Colombia: Declaran emergencia económica, social y ecológica en la Guajira

VEA / Yonaski Moreno       

El gobierno de Colombia ha declarado Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de la Guajira. La medida fue adoptada tras la firma del documento por parte del presidente Gustavo Petro, este domingo 2 de julio, y tendrá una vigencia de 30 días.

El decreto prioriza 11 sectores para enfrentar la grave crisis humanitaria que atraviesa el departamento, atribuida –entre otros factores– a la corrupción, el cambio climático, y a que las medidas, planes y programas de contingencia para garantizar el acceso a los servicios básicos esenciales de la población no han sido efectivos.

De acuerdo a nota publicada en la página web petro.presidencia.gov.co, el gobierno colombiano enfocará sus esfuerzos en las áreas de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, ambiental, educación, energía, transporte, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros.

En materia de salud, se propone generar medidas legislativas para reorganizar la estructura y funcionamiento del sistema sanitario en la Guajira. Estas medidas van a permitir la alineación de todos los actores del sistema de salud, con el fin de garantizar “la atención en salud con cobertura territorializada, universal, sistemática, permanente y resolutiva”, con la eliminación de “barreras de acceso sociales, geográficas, económicas, culturales, asistenciales y administrativas”, expone el Decreto 1085 de 2023, en su página 23.

Sobre los aspectos a atender en materia de educación, el texto firmado por Petro y su gabinete ministerial, resalta que se tomarán medidas para ampliar el Programa de Alimentación Escolar en este territorio, para contribuir al bienestar y la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes.

Además, el gobierno analizará las políticas y programas relacionados con la infraestructura, recursos e inversión, alimentación, agua potable, herramientas tecnológicas, transporte escolar, calidad y cantidad de educadores con enfoque diferencial. 

Con el decreto también se prevé adoptar medidas de carácter legal para “crear, implementar, controlar y verificar transferencias no condicionadas, distintas a las vigentes en prosperidad social, para atender a las familias con niños y niñas en primera infancia, que se encuentren en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo”. 

Para cumplir con esta iniciativa, el gobierno propuso que “la entidad cuente temporalmente con el fundamento jurídico y la base presupuestal que permita la entrega del recurso a estas familias, para facilitar el acceso a una canasta básica de alimentos” para mitigar la violación de los derechos fundamentales de los infantes.