Venezuela rechaza infundada decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI
El Gobierno nacional indicó que quedó demostrado «la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines político». Foto Internet
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
«La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con el recurso de apelación interpuesto por el país contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado Venezuela I». Así se pronunció este viernes 1° de marzo el gobierno nacional, luego que se conociera la decisión del referido organismo internacional, de continuar investigando a la Patria Bolivariana.
En el comunicado difundido por la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, el gobierno nacional destaca que durante la audiencia celebrada en dicha Sala de Apelaciones en el mes de noviembre de 2023, «quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido».
El caso «Venezuela I» se refiere a presuntos delitos que habrían sido cometidos por el gobierno nacional desde, al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos protagonizados por la derecha. El caso lo inició en febrero de 2018 la CPI.
En el texto, Venezuela denuncia que «toda esa maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos, que como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana, como establece la Constitución».
De igual forma, Venezuela lamenta que mientras el mundo ve con horror el genocidio que está siendo cometido contra el pueblo palestino, ante la inacción de la burocracia internacional llamada a impedirlo o detenerlo, la CPI «haya optado por invertir su tiempo y los escasos recursos disponibles, para seguir adelante con acciones que claramente desnaturalizan su razón de ser y minan su credibilidad como organismo internacional».
Demostrada la politización de la CPI
Tras rechazar la «infundada decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que pretende ocultar la verdad de Venezuela, en un caso evidente de instrumentalización política contra el país», la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, destacó que «ha quedado demostrada la politización de este órgano de justicia que además es negligente y demuestra inactividad frente al genocidio en Palestina, donde el gobierno sionista de Israel ha asesinado a miles de niños y mujeres, frente a la mirada cómplice de la justicia internacional».
«Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios a su alcance», agregó.
A continuación el texto íntegro del comunicado
La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con el recurso de apelación interpuesto por el país contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado ‘Venezuela I’.
Durante la audiencia celebrada en dicha Sala de Apelaciones en el mes de noviembre de 2023, quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido.
Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la Constitución.
Venezuela lamenta que, mientras el mundo observa con horror como el pueblo palestino es víctima de un cruento genocidio ante la inacción de la burocracia internacional llamado a impedirlo o detenerlo, la Corte Penal Internacional haya optado por invertir su tiempo y los escasos recursos disponibles para seguir adelante con acciones que claramente desnaturalizan su razón de ser y minan su credibilidad como organismo de justicia internacional.
La República Bolivariana de Venezuela reitera que, como Estado soberano, tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas. Venezuela sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en su territorio soberano.
En ese sentido, desde hace algún tiempo, Venezuela ha trabajado estrechamente con la Fiscalía de la CPI para diseñar un programa de asistencia técnica orientado a seguir fortaleciendo las capacidades de las instituciones del Estado. Venezuela agradece la asistencia brindada y ratifica que no es necesario ni apropiado que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales.
Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela renueva, una vez más, su firme compromiso con el estado de Derecho y la legalidad internacional, al tiempo que continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles para revertir con la verdad todos estos mecanismos de instrumentalización política de la justicia penal internacional.