Venezuela rechaza aplicación de Ley del Enemigo Extranjero a migrantes venezolanos

VEA / Nancy Martínez

«La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi».

Con el mensaje anterior comienza el comunicado emitido por el Gobierno nacional este domingo 16 de marzo, en donde repudia La Ley de Enemigos Extranjeros, que el mandatario estadounidense Donald Trump invocó el día anterior para acelerar las deportaciones de migrantes, bajo la narrativa de su lucha contra supuestos miembro de la banda El Tren de Aragua, una organización criminal erradicada completamente en Venezuela.

En el comunicado compartido por el canciller de la República, Yván Gil, Venezuela explica que: «La Ley del Enemigo Extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, si no que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, conformándose su intento de aplicación en un delito de lesa humanidad».

También recuerda que el migrante que cruzó las fronteras del país, lo hizo por razones económicas, causadas por las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por EEUU contra la nación, medidas criminales a las que se sumaron gobiernos aliados del imperio yanqui.

«Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se movilice en defensa de los derechos de nuestros pueblos y denuncie esta acción aberrante ante el mundo. No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso contra toda nuestra región. La unidad y la solidaridad de nuestra América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo», reza el texto.

En su narrativa contra Venezuela, Trump asegura que esta medida es para combatir supuestos miembros del Tren de Aragua que «se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo guerra irregular y acciones hostiles contra el país», se lee en la web de la Casa Blanca.

En su agresión contra la nación venezolana también vuelve a poner en la palestra, como hicieron en años anteriores, al «Cártel de los Soles», una «organización narcoterrorista» que según los gringos dirige el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Ya el miércoles 12 de marzo, Diosdado Cabello, integrante del Alto Mando Político de la Revolución alertaba que revivirían esta campaña, al tiempo que la agenda conspirativa contra el país incluye una «guerra comunicacional sin precedente».

A continuación, el texto del comunicado

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi.

La Ley del Enemigo Extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, si no que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, conformándose su intento de aplicación en un delito de lesa humanidad.

El migrante venezolano que cruzó nuestras fronteras en busca de alternativas de vida, lo hizo por razones económicas que fueron consecuencia de las penurias creadas a nuestro pueblo por el bloqueo criminal a nuestra economía, impuesto por gobiernos de occidente en contra de toda la sociedad venezolana para perpetrar sus planes de cambio de régimen en Venezuela. En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales, ni “enemigos extranjeros”. Son víctimas.

Venezuela rechaza la persecución contra nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes personales, patrimonio, negocios, vehículos, cuentas bancarias. Asimismo, denunciamos de forma enérgica que nuestros compatriotas en Estados Unidos están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos. Con profunda indignación repudiamos la amenaza de secuestro de menores de 14 años de edad; nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas, que son considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos.

María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni, Leopoldo López, y otros, conforman el núcleo criminal que ha solicitado una y otra vez la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra de todo el pueblo venezolano y que ostentan como uno de sus más grandes logros la aplicación de esta ley contra nuestros migrantes. Así como intentaron obtener rédito político del sufrimiento que infringieron al pueblo a través de las sanciones, son los responsables de la creación de una red criminal de coyotes que, a cambio del dinero de humildes venezolanos y venezolanas, condujeron a muchos de nuestros compatriotas a distintos países, incluido los Estados Unidos. De esta acción criminal de la facción del extremismo opositor venezolano, existen suficientes pruebas en manos de los organismos de seguridad estadounidense. Una investigación imparcial sacaría a la luz estas evidencias.

Estos apátridas celebran esta proclama que no solo estigmatiza, sino que invoca la figura de “enemigo extranjero” para calificar a una migración pacífica y trabajadora.

Esta nueva agresión se enmarca dentro de la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, impulsadas desde Washington con el respaldo de sectores extremistas del fascismo venezolano. Desde el Decreto Ejecutivo firmado en 2015 por Barack Hussein Obama, donde se declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, la persecución contra nuestro país y su pueblo no ha cesado.

Ante la gravedad de esta maniobra ilegítima y violatoria de los derechos humanos, fechada 14 de marzo del año en curso, Venezuela convoca a la unidad nacional, al infinito espíritu de solidaridad de nuestro pueblo, y al desarrollo de todos los mecanismos de protesta activa en lo diplomático, lo jurídico y lo político, en defensa de nuestros migrantes y de sus familiares que conviven en nuestro país.

No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales, a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes.

Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se movilice en defensa de los derechos de nuestros pueblos y denuncie esta acción aberrante ante el mundo. No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso contra toda nuestra región. La unidad y la solidaridad de nuestra América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo.

¡Venezuela toda exige respeto a sus migrantes y sus familias!