Venezuela demuestra sus derechos históricos sobre Guayana Esequiba ante la CIJ
La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó pruebas sobre la titularidad venezolana del territorio Esequibo desde 1777. Foto @ViceVenezuela
VEA / Yonaski Moreno
Venezuela presentó pruebas y argumentos jurídicos que demuestran su titularidad sobre el territorio de la Guayana Esequiba desde el año 1777. «El Reino Unido nunca, jamás, tuvo titularidad del territorio de Guayana Esequiba», expuso la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde participó en la audiencia de objeciones preliminares de Venezuela respecto a la demanda unilateral realizada por Guyana ante ese organismo.
«En 1777 la corona española creó la Capitanía General de Venezuela integrada por las provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita y Trinidad», explicó la representante venezolana, mostrando un mapa de la época. Agregó «esta dependencia administrativa es la fuente territorial de lo que posteriormente pasó a convertirse en la República de Venezuela, que nació con su declaración de independencia y su Constitución de 1811. A partir de ese momento la historia constitucional de Venezuela refleja la pertenencia de Guayana Esequiba como provincia del territorio de Venezuela».
En su intervención Rodríguez presentó un resumen histórico que da cuenta de la titularidad de Venezuela del territorio Esequibo. «En 1825 el Reino Unido reconoció la Gran Colombia, que tenía como frontera oriental el territorio de la Guayana Esequiba de Venezuela. El Reino Unido nunca, jamás, tuvo titularidad del territorio de Guayana Esequiba», expuso.
Añadió que entre los años 1841 y 1895 se identifican tres (3) elementos constantes: la protesta permanente de Venezuela contra las falsedades y las amenazas imperiales de Gran Bretaña; la disposición permanente por parte de Venezuela a través de medios pacíficos, amistosos y directos, y el intento reiterado de desposesión territorial por parte de un imperio situado a 12 mil kilómetros de distancia.
El fraude del Laudo Arbitral de 1899
La vicepresidenta Ejecutiva resaltó que a lo largo del siglo XIX el gobierno de Gran Bretaña procuró afirmar unilateralmente nuevos derechos sobre el terreno en controversia a través de la publicación de mapas manipulados que contenían fronteras falsificadas en su favor. Además, reafirmaron la voracidad británica al asegurar que «las fronteras no eran objetos de negociación ya que serían defendidas por el uso de la fuerza».
En respuesta a las intenciones de abuso de soberanía, Venezuela procuró la asistencia de terceras partes para aliviar las tensiones y proteger su territorio, abriéndose una nueva fase del litigio -con Estados Unidos como representante de Venezuela- «en la que los intereses de la potencia imperial, mayor del mundo, Gran Bretaña, chocaron con los de una potencia emergente, a saber Estados Unidos que procura imponer su hegemonía en el hemisferio occidental. Se organizó un acuerdo de arbitraje donde todas las piezas se dispusieron para dar lugar a un fraude por medio del engaño. El propósito del Reino Unido era robar el territorio venezolano por motivos geopolíticos y económicos», relató Rodríguez.
Asimismo, precisó que buena parte de su alocución frente a la CIJ, este jueves 17 de noviembre, se centró en Reino Unido y Venezuela, porque «en esta historia hay dos protagonistas (…). Guyana no existía como objeto de Derecho Internacional en el momento en que se consumó este fraude».
En 1949, Mallet-Prevost presentó las acciones fraudulentas y falaces contra Venezuela a través de un memorándum. «La revelación de Prevost activó una investigación adicional, que fue realizada por historiadores venezolanos en los archivos oficiales de Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos investigadores obtuvieron pruebas históricas desconocidas. Estas inclusiones documentales contribuyeron a confirmar el fraude que había sido cometido por el Reino Unido en el arbitraje», continuó la Ejecutiva en su exposición.
Precisó que tras el descubrimiento del fraude del Laudo Arbitral, de 1899, Venezuela denunció la situación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1962.
«Si la demanda de Venezuela era absurda ¿habría dedicado el Reino Unido cuatro años de negociaciones, entre 1962 hasta 1966? La respuesta es que no lo habría hecho. Si estas negociaciones no hubieran revelado que algo en el Laudo era gravemente erróneo el Reino Unido nunca habría confirmado la declaración de Venezuela de que el Laudo era nulo», aseveró.
La demanda unilateral de Guyana
Ante la CIJ, Delcy Rodríguez expuso en qué contexto se produce la demanda unilateral de Guyana contra Venezuela.
«A principios de 2015 la relación cambió en su totalidad en el contexto de la búsqueda de una solución amistosa. Guyana, impulsada por el sector transnacional de la energía, que ha estado tras esta controversia territorial a lo largo de décadas, aprovechó la oportunidad para acelerar su acción con miras a una reivindicación o demanda respecto a la validez del Laudo. Estas mismas transnacionales, una tercera parte que no tendría ningún objeto en este litigio, son las que financian a la asistencia jurídica de Guyana en las actuaciones ante esta corte», relató.
Añadió que ese mismo año, la empresa petrolera norteamericana ExxonMobil anunció «un descubrimiento de primera magnitud mundial». Desde entonces «Guyana inició una aventura petrolera mediante la concesión unilateral de grandes concesiones a empresas transnacionales ante lo cual Venezuela ha protestado incansablemente». Con sus acciones ilícitas ha destruido grandes partes del entorno, del ambiente, del Esequibo, indicó.
«Guyana hace caso omiso de la determinación del Acuerdo de Ginebra de resolver la controversia territorial que afecta la integridad territorial de Venezuela con sus prospecciones ilegales», denunció.
En su intervención, la vicepresidenta Ejecutiva de la República reafirmó el compromiso de Venezuela con la práctica de la tolerancia y coexistencia pacífica. «Por ello, una vez extendemos nuestra mano a Guyana para resolver la controversia territorial actual en cumplimiento del acuerdo de Ginebra», señaló.
