Colombia vota este domingo 21 de junio en una segunda vuelta presidencial que parte al país y concentra la atención de toda América Latina. El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, mide fuerzas con el abogado Abelardo de la Espriella en una jornada que decide si el proyecto progresista abierto por Gustavo Petro suma otros cuatro años o si la región estrena un nuevo gobierno de extrema derecha.

Cepeda llega al balotaje con un mensaje dirigido al centro del debate continental. El aspirante de izquierda considera un riesgo trasladar a Colombia fórmulas autoritarias ensayadas en otros países, desde la motosierra fiscal de Javier Milei hasta las megacárceles de Nayib Bukele. Esa advertencia resume el dilema que enfrentan hoy los votantes colombianos y buena parte del hemisferio.

En entrevista con el diario El País, Cepeda sostuvo que copiar esas recetas desconoce la realidad social y política colombiana. «Quien no entienda que eso no se puede copiar puede llevarse desagradables sorpresas», afirmó el candidato, que recordó el estallido social vivido durante el gobierno de Iván Duque tras la pandemia.

El senador sumó a esa crítica el trato del gobierno de Donald Trump a los migrantes, otro de los espejos en los que se mira su rival. Para Cepeda, los contextos económicos y sociales del país difieren demasiado de los de Argentina, El Salvador o Estados Unidos como para importar sus políticas sin consecuencias. Frente a esas fórmulas ajenas, defiende una hoja de ruta propia.

El heredero de Petro

Cepeda, de 63 años, profesor y defensor de derechos humanos, condujo una campaña de bajo perfil sostenida por Petro y su base electoral. Su votación de mayo, cercana al 41 por ciento frente al 44 de su rival, confirmó un giro de fondo para consolidarse como alternativa de poder. El gobierno saliente amplió los programas sociales y el acceso a la universidad pública, respaldó a adultos mayores y a jóvenes sin empleo, y llevó la pobreza a un mínimo histórico, según la oficina nacional de estadísticas.

Sobre esa herencia, el candidato presentó en junio un plan más preciso, ordenado en torno a tres revoluciones —ética, socioeconómica y política— y matizado para tranquilizar al votante de centro. Retiró la Asamblea Constituyente y la reemplazó por un «gran acuerdo nacional» que no toca la arquitectura constitucional; transformó la «paz total» en una «paz integral» anclada en el acuerdo con las FARC y en diálogos territoriales; y cambió el acento en el «salario vital» por aumentos del mínimo atados a la productividad y al costo de vida.

El abogado de los señalados

De la Espriella nació en Bogotá en 1978 y creció en Montería, en una familia acomodada con raíces en el poder regional de Córdoba. Un padre magistrado y luego notario por designación cercana al uribismo, y una madre de tradición ganadera con peso político, lo instalaron desde joven en la élite del Caribe, el mismo entorno social del futuro jefe de las AUC, Salvatore Mancuso.

Con los años, el abogado construyó su prestigio defendiendo a personajes señalados por la justicia. Entre sus clientes figuran el propio Mancuso, responsable de cientos de masacres; el exdirigente gremial Jorge Visbal, condenado por nexos paramilitares; los políticos sancionados por parapolítica Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Rocío Arias; y David Murcia Guzmán, autor de la pirámide DMG que estafó a más de 200.000 colombianos.

Esa hoja de vida choca con la consigna que repite en campaña. «Vamos a hacer una patria libre de bandidos», prometió en un acto en Barranquilla el 23 de mayo. La frase desentona con la cercanía que distintos informes le atribuyen al entorno del narcoparamilitar Hugues Rodríguez, alias Comandante Barbie, a quien testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica ubican entre los benefactores del paramilitarismo en el Cesar.

Esa biografía gana otra dimensión cuando se mira hacia afuera. Trump, el ecuatoriano Daniel Noboa y Milei respaldaron de forma pública a De la Espriella. Frente a ese apoyo, Cepeda citó la carta de 11 congresistas demócratas que pidieron al fiscal y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigar la fortuna que el candidato amasó en ese país.