La segunda comparecencia del presidente constitucional Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores ante la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan comenzó con cuarenta minutos de retraso y cerró sin fecha para la próxima sesión. El corresponsal de teleSUR Henry Camelo cubrió la jornada desde el exterior; la periodista de Prensa Latina, Deysi Francis Mexidor, siguió lo que ocurría adentro desde una de las salas habilitadas ante la desbordante presencia de medios, porque la sala principal no alcanzó.
«Mucha prensa asistió a esta comparecencia», reportó Francis Mexidor. Los periodistas hicieron largas filas desde temprano y debieron distribuirse en espacios secundarios con transmisión simultánea. A las 11H40, según el reloj de la sala, el presidente Nicolás Maduro y Flores tomaron asiento junto a sus equipos legales.
Lo que se debatió el 26 de marzo no llegó por sorpresa a la opinión pública. Apenas seis días antes, el abogado defensor Barry J. Pollack había presentado ante el tribunal, bajo el expediente S4 11-CR-205, un memorial de derecho con una moción urgente para desestimar todos los cargos. Pollack, socio del bufete neoyorquino Harris St. Laurent & Weschler, conoce bien los casos de alto perfil político. Durante más de una década condujo la estrategia legal en Estados Unidos de Julian Assange y en 2024 negoció el acuerdo que llevó al fundador de WikiLeaks a la libertad.
El argumento central de su moción era preciso: Washington viola la Sexta Enmienda constitucional y el derecho al debido proceso, garantizados a todo acusado en suelo estadounidense, al impedir que Venezuela financie la defensa de su jefe de Estado. La Sexta Enmienda garantiza a todo acusado el derecho a contar con representación legal efectiva; si el Estado bloquea el acceso a esa representación, el juicio pierde su base constitucional.
«Todas las preguntas comenzaron a girar alrededor de esto«, relató Francis Mexidor. Tanto la defensa como la Fiscalía concentraron sus intervenciones en ese punto mientras los representantes legales de ambos acusados tomaban notas sin pausa. El debate no giró sobre los cargos sino sobre si el bloqueo financiero de Washington hace inviable un juicio con garantías mínimas.
La respuesta del juez
Tras escuchar a las dos partes, el juez descartó desestimar el proceso por ese motivo. La decisión, sin embargo, no fue un cierre. Señaló que podría revisar su posición si determinara que el Gobierno estadounidense actuó de mala fe al retener esos recursos. La diferencia entre una restricción legal y una conducta dolosa es ahora el eje sobre el que pivota el caso.
El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores acumulan más de 80 días secuestrados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin una nueva fecha fijada, la causa queda suspendida en un compás de espera cuya duración nadie precisó. Lo que sí quedó claro, según el relato de Francis Mexidor, es que el proceso continuará, con todas las tensiones que eso implica sobre la viabilidad de la defensa.
Mientras el debate jurídico transcurría en el interior, Camelo registraba desde la acera una escena distinta. Decenas de personas se apostaron frente al tribunal desde temprano con pancartas y tambores, y se mantuvieron durante horas en las calles del Distrito Sur de Manhattan. La movilización expresaba un respaldo que el proceso judicial, por su propia naturaleza, no tiene forma de registrar.
Trump habló antes de que el juez escuche
Momentos antes de que comenzara la audiencia, el presidente estadounidense Donald Trump calificó públicamente al presidente Nicolás Maduro de «hombre peligroso» y lo responsabilizó del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sin aportar prueba alguna. El momento no fue casual. El mandatario del país que retiene los fondos destinados a la defensa emitió ese juicio antes de que el juez abriera la sesión, una secuencia que la defensa venezolana difícilmente dejará sin señalar en las próximas presentaciones.
Es el mismo patrón que se repite desde el inicio: Washington bloquea los fondos, impide la defensa, y el presidente habla como si el veredicto ya estuviera escrito. La defensa lleva meses argumentando que el proceso carece de legitimidad desde su origen, que arrancó con la captura forzada del presidente Nicolás Maduro y Flores en territorio venezolano el 3 de enero de 2026, durante una operación que dejó más de 100 víctimas según cifras oficiales de Caracas. Las declaraciones de Trump esta mañana no contradijeron ese argumento. Lo ilustraron.
El presidente constitucional Nicolás Maduro, y la primera combatiente y diputada, Cilia Flores, fueron encarcelados en Estado Unidos desde el 3 de enero, cuando fueron secuestrados por fuerzas especiales que obedecían órdenes del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La acción, violatoria del Derecho Internacional, significó el asesinato de más de 100 personas, siendo militares la mayor parte de ellos, de los cuales 32 eran de origen cubano.
La primera ocasión en que la pareja presidencial acudió a una audiencia en el Tribunal Federal del Palacio de Justicia, Daniel Patrick Moynihan, cuya rectoría está a cargo del juez Alvin Hellerstein, fue el 5 de enero, momento en la que el mandatario Obrero se declaró prisionero de guerra y ratificó ser el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. «Soy inocente. Soy prisionero de guerra. Soy un hombre decente. Me acojo al Tratado de Ginebra. Sigo siendo Presidente de mi país», señaló textualmente.
El 19 de marzo, Pollack presentó ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, desestimar todos los cargos contra el presidente Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. El argumento central es que Washington viola de forma activa la Sexta Enmienda constitucional y el derecho al debido proceso, garantizados a todo acusado en suelo estadounidense, al impedir que Venezuela financie la defensa de su jefe de Estado.
Desde tempranas horas de este jueves 26 de marzo, mujeres y hombres se concentran en la plaza Bolívar de Caracas, para -en una sola voz- exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro, y de la primera combatiente y diputada, Cilia Flores.


