VEA/ Yonaski Moreno

Los impedimentos para la atención sanitarias tras la reiterada aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene, expone el informe presentado por la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.

Asimismo, expone que los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y la Organización Panamericana de la Salud han fracasado y no se han liberado fondos para la compra de vacunas contra el Covid -19 a través del programa de distribución de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, COVAX.

A lo antes expuesto se suma el deterioro de las infraestructuras por múltiples factores como falta de mantenimiento, falta de piezas de repuesto y la imposibilidad de adquirir nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos.

Además, la relatora refiere “la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria”.

De acuerdo al documento, al menos hasta el 2016 Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado.

Douhan cita como ejemplo la disminución de cirugías anuales realizadas en el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas que pasó de un promedio de mil intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 cirugías en 2020, debido a que solo alrededor del 20 % de los equipos médicos están en funcionamiento.

“El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado”, precisa.

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