Clodovaldo Hernández

@clodoher

¿Quiénes han dañado, tal vez de manera irreversible, el recurso constitucional del referendo revocatorio, implantado como una novedad en la Carta Magna de 1999?

Si usted lanza esta interrogante así, al rompe, en cualquier reunión familiar, laboral, comunal o casual, seguramente encontrará las mismas respuestas opuestas típicas de nuestra ya antigua (aunque debilitada) polarización política. Los antichavistas dirán que los culpables han sido los chavistas, y viceversa.

Bueno, acá les voy a exponer mis argumentos históricos y actuales de por qué opino que la oposición derechista tiene la mayor carga de la culpa en la poca fe que el referendo revocatorio genera. Veamos.

 

La génesis desleal
Todas las veces que la oposición (o una parte de ella) ha intentado activar el mecanismo de referendo revocatorio, lo ha hecho luego de una etapa previa de generación de descontento mediante medidas extremas dirigidas contra la población que es, a fin de cuentas, la masa votante. El referendo se ha visto como el tiro de gracia, luego de una previa operación de desgaste.

Podrá alegarse que eso es lo normal, que las fuerzas opositoras siempre hacen eso: debilitar al gobierno para que llegue a las elecciones en las peores condiciones posibles. Es cierto, pero debe quedar constancia que en los casos a los que se hace referencia acá, hablamos de acciones antipopulares y antinacionales, apoyadas por intereses de las élites económicas locales y por potencias extranjeras.

El derecho a convocar el primer referendo revocatorio nació en 2003, cuando el presidente Hugo Chávez cumplía su tercer año en la presidencia, tras la relegitimación de 2000. Cuando se inició ese año, Venezuela estaba en una de sus situaciones más delicadas de los tiempos recientes: venía del golpe de Estado de abril de 2002 y del paro-sabotaje petrolero y empresarial de finales de 2002 y comienzos de 2003. “En la lona”, es una expresión muy gráfica para describir la condición del país, producto de la estrategia opositora de causar el máximo sufrimiento posible en la colectividad, para que esta expulsara a Chávez de Miraflores.

Desde finales de 2001, el Gobierno Bolivariano no había podido hacer otra cosa que defenderse de las agresiones económicas, políticas y militares. El sabotaje petrolero redujo a cero la producción, la exportación y, por tanto, los ingresos nacionales.

La medición de fuerzas  en un cuadro como ese habría sido muy difícil de ganar, incluso para Chávez, con todo y su clamoroso apoyo popular y el indiscutible vigor de su liderazgo.

El recurso del referendo tuvo así una génesis desleal: los sectores empresariales y la derecha política, respaldados por Estados Unidos, sometieron al país a un ataque brutal, con métodos anticonstitucionales y violentos, para luego reclamar una medición de fuerzas en el plano electoral.

La estrategia del gobierno, evidentemente, fue dilatoria, darle largas a la confrontación en las urnas mientras intentaba tomar un segundo aire, lo que logró de un modo impresionante con los programas sociales denominados Misiones, en especial Barrio Adentro, Mercal, Robinson, Ribas, Sucre y Negra Hipólita.  El país –especialmente el gran sector de los excluidos que había llevado a Chávez a la Presidencia– percibió que el Ejecutivo, luego de superar coyunturas terribles, había dado grandes pasos en la dirección correcta. Eso le permitió al gobierno acceder al referendo a mediados de 2004 y ganarlo de manera inequívoca.

La segunda vez que la oposición se planteó la opción revocatoria fue contra el presidente Nicolás Maduro, en 2016. Lo hizo luego de tres años de guerra económica, graves episodios de violencia foquista (las guarimbas de 2014) y el comienzo de la política estadounidense de medidas coercitivas unilaterales (decreto Obama, en 2015). Una vez más, la población estaba en condición de shock, tal como lo había demostrado ya en diciembre de 2015, cuando respaldó a la oposición en las elecciones legislativas.

De nuevo se pretendía ganar una medición electoral gracias al voto castigo por situaciones que, en gran medida, había gestado la misma oposición (vista como conglomerado partidista, empresarial, mediático, bajo dirección imperial).  Algo así como, primero te hago la vida imposible y luego te pido que votes por mí para resolver la tragedia en la que te he sumido.

En cuanto al 2022,  hace algunos meses el escenario se planteaba muy similar, con una oposición que ha desangrado los bienes del país en el extranjero y ha clamado por el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales, y luego aparecería como salvadora, pidiendo votos revocatorios. La diferencia en este punto es que el año 2021, contra los pronósticos de los expertos, fue un tiempo de relativa recuperación económica y eso no resultó conveniente  para quienes basaban sus expectativas electorales en el máximo descontento general más que en un proyecto alternativo de país.

 

La trampa como pecado original
Para seguir analizando cómo es que los factores antigobierno han atentado contra la figura del referendo revocatorio presidencial, volvamos a los años 2003 y 2004, cuando la coalición opositora Coordinadora Democrática se propuso sacar a Chávez del poder, ya no con un golpe de Estado ni con una huelga petrolera, sino con votos.

Allí podemos encontrar el pecado original de aquella iniciativa: la trampa.

Los promotores de la recolección de firmas, en lugar de aprovechar el amplio apoyo del que gozaban y regirse por una visión ética, por el juego limpio, se decantaron por la viveza criolla. Incorporaron miles de firmas falsas y ni siquiera tuvieron el cuidado de ocultar los aspectos más pueriles de la artimaña.

Centenares de planillas fueron detectadas como salidas de una misma mano que escribió nombres, números de cédula y rúbricas ilegítimas a la manera de las llamadas “planas” de la escuela, cuando, por castigo, se ponía a los estudiantes a escribir cien veces o más “Debo portarme bien”.

El fallido engaño solo sirvió para darle una excusa al gobierno al momento de solicitar que las firmas dudosas fueran “reparadas”, es decir, que los titulares de las cédulas registradas en las planillas cuestionadas fueran convocados a una nueva jornada en la que debían firmar ante las autoridades electorales. Las objeciones ayudaron al gobierno a aplazar la consulta por varios meses.

Más allá de ese proceso específico, la trampa de las firmas planas creó resquemores que han conducido a un reforzamiento de las medidas destinadas a garantizar la pulcritud del acto que el CNE llama “expresión de voluntades”. Esto se hizo evidente en la jornada de esta semana, en la que los interesados debían acudir a puntos específicos autorizados por el organismo e identificarse biométricamente (con la tecnología de huellas digitales).

Luego de haber minado las bases de la confianza en la recolección de firmas, los opositores se han quejado amargamente de las normas adicionales de control que se han instaurado para evitar que se repitan las marrullerías de 2003-2004. Pero fueron precisamente esas irregularidades las que obligaron a blindar el sistema de manifestación de apoyo.

 

La irresponsabilidad de cantar fraude
Otro bombazo contra la credibilidad de los procesos referendarios lo dio la dirigencia opositora con su irresponsable denuncia de fraude de la madrugada del 16 de agosto de 2004, es decir, horas después de la jornada electoral.

En esa oportunidad, con Henry Ramos Allup fungiendo de vocero, la Coordinadora Democrática se dijo víctima de un terrible fraude y prometió que presentaría pruebas en el curso de las siguientes 24 horas. Pero han pasado 18 años, 5 meses y algunos días (más de 161 mil 700 horas) sin que se haya consignado el primer indicio.

La denuncia de fraude fue respaldada por toda la maquinaria mediática interna y global a pesar de su notoria inconsistencia. Aún hoy muchos opositores siguen afirmando, sin rubor, que ese referendo se lo robaron.

Al restarle legitimidad al resultado mediante una acusación no probada, la dirigencia antichavista menoscabó la fe que su militancia tenía en el voto como instrumento para lograr el cambio político.

De hecho, esa infundada denuncia fue la primera de una larga serie de episodios de la campaña antivoto. Al año siguiente, la oposición se retiró a última hora de los comicios legislativos, alegando falta de garantías por parte del CNE.

Además, se hizo norma que la oposición solo reconozca los resultados cuando les son favorables y así vimos a Henrique Capriles Radonski cantando fraude en 2013 y a los principales partidos opositores negándose a participar en las presidenciales de 2018.

Una pregunta que surge es: ¿con qué cara puede ir la oposición a pedir firmas para un revocatorio luego de haber devastado la credibilidad en el mecanismo revocatorio y en el voto en general mediante denuncias mal sustentadas?

 

La manipulación de las listas
Tal vez el peor daño que se le ha hecho al referendo revocatorio como novedoso dispositivo de revisión de la voluntad expresada previamente por el electorado es el causado por las manipulaciones acerca del presunto uso de las listas de firmantes por parte del gobierno no revocado.

El liderazgo antichavista acusó al gobierno de haber empleado la data de los firmantes para tomar represalias, especialmente contra los empleados públicos y contratistas de organismos y empresas del Estado. Esto se convirtió en una poderosa matriz de opinión a pesar de que, en rigor, fue la organización opositora Súmate, dirigida por la ultraderechista María Corina Machado, la que produjo la célebre lista, cuya autoría se le endilgó al fallecido dirigente socialista Luis Tascón.

La realidad práctica demuestra que la utilización de la lista como instrumento de retaliación ha sido, en todo caso, marginal, pues la administración pública ha mantenido siempre una fuerte presencia de firmantes en contra de Chávez, incluso algunos en cargos de alto rango.

Sin embargo, la narrativa de que el gobierno utilizó la “Lista de Tascón” para perseguir a los opositores declarados, cristalizó de tal manera que en los siguientes intentos de recolección de firmas ha sido un factor de autocontención para un segmento del electorado cuya magnitud es difícil precisar.

