Embajada USA No alarmo pero alerto

Ignacio Ramírez Romero 

Venezuela debe ordenar la inmediata investigación y salida de 150 venezolanos que aparentemente ingresan súbita y solapadamente a operar dentro de la Embajada de los Estados Unidos, y su proceder supone una especie de avanzada táctica militar, cual caballo de Troya, aumentando el inminente peligro que significa la presencia de una peligrosa flota naval de la Armada norteamericana que surca amenazante nuestras costas próximas al mar Caribe. 

En momentos en que nuestro presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar de nuestra FANB extrema medidas tácticas y estratégicas para elevar al máximo los aprestos militares y los distintos contingentes armados, incluyendo no solamente a los milicianos sino al crecido alistamiento voluntario convocado para preparar y ejecutar la nueva Doctrina Militar de la guerra del pueblo de acción prolongada, concebida y diseñada para atender cualquier contingencia como la que está ocurriendo en los últimos acontecimientos protagonizados por un despliegue de fuerza desproporcionada del ejército norteamericano con fines de invadirnos y tomar el control de nuestro territorio y apoderarse de nuestras riquezas estratégicas, como las más grandes reservas comprobadas de petróleo en el planeta, preocupa sobremanera que ese personal de venezolanos están trabajando libremente para los intereses del norte, cuyas pretensiones son adversas a nuestro país.

Para enfrentar la grave amenaza que pesa sobre nuestro Estado y garantizar nuestra independencia, seguridad y soberanía nacional del territorio, sus habitantes y la estabilidad del propio Estado/Nación, concretada y ejecutada con la agresión violenta y despiadada que la marina norteamericana desplegó en contra de dos embarcaciones marítimas venezolanas y sus tripulantes que navegaban dentro de nuestro espacio territorial marítimo e insular, sabemos que nuestro gobierno está tomando medidas muy importantes para impedir todo tipo acciones que puedan desencadenar en atentados contra altos funcionarios de nuestro gobierno y que puedan causar daños severos a servicios públicos indispensables y estratégicos para asegurar la paz y tranquilidad ciudadana, evitando actos de terrorismo que generen caos interno, miedo y terror en nuestra población. 

No obstante esas medidas tomadas por las autoridades y las alertas para asegurar el orden público y la seguridad integral de la nación, no se explica por qué razón se incrementó sin razón ni causa que lo justificara, el número de personal que se desempeñaba en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, que originalmente lo integraban 10 personas, hasta llegar a 150 venezolanos.

Esas 10 personas se supone que laboran en mantenimiento y seguridad de la sede diplomática, que posee 10.9 hectáreas (27 acres) situada en Colinas de Valle Arriba, que se suponía cerrada y sin atención de ninguna especie al público.

Lo grave de este hecho inusual, es que a partir de 2019, cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, y nuestra Cancillería le dio un perentorio y corto plazo a esa delegación para que todo el personal diplomático y administrativo abandonara ipso facto la sede de dicha Embajada, y por supuesto, se retirara de nuestro país.

Nos estamos enterando a través de noticias difundidas por medios informativos que filtraron agencias noticiosas como Los Angeles Times y Associated Press, el pasado 12 de septiembre del presente año.

La pregunta lógica que deberíamos hacernos y por supuesto, debería llamar la especial atención de nuestro Ministro de Interior y Justicia, el Ministro de la Defensa y los Cuerpos de Seguridad y Contra Inteligencia del Estado, es qué papel o función vino a desempeñar ese importante flujo de funcionarios en una embajada cuya sede se suponía cerrada y sin actividad.

Extraña mucho también que a la par, la representación diplomática que Estados Unidos montó paralelamente en la sede de su Embajada en Colombia, para atender los asuntos internos de Venezuela y que está bajo la responsabilidad del diplomático Francisco Palmieri, haya aumentado en número de 21 nuevos funcionarios para ocuparse del delicado caso que afecta a nuestro país.

El revuelo noticioso de estos hechos cobra capital importancia, por las revelaciones de un informe de 28 páginas basado en una inspección realizada este año, por la Unidad de Asuntos de Venezuela que opera desde una estrecha sala situacional utilizada para entrenamiento del personal y que se conoce como «el submarino»; donde se determinó que el personal que ingresó súbita y solapadamente a la embajada de Venezuela, estaría operando con 150 personas supuestamente desde la sede de esa Embajada estadounidense, fue felicitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por la labor que nuestros connacionales pagados con dinero americano han logrado, al crear una red de medios donde se envían «contenidos» a más de 140.000 personas, lo que permite suponer que podría ese pequeño ejército de apátridas, estar creando informaciones para subvertir el orden público y la seguridad nacional, promoviendo sabotajes, violencia y acciones subversivas con miras a generar caos interno, guarimbas y manifestaciones antigubernamentales con fines de desestabilización política y crisis institucional. 

En el informe citado, se determinó que para mantener ese personal de 150 venezolanos y cumplir con la misión impuesta, el gobierno estadounidense gasta 6,7 millones de dólares anuales pese a que se supone que dicha embajada está cerrada. 

Pese a que algunos funcionarios han cuestionado el costo/beneficio que implica mantener ese número de 150 venezolanos, Geoff Ramsey, analista de alto nivel sobre Venezuela en el Atlantic Council de Washington, afirmó que: «No es mala idea tener operaciones mínimas básicas en esa embajada». 

Esperamos que se tomen las precauciones de rigor y se le haga el debido seguimiento a este asunto, que sin dudas puede generar un alto grado de riesgo para nuestra seguridad y soberanía nacional. 

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