VEA / Yuleidys Hernández Toledo

«Los graves problemas de derechos humanos que persisten en el país incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos, y las condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas y afrocolombianas». 

Así lo denuncia Human Rights Watch en su informe mundial 2022 dado a conocer la tarde del pasado jueves 13 de enero, en donde también da a conocer que en Colombia «más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016; ello convierte a Colombia en uno de los países con las estadísticas más elevadas de asesinatos de defensores a nivel mundial».

Reza el documento emitido por el organismo aliado de régimenes de derecha que en 2021, exactamente hasta septiembre de ese año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, «había documentado el asesinato de 58 defensores de derechos humanos en 2021 y se encontraba verificando otros 34 casos». 

«Colombia ha establecido un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente, en especial la de aquellas medidas que surgieron del acuerdo de paz de 2016», reza el texto.

8 millones de desplazados

El informe también destaca que «desde 1985, la violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a más de 8 millones de colombianos, en un país con una población total de 49 millones, según estadísticas gubernamentales».

«La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) informó más de 60.000 personas desplazadas entre enero y septiembre de 2021 en “desplazamientos masivos” de 50 o más personas o de 10 o más familias, la cifra más alta que ha registrado esa oficina desde 2012», agrega el organismo.

Violaciones de DDHH en las protestas

Al referirse a las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril en Colombia contra una propuesta de reforma tributaria, la desigualdad económica, la violencia policial y la escasa protección para comunidades vulnerables, Human Rihgt reitera la denuncia sobre la violencia policial que ejerció el régimen de Iván Duque contra los manifestantes.

«En reiteradas oportunidades, la policía dispersó de manera arbitraria manifestaciones pacíficas e incurrió en un uso excesivo —y a menudo brutal— de la fuerza, que incluyó el empleo de municiones letales y violencia de género», dice el informe dado a conocer en enero de este 2022. Las palabras son muy similares a la denuncia que presentó en junio del pasado año en un anterior documento.

Recuerda el documento que  «Human Rights Watch halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales. Cientos de manifestantes resultaron heridos y algunos sufrieron pérdida de visión posiblemente permanente en un ojo, como aparente resultado de cartuchos de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras o proyectiles con impacto cinético disparados con armas antidisturbios».

«En junio, la Defensoría del Pueblo informó haber recibido denuncias sobre 5 casos de violación y más de 100 casos de violencia de género por parte de policías, que incluían bofetadas y abuso verbal. Entre las víctimas había personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT)», agrega.

Fallas en la independencia judicial

El informe también denunció fallas en la independencia judicial. En ese contexto recordó que en agosto de 2020, la Corte Suprema dispuso la prisión preventiva del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe, como parte de una investigación para determinar si sobornó a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones en relación con su presunto rol en la creación de grupos paramilitares. «En respuesta, el presidente Iván Duque, aliado de Uribe, y otros líderes de su partido, el Centro Democrático, hicieron declaraciones que parecían estar orientadas a desacreditar o intimidar a la corte y restar legitimidad a la decisión. Algunos propusieron reformar la rama judicial».

32 niños índigenas fallecidos

El informe también denuncia la condición de pobreza en la que viven la población indígena en Colombia.

«Las poblaciones indígenas de Colombia padecen niveles desproporcionados de pobreza que les impiden ejercer sus derechos sociales y económicos. En 2021, al menos 32 niños y niñas de menos de cinco años —en su mayoría de comunidades indígenas wayuus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición y acceso limitado al agua potable segura», denuncia el organismo.

También agrega que «las acciones inadecuadas del gobierno para asegurar suficiente atención de la salud, agua y alimentos, además del confinamiento por el Covid-19, han exacerbado la crisis de desnutrición de los wayuus».