneficiarios, a pesar de operar en áreas geográficas superpuestas, brindar asistencia similar a los beneficiarios y dirigirse a los mismos tipos de beneficiarios (es decir, hogares vulnerables colombianos y venezolanos). Desarrolló procedimientos para realizar la comparación de datos de los beneficiarios para prevenir y detectar inscripciones múltiples. Los funcionarios de cada implementador afirmaron que eran conscientes del riesgo de inscripciones múltiples, pero no tomaron medidas para utilizar la comparación de datos como una actividad de control».

Para noviembre de 2018 el régimen neogranadino recibió al menos 32,4 millones de dólares por parte de organismos internacionales, tras su llamado de auxilio económico para atender a los migrantes venezolanos.

En agosto de 2019, el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, admitió que ese año Colombia había recibido 96 millones de dólares de los 315 millones de dólares que solicitaron a la comunidad internacional por la migración venezolana, citó en esa oportunidad la propia Cancillería neogranadina.

Holmes Trujillo falleció en enero de 2020, víctima del Covid-19.

Más de mil millones de dólares destinó la Usaid en 10 años

Mil 128 millones 750 mil 103 dólares, destinó la Usaid a organismos, instancias y sectores vinculados de la derecha en sus planes para agredir a Venezuela. La cifra está reflejada en el portal de Asistencia Extranjera del Gobierno de Estados Unidos.

Ya entre el período 2001-2013 el organismo había destinado 140 millones 117 mil 331 dólares para tratar de derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro.