«La verdad de nuestro país se impondrá, han quedado al descubierto las maniobras de quienes históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global, que no se subordinan a los mandatos del Norte desestabilizador y decadente». El mensaje anterior quedó plasmado en un comunicado emitido este lunes 1° de diciembre por el gobierno nacional, luego que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara el mismo día que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con Venezuela, en materia de “complementariedad”.

El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, aseguró en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que se celebra en La Haya, Países Bajos, que pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, citaban medios internacionales.

A través de un comunicado emitido por la Cancillería, Venezuela rechazó las declaraciones del funcionario de la CPI.

El gobierno del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, explicó en el texto que: «Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti-Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que «en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos».

Agrega el texto oficial: «A pesar de ello, Venezuela -en un claro espíritu de cooperación internacional- se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigidos a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana».

Venezuela también da a conocer en el texto que luego de «haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose insensatamente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos».

A continuación, el texto íntegro:

La República Bolivariana de Venezuela rechaza las declaraciones proferidas por el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang, en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se desarrolla en la ciudad de La Haya, Países Bajos.

Vale recordar que Venezuela fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma y, desde entonces, ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional.

Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos.

A pesar de ello, Venezuela -en un claro espíritu de cooperación internacional- se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigidos a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana.

En el marco de dicho proceso, Venezuela y la Fiscalía suscribieron dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta para concertar mecanismos que contribuyan efectivamente a los esfuerzos nacionales en materia de justicia y derechos humanos. En estos documentos, la Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país.

Sin embargo, lamentablemente, la Fiscalía de la CPI no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación. A pesar de haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos.

La verdad de nuestro país se impondrá, han quedado al descubierto las maniobras de quienes históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global que no se subordinan a los mandatos del Norte desestabilizador y decadente. Somos hijos e hijas de libertadores, y nos debemos a su doctrina verdadera de justicia. Venezuela siempre vencerá.

Caracas, 1º de diciembre de 2025