MP a relatores de la ONU: No tienen base para cuestionar aplicación de leyes en Venezuela
El pronunciamiento obedece a posiciones de Clément Nyaletsossi Voule y Fionnuala Ní Aoláin en condena a 6 hombres señalados de planficar actos contra la paz de la nación.
VEA / Ildegar Gil
Su total desacuerdo con dos (2) relatores de la Organización de las Naciones Unida mostró este viernes 11 de agosto el Ministerio Público en comunicado publicado por el jefe de ese despacho, Tarek William Saab, en su cuenta @TarekWiliamSaab. La posición del organismo es en respuesta a Clément Nyaletsossi Voule y Fionnuala Ní Aoláin quienes catalogaron de «abuso crónico» la aplicación de las leyes antiterroristas en Venezuela hacia seis (6) hombres condenados a 16 años de prisión por el Juzgado 2do de Primera Instancia en Función de Juicio con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada a nivel nacional.
El pronunciamiento de ambos funcionarios fue relacionado por la oficina de prensa de la ONU, en trabajo titulado «Venezuela: Expertos de la ONU condenan el uso de leyes antiterroristas para condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales».
La postura del organismo venezolano se asienta en que ambos funcionarios esgrimen sus argumentos «sin tener ninguna base para ello», reiterando que el sexteto sentenciado el 1 de agosto «…pertenecía a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular…» que -indica seguidamente- «…había realizado planificar varias acciones, entre ellas, asaltar un conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto».
Añade el texto oficial que una vez con las armas, bajo su control, los hombres intentarían actos de sabotaje a las actividades del 5 de julio de 2022 donde el presidente Nicolás Maduro estaría al frente de las mismas acompañado del Alto Mando militar.
La aprehensión de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Orlando Meléndez, ocurrió entre los días 4 y 9 de julio de 2022 en un procedimiento que dejó evidencias de interés criminalístico, refiere el parte. Gracias a dichas evidencias, subraya la información, el Ministerio Público los acusó entre los días 20 y 23 de agosto de ese año.
El juicio se extendió seis (6) meses y a lo largo del mismo, puntualiza el boletín, ninguno de los señalados logró demostrar pertenecer a organización sindical alguna.
Aclara, no obstante, que su supuesta condición de luchadores sociales o sindicalistas «…no implica algún tipo de inmunidad que le exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atenten contra la paz y la seguridad de la nación».
El 3 de agosto Tarek William Saab formuló una primera aclaratoria en torno al tema. «No son líderes sindicales ni están inscritos en el Seguro Social», declaró entonces.