 

La visión golpista del revocatorio
A la erosión del revocatorio como alternativa popular ha ayudado también el empeño opositor en ubicarlo como parte de su repertorio de armas golpistas.

Como ya se señaló, cada vez que se le ha invocado ha sido luego de diversos intentos de desalojar al Presidente por vías de facto, lo cual produce, tanto en opositores como en partidarios del gobierno, la sensación de que es otra de esas rutas.

El chavismo no le da crédito al talante democrático que asume la oposición para activar el referendo porque es la misma dirigencia que ha encabezado intentos de golpes de Estado, magnicidios, invasiones extranjeras, disturbios, linchamientos y guerra económica.

Para muchos opositores radicalizados, ese cambio de frecuencia (del golpismo al revocatorio) tampoco es digerible. Ven la iniciativa de referendo como una concesión, una traición. Esto ha quedado demostrado de un modo absoluto en el más reciente intento de recabar firmas.

 

La falta de unidad estratégica
En 2003-2004, la oposición, que venía de sufrir las derrotas sucesivas del revertido golpe de Estado de abril de 2002, del show de la plaza Altamira y del paro-sabotaje petrolero y empresarial de 2002-2003, se mantuvo unida para ir al referendo revocatorio. Pero en los dos intentos posteriores (2016 y 2022) ha estado lejos de la unidad.

En 2016, la Mesa de la Unidad Democrática estaba engolosinada con su reciente victoria en las parlamentarias de diciembre de 2015. Había, en apariencia, opciones más efectivas para salir de Nicolás Maduro, apoyándose en el control del Poder Legislativo. Fue entonces cuando Ramos Allup prometió que el gobierno no pasaría del primer semestre del año.  En medio de la borrachera de victoria, los dirigentes dispersaron sus esfuerzos y, a la hora de los balances, no se activó el mecanismo de referendo.

Los opositores le echaron la culpa al gobierno, pero todo parece indicar que de haber tenido la determinación de hacerlo, ese año hubiesen podido activar el referendo y, a juzgar por el caudal electoral de los comicios legislativos, con gran probabilidad de ganar la consulta.

Más complicado aún fue el cuadro previo al fracasado intento de recolección de firmas de este mes. En las actuales circunstancias, la oposición no cuenta ni siquiera con una instancia de coordinación. La MUD desapareció y no ha surgido una coalición que haga sus veces. Los partidos del llamado G-4 están divididos internamente entre facciones abstencionistas y participacionistas. Su coherencia como alianza es muy baja, luego de los desaguisados del denominado gobierno encargado.

Pese a los resultados halagüeños de las elecciones regionales en cuanto a votación global, son numerosos los líderes opositores que entienden que no es un buen momento para una confrontación nacional, sino que es preferible pensar en el horizonte de 2024.

La unidad estratégica se complica porque son varios los líderes que aspiran a la candidatura presidencial de una aún hipotética unidad opositora en las próximas elecciones. Si ponerse de acuerdo con miras a 2024 es una tarea compleja, habría que imaginar las dificultades para lograrlo ante la doble hipótesis de que el referendo hubiese sido convocado y de que la oposición lograra el objetivo de revocar a Maduro. Ese escenario habría obligado a tener un candidato único opositor este mismo año.

Como tema para la discusión queda entonces esta rápida revisión de la historia de 18 años de los intentos de referendo revocatorio presidencial. En ella se observa quiénes han torpedeado un recurso casi único en el mundo, el que hubiesen podido utilizar con un poco más de inteligencia.

 

Reflexión mediática
Un rey censurado.
Los periódicos, televisoras y portales españoles, ocultaron deliberadamente el hecho de que el rey Felipe VI recibió en el Palacio Real al jefe de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid, Mauricio Rodríguez, un acontecimiento obviamente noticioso por su significado político.

Para entender el asunto, baste decir que si el asistente al acto hubiese sido el señor adeco de apellido Ecarri, que dice ser embajador de Venezuela en el reino ibérico, los mismos medios habrían escrito páginas enteras de odas y loas durante varias semanas. Pero ese señor, si bien se ha dado la gran vida en España fungiendo como diplomático, todavía no ha podido ir a un besamanos de su (la de ellos) majestad.

Rodríguez presentó su saludo al monarca, pero si usted se pone a escarbar en internet para ver cómo lo trataron los medios en España, comprobará que ¡censuraron al rey!

La prensa española -tanto la abiertamente monárquica y franquista como la que presume de ser “de izquierdas”- considera noticiosas todas las actividades oficiales de la Casa Real. Pero hay acontecimientos que “se los pasan por alto”.

Durante años obviaron las andanzas corruptas del rey emérito (que resultó ser un soberano ladrón). En este caso, esconden incluso un hecho revestido de la pompa y circunstancia propia del protocolo real, por ser discordante con su línea editorial. Es el concepto de noticia que se adapta al gusto de los otros “reyes”: los dueños de los medios y sus periodistas de confianza.

 

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