Venezuela propuso en Naciones Unidas Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales
Afirmó el ministro Yván Gil Pinto, que las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), profundizan las condiciones para la pobreza y la desigualdad, «se convierten claramente en crímenes de lesa humanidad y en violaciones masivas de los DDHH. Foto: @cancilleriave.
VEA / Cancilleria
El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, durante debate este lunes en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, elevó la propuesta de un “Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU)”.
El canciller venezolano explicó que la aprobación de esta fecha permitiría “avanzar en la campaña mundial a favor de la eliminación total de las mal llamadas ‘sanciones’, así como aumentar la sensibilización sobre las repercusiones negativas que tienen las medidas coercitivas unilaterales en todos los ámbitos de la vida”. Agregó que tal solicitud representa un “llamamiento mundial, casi unánime y persistente”.
Exhortó a los Estados miembros de la comunidad internacional, que se “abstengan de reconocer, aplicar, prestar ayuda o asistencia o realizar cualquier otro acto que pueda facilitar la promulgación o aplicación de medidas coercitivas unilaterales”, y exigió el cese inmediato de estas.
El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, en voz del diplomático venezolano, reiteró su “apoyo y solidaridad con todos los países y pueblos afectados alrededor del mundo por este fenómeno cruel e inhumano”, para quienes exigió reparaciones por todos los “daños, lesiones y pérdidas sufridas e infligidas” y las garantías y seguridades apropiadas de no repetición.
En ese sentido, Gil precisó que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales representa “una clara violación, entre otros, de los propios principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, de las normas más básicas del derecho internacional”; además, “amenazan el orden jurídico y económico internacional, al obstaculizar, entre otras cosas, la cooperación internacional, el comercio y la inversión, al socavar el derecho y la libertad de los Estados a participar en la cooperación económica internacional”; por lo que “profundizan las condiciones para la pobreza y la desigualdad; se convierten claramente en crímenes de lesa humanidad y en violaciones masivas de los DDHH».
