Venezuela comunico al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional, CPI, conforme al Artículo 127. La información la dio a conocer este viernes 24 de julio el canciller de la República, Félix Plasencia, quien detalló que la instrucción la giró la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez.

«Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», precisó Plasencia en su cuenta en la red digital X.

«Este sesgo no es una simple coincidencia procesal sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger. Por ello rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», agregó Plasencia.

Reiteró el compromiso de Venezuela «con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».

En diciembre de 2025, el Gobierno nacional denunciaba que la CPI estaba siendo instrumentalizada. «La verdad de nuestro país se impondrá, han quedado al descubierto las maniobras de quienes históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global, que no se subordinan a los mandatos del norte desestabilizador y decadente». El mensaje anterior quedó plasmado en un comunicado emitido el lunes 1° de diciembre de 2025 por el Gobierno nacional, luego de que ese mismo día la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara que cerrararía su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con Venezuela, en materia de “complementariedad”.