Venezuela en CPI: Muestras de impacto de las sanciones sobre la salud
Un estudio publicado en la revista The Lancet, determinó que más de 564 mil personas, mueren todos los años producto de las mal llamadas «sanciones”. Foto Vicepresidencia.
VEA / Yonaski Moreno
En una reunión sostenida en La Haya, Países Bajos, con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) Mame Mandiaye Niang, la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez consignó evidencias sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la salud y la vida de los pueblos.
En un mensaje compartido en su canal de Telegram, la Ejecutiva precisó que el documento consignado en el caso sobre el bloqueo criminal contra Venezuela, denominado Venezuela II, es el estudio publicado en la revista The Lancet, que determinó que más de 564 mil personas, mueren todos los años producto de las mal llamadas «sanciones”.
La investigación, realizada en 152 países, arrojó que las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros países de occidente para promover la política de “cambio de régimen” afectan desproporcionadamente a menores de 5 años y adultos mayores, refirió Rodríguez en el texto.
«En este sentido, llamamos la atención del Fiscal Adjunto sobre la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de 5 años como resultado de una Remisión realizada por Venezuela», expresó.
Por otra parte, la vicepresidenta Ejecutiva explicó que, durante el encuentro, también fue abordado el asunto conocido como Venezuela I, ratificando que en el país no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma.
En este marco, le ratificamos nuestra disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional.
En tal sentido, ratificó la disposición del Gobierno Bolivariano de «continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional».
