Informe estadounidense sobre DD.HH detalla incapacidad de Iván Duque

VEA/ Carlos Batatin

La administración del presidente estadounidense Joe Biden, el pasado 30 de marzo, publicó su primer informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el cual se centra en las responsabilidades directas que tuvieron agentes del Estado en violaciones a DD.HH el año pasado, dejando mal parado a Iván Duque, en esa materia y respaldando  al    Tribunal de Justicia Especial,  jurisdicción especial para la paz.

En el  documento, de 43 páginas, se detalla el abuso físico por parte de los guardias, la violencia entre prisioneros y la incapacidad de las autoridades de mantener el control fueron problemas comunes en las cárceles. Con corte a julio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tenía abiertas investigaciones disciplinarias contra 135 guardias por abuso y tratamiento inhumano. Igualmente, se reportaron 392 muertes en prisiones y otros centros de detención, de las cuales 37 se atribuyeron a peleas internas.

El rotativo neogranadino El Espectador en su página https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/informe-del-departamento-de-estado-de-eeuu-raja-a-gobierno-duque-en-ddhh/, sostiene que solo entre enero y agosto de 2020, citando cifras del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, se registraron 15 casos de muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales. También se incluye los reportes sobre el accionar de grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo (Agc) o las disidencias de las FARC.

Igualmente, revela el citado  informe las investigaciones sobre homicidios de civiles cometidos por la Fuerza Pública, “Entre enero y agosto, la Fiscalía registró 25 nuevos casos de presuntos homicidios agravados cometidos por agentes estatales, entre 2008 y 2020. En ese mismo periodo,  seis miembros de las fuerzas del Estado fueron acusados formalmente de homicidio u homicidio agravado, todos por hechos cometidos en años previos, mientras que las indagaciones avanzan lentamente.

La administración estadounidense reconoce los esfuerzos por hallar a los responsables en los casos de ‘Falsos positivos’. Sin embargo, “con corte a junio de 2020, la Fiscalía reportaba que 1.740 miembros de la Fuerza Pública habían sido condenados en 270 casos relacionados con falsos positivos desde 2008. También reportaba que había investigaciones abiertas por esa práctica contra 14 generales activos y retirados y que en total había 2.286 investigaciones abiertas por falsos positivos en el país, con corte a julio del año pasado”.

De acuerdo  con el Departamento de Estado, “la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el componente de justicia previsto en el acuerdo de paz de 2016 continuó tomando medidas efectivas para sancionar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos de una manera compatible con el derecho internacional. Esto incluyó actividades para adelantar el Caso 03, centrado en ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército”.

El Tribunal de Paz reveló que durante 2002 y 2008 fueron víctimas de este fenómeno 6.402 personas. Antioquia, la Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos que estudia el alto tribunal en la primera fase de la investigación. El 78% de las víctimas se reportaron en el gobierno Álvaro Uribe Vélez

En cuanto al desplazamiento forzado, el informe hace referencia a que se registraron 37.760 víctimas en 84 eventos en 2019, mientras que a agosto de 2020 la cifra se ubicaba en 15.400 desplazados en los departamentos Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

Asimismo, aparece referida en el informe  la posible complicidad entre efectivos de la Fuerza Pública y actores armados ilegales.. Entre enero y septiembre, según la Fiscalía, nueve miembros de la Fuerza Pública fueron formalmente acusados de tener lazos con grupos criminales.

La Fiscalía reportaba, con corte a julio de 2020,  471 investigaciones activas por amenazas a defensores de derechos humanos y hubo tres condenas durante el año en casos de amenazas.